ALICANTE. Resta mes y medio para que arranque la competición en Segunda División B (con permiso de la pandemia de Covid-19, claro) y en los despachos del Hércules no solo se trabaja en la confección de la nueva plantilla.
El club blanquiazul no ha renunciado ni mucho menos a jugar partidos como local con público y estudia toda una serie de medidas a implementar para que se le autorice un aforo reducido en cada encuentro y, en consecuencia, para poder también poner en marcha una campaña de abonos 2020/21 que además, como novedad, se comercializaría también de manera telemática (si se llega a un acuerdo con el proveedor que se negocia para el diseño de una aplicación que permita lo anterior, entre la prestación de otros servicios).
Un 75% del aforo ordinario como máximo, todos con mascarilla (no es necesaria distancia social) y autorización administrativa
Para que pueda haber aficionados en las gradas de un partido de Segunda B se requiere que el organizador (el club) lo solicite y, obviamente, se le autorice con base al cumplimiento de toda una serie de requisitos que en el caso de la Comunitat Valenciana, se establecieron de manera inicial los pasados 19 y 26 de junio por medio del llamado 'Acuerdo de 19 de junio, del Consell, de medidas de prevención frente a la Covid-19' y una primera resolución de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con 'medidas adicionales complementarias de prevención y protección en materia de actividad deportiva.
La Generalitat abrió en ese momento la puerta a la presencia de público en las gradas de los acontecimientos deportivos como los partidos de fútbol (no profesional), siempre y cuando no se superase el 75% del aforo ordinario.
Lo anterior sigue plenamente vigente pese a que, a lo largo de los meses de julio y agosto y de manera paralela a la evolución negativa de la pandemia, se han ido modulando los requisitos establecidos en junio: así, por resolución de Sanitat del 24 de julio se suprimió la obligación de mantener la distancia social (que se había establecido en junio) y se pasó a exigir solo el uso de mascarilla por el público, mientras que por medio de una resolución fechada el pasado 17 de agosto se ha pasado a requerir autorización administrativa previa cuando la afluencia de aficionados prevista sea superior a las 400 personas.
Con la modificación de finales de julio, al suprimirse la obligación de la distancia mínima de seguridad entre los asistentes, se consiguió que el límite del 75% se pudiera hacer efectivo pues hasta ese momento, en la práctica, era imposible toda vez que al exigirse también distanciamiento social (1,5 metros) solo se podían usar una de cada cuatro localidades y eso llevaba a un máximo de ocupación de las gradas permitido del 25%.
Ahora bien, al requerirse autorización administrativa previa desde finales de agosto (si bien se puede llegar al 75% del aforo ordinario, no se exige distancia social y sí uso de mascarilla) han de implementar otras medidas de prevención y control, además de que la situación epidemiológica del momento ha de ser favorable.
Entre esas medidas adicionales se encuentra, por ejemplo, el uso de cámara termográficas (fijas o portátiles) que permiten la medición de la temperatura de las personas sin contacto, a través del análisis de la imagen térmica que captan. El empleo de ese tipo de sistemas en las puertas del estadio José Rico Pérez es una de las que estudia implementar el club en el marco de un protocolo de seguridad e higiene para cada partido que ayudaría a obtener de la Generalitat el visto bueno a la presencia de público.
Con la norma en la mano, podrían acceder al Rico Pérez hasta 20.000 personas (ese es el 75% del aforo ordinario) si bien nunca se va a necesitar autorización para semejante aforo pues en su caso estamos hablando de una afluencia reglar de entre 6.000 y 8.000 espectadores que además vendría determinada con carácter previo (y en un 90%) por la venta de abonos.
De no recibirse autorización para un partido (porque la situación epidemiológica de ese momento que aconseje otras medidas adicionales que no se observen o, directamente, jugar a puerta cerrada), el club bien podría compensar a sus abonados aplicando el mismo criterio que anunció en julio respecto a los partidos no disputados en la 2019/20. De ahí a que, paralelamente, se contemple también la venta de abonos (la campaña está por definir).
La venta de entradas y especialmente abonos son la principal fuente de ingresos del Hércules en Segunda B (si descontamos el auxilio financiero a fondo perdido (a canjear por acciones de 0,01 euros de valor nominal) de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez). La posibilidad de mantener abierta esa vía para la obtención de recursos económicos es importante si tenemos presente que el 'protocolo Covid-free' consensuado entre las Comunidades Autónomas y el Consejo Superior de Deportes que habrá de seguirse también durante el curso, en lo que a la competición (partidos y entrenamientos) y participantes en la misma (jugadores, 'staff' técnico) y del que por ahora solo se conoce un borrador, comporta incurrir en toda una serie de gastos adicionales (cada PCR tiene un coste medio de 120 euros y los jugadores se han de someter a ellas de manera regular).
El caso de la Supercopa, consecuencia del caos normativo
El pasado sábado 29 de julio el Palau l'Illa de Benidorm acogió la final de la Supercopa de España de Balonmano que disputó el conjunto local que entrena Fernando Latorre con el Barça. Pese a que la instalación cuenta con 2.200 localidades solo se ocuparon 400 porque la Generalitat denegó autorización un día antes para que el número fuera de 630 (si el máximo son 400 espectadores no es necesaria esa autorización).
Ahora bien, sí se guardó una distancia mínima de seguridad entre el público (se habilitó una butaca de cada cuatro) pese a que ya no se exige porque, incomprensiblemente (se ha comido la modificación de julio), el Ayuntamiento de Benidorm lo mantiene en su protocolo municipal y la instalación es de su titularidad.
Además de lo anterior, en los accesos al Palau, el Balonmano Benidorm optó por medir la temperatura con termómetros de infrarrojos, además de obligar a los asistentes a cumplimentar una declaración responsable. Esta última, por ejemplo, podría ser otra medida a implementar por el Hércules.
