ELCHE. Utilizar el patrimonio militar y memorístico de la Guerra Civil como un eje de desarrollo económico y social. Ese es uno de los puntos que está desarrollando la ciudad de Alicante con su patrimonio, y así lo expuso Pablo Rosser Limiñana, doctor en Patrimonio Arqueológico e Histórico y funcionario de la Dirección de la Gestión del Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante y responsable de la sección Memoria Histórica. Una charla el jueves en la que recorrió el trabajo realizado durante años, proyectos futuros, así como las disyuntivas —y posibles soluciones— en las que se han encontrado cuando este interés chocaba con el urbanístico.
En la segunda de las jornadas organizadas por el Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV), Rosser hizo una breve introducción sobre ese patrimonio alicantino, pero también una introducción desde la memoria, sacando su vena historiadora, mencionando el bombardeo de Alicante de 1938, que causó más de 300 víctimas —más que el de Gernika— o la huida del Stanbrook, que pudo acoger a 2000 personas pero que dejó a más de 5000 en el puerto, desde donde muchas fueron a parar al Campo de Concentración de Los Almendros y de ahí al de Albatera. A partir de ese breve recorrido histórico, el funcionario público habló sobre ‘la línea de la memoria’, un recorrido patrimonial que se puede hacer siguiendo refugios rehabilitados, plazas de personajes insignes de la Guerra Civil, sedes masónicas e incluso alguna necrópolis islámica.
Una de las premisas que volaron en torno a toda la intervención fue que el patrimonio “tiene que ser desarrollo”, y añadió que o se vincula o queda descontextualizado y pierde el valor. “El patrimonio no es de los arqueólogos, ni de los técnicos, es de la sociedad y ha de generar beneficio en la zona donde se ubica”. Este permite explotar líneas de desarrollo económico o turístico si se planifica, y se ha de ofrecer sensibilización y educación como líneas estratégicas: “hay que colectivizar la memoria de los jóvenes”, apuntó. Fue un tema que sobrevoló a lo largo de la ponencia por la casuística ilicitana, con trece refugios documentados, alguno de ellos en condiciones de que se abra al público, pero no se ha dado el último paso adelante —en teoría está al caer el primero, por falta de voluntad política—; otros más polémicos, como el que se encuentra bajo el Mercado Central de Elche.
En cualquier caso, como indicó Rosser, al refugio de la Plaza Séneca van miles de visitantes al año, de hecho, asegura que el turista japonés por ejemplo pide packs históricos sobre el bombardeo del Mercado Central y que incluso el pack memorístico sobre los refugios ya es una realidad en los cruceros que llegan al puerto, una nueva línea turística abierta con el sector. Con todo, Rosser advierte que no todos los refugios son ‘aperturables’, han de cumplir dos condiciones, seguridad y calidad. Y que otra línea a explotar es la social, como demostró el proyecto presentado por su departamento para la estrategia Edusi, utilizando la ‘Memoria’ para regenerar una zona deprimida entre el castillo de Santa Bárbara y el de San Fernando, con mucha población migrante. Se han restaurado varios elementos abriendo un proceso participativo que ha ayudado a revitalizar y difundir la historia entre el barrio, ejes valorados por Europa con estos fondos.
Asimismo, también destacó las opciones que abre la iniciativa privada. Alrededor de algunos de los refugios ya visitables hay cervecerías con nombres que aluden a los mismos, e incluso en algunos de estos búnkeres se abre la opción de que se puedan abrir negocios respetando el patrimonio, por ejemplo librerías. En definitiva, echarle imaginación y que toda la sociedad se pueda aprovechar de estos elementos singulares, desde los refugios hasta La Británica, que en su opinión, primero habrá que abrir para la sociedad y después ya pensar si se puede hacer algún proyecto. Y por supuesto, los refugios también abren una puerta a la labor educativa, haciendo visitable el refugio del IES Jorge Juan para que el alumnado del mismo pueda visitarlo. Según señala el especialista en Patrimonio e Historia, la idea es que en año y medio se puedan abrir seis refugios más y poner en valor algún yacimiento prehistórico presente en la Serra Grossa.
También aprovechó para hablar de proyectos recientes como descentralizar todo esto mediante exposiciones itinerantes en barrios y centros educativos, y de la dificultad que se pueden encontrar para seguir aperturando otros refugios, como el que se encuentra bajo el convento de las Capuchinas; a su juicio el mejor. O de las obras de teatro que se realizan al aire libre en el puerto rememorando la partida del Stanbrook. Todo proyectos memorísticos que se pueden extrapolar en cierta forma a Elche, y eso sí, que también tienen sus problemáticas, las mismas que en la ciudad ilicitana: el choque de intereses entre el urbanismo y el patrimonio. En ese sentido, Rosser es muy claro, el patrimonio no puede estar en contra del urbanismo, de los comerciantes y otros sectores, se han de buscar soluciones hasta donde se pueda. Eso sí, en el caso de que no se puedan encontrar, “hay que priorizar el interés general, y el patrimonio es el interés general”. A ese respecto, aportó que para eso están las normativas —puntualizando que la valenciana aprobada en 2017 podría afinarse más para que no fuera tan interpretativa—, pero que sobre todo, “hay que creérselas”.
Por mucho que haya técnicos que realicen sus labores, después está el cargo político que es el que dispone, como apuntó algún técnico municipal presente, en relación a cómo se ha impuesto en los últimos años el urbanismo sobre el patrimonio local. Ahí también señaló Rosser que hay que tener claro que las licencias urbanísticas se han de condicionar a si hay elementos de interés, no se pueden conceder y después realizar las catas. Como ha ocurrido por ejemplo con Nuevos Riegos El Progreso. No obstante, el técnico alicantino expone que es necesario llegar a acuerdos, porque el hipotético constructor también tiene su legítimo derecho y hay que intentar buscar alguna propuesta de actuación beneficiosa para todas las partes. Por ejemplo, si no pueden hacer plantas subterráneas, corresponderle con plantas en altura, o hacer permutas de terreno. En definitiva, que haya unas garantías jurídicas previas y se resarza al afectado. Con todo, apunta que no todo es conservable ni protegible, luego hay que tener en cuenta el mantenimiento de todo lo que se pueda encontrar.
Llegados al punto de la protección, siempre existe la duda de cómo proteger ateniéndose a la ley valenciana, que declara Bien de Relevancia Local (BRL) de forma automática todo el patrimonio militar. “¿Quiere que lo sea aunque esté sin inscribir en el catálogo de bienes protegibles? Dígalo claro”, apunta Rosser, perfecto conocedor de las interpretaciones abiertas que deja la ley autonómica. Por último, lo detractores del proyecto del Mercado Central también preguntaron sobre qué hacer sobre si una parte de un refugio protegible ha colapsado —para utilizarlo como argumento de cara al refugio 3B—, a lo que este añadió que recomponer la parte perdida porque ahí se activa la protección. En Alicante han tenido casos similares por derrumbes por filtraciones, e incluso apuntó que lograron paralizar un aparcamiento subterráneo bajo la antigua lonja del pescado concienciando a los representantes públicos.
Refugio 3B y plano bajo el Mercado CentralPara acabar, el edil de Ilicitanos por Elche Fernando Durá—la única vez que un concejal ha acudido a estos dos actos del IECBV— preguntó por el coste de rehabilitación de los refugios. De momento, en Alicante en seis han gastado 450.000 euros; 40.000 para la obra inicial de uno. No obstante, si no hay voluntad política de explotar estos elementos de una forma turística, educativa o social, hay un truco para buscar alternativas: financiación externa. De ahí que con los proyectos conseguidos con los Edusi en Alicante tengan proyectos de rehabilitación y apertura de refugios hasta 2022 como confesó Rosser.
