El Fondo de Cooperación será obligatorio para la Diputación de Alicante (y el PP lo llevará al Constitucional)

ALICANTE. Al final, el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat será ley y obligará a las tres diputaciones de la Comunitat a participar con él. Así, lo incluye el anteproyecto de ley aprobado este viernes por el Gobierno valenciana, que ahora será remitido a las Cortes Valencianas para su debate y discusión parlamentaria. De esta manera, la Diputación de Alicante no tendrá más remedio que sumarse a él, algo que no ha hecho desde que entrara en funcionamiento en 2017. Se trata de un fondo que 80 millones que reparte liquidez a todos los consistorios en función de su población. Hasta el momento, sólo las diputaciones de Valencia y Castellón habían participado y había destinado su parte a los municipios. Alicante siempre se mostró reacia, con argumentos, y baraja impugnar el texto legislativo final si mantiene la obligatoriedad.

La decisión del Gobierno valenciano ha coincidido con el pleno de la Diputación de Alicante, en el que se ha aprobado, por unanimidad, el plan Más Cerca, dotado de unos 30 millones y que reparte sus fondos con criterios parecidos a los del Fondo de Cooperación. Solo hay una diferencia: la iniciativa de la institución provincial beneficia a los municipios más pequeños y con más dispersión poblacional.

La Generalitat ha defendido este viernes que el objetivo de esta ley es "profundizar en la garantía de un sistema estable de financiación local, con el objetivo de asegurar una gestión pública de calidad en el ejercicio de las competencias municipales". A través de él,  los municipios y las entidades locales menores podrán destinar los recursos que reciban al desarrollo general de sus competencias, sin vinculación a un objetivo o finalidad concreto.

El Botànic justifica la elaboración de este texto con el argumento de que la participación de las distintas diputaciones provinciales "no ha sido completa, lo que ha provocado disfuncionalidades del sistema, dado que los municipios han recibido financiación básica diferente en función de la provincia a la que pertenecen". Por todo ello, la Generalitat considera "necesario" un nuevo sistema de cooperación y coordinación en el ámbito de la financiación básica municipal, mediante el que se garantice, con una norma con rango de ley, "estabilidad del sistema de financiación local, equidad territorial para los municipios y entidades locales menores que prestan servicios públicos esenciales desde la proximidad, así como sostenibilidad financiera para estos municipios".

Comisión de seguimiento

Para evitar la inconstitucionalidad de algunos artículos, como sucediera con la Ley de Servicios Sociales, la ley también crea la comisión de colaboración y coordinación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana como órgano de participación encargado de la implementación, el seguimiento y control de su ejecución. Esa comisión debe estudiar y proponer cada año las cuantías a consignar presupuestariamente por cada una de las administraciones. 

El Consell, como órgano de coordinación, deberá aprobar durante el primer semestre de cada ejercicio el Plan Sectorial de financiación básica del Fondo de Cooperación Municipal para el siguiente ejercicio.

Este plan, en el que participarán las diputaciones con la finalidad de armonizar los intereses públicos afectados a través de la comisión de colaboración y coordinación del Fondo de Cooperación Municipal, contendrá un análisis de la situación de financiación de los municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, la fijación de las prioridades estratégicas, la determinación de las cuantías globales a aportar por la Generalitat y cada diputación provincial y el resto de directrices de coordinación necesarias que se puedan prever reglamentariamente.

Para confeccionar esta ley, la Dirección General de Administraciones Públicas se ha basado en la resolución que el Tribunal Constitucional dio al recurso contra la Ley de Servicios Sociales, que cuestionaba que a las diputaciones se les obligara a poner recursos en materia social. El Constitucional avaló que la Generalitat limitara la autonomía financiera de las diputaciones en tres supuestos:  a) debe tratarse de una materia en la que esté presente un fuerte interés supralocal, como ocurre con los servicios sociales en la medida que son competencia exclusiva autonómica; b) es necesario que la comunidad autónoma articule mecanismos que permitan que las diputaciones provinciales participen en el diseño de las medidas autonómicas de coordinación; y, c) esta previsión de coordinación autonómica solo será constitucional si la comunidad autónoma respeta el principio constitucional de suficiencia financiera de las entidades locales, por lo que no sería constitucionalmente admisible que se desentendiera completamente de los costes de los nuevos servicios a prestar por las diputaciones provinciales a los pequeños municipios.

De ahí que la ley del Fondo de Cooperación contemple esa comisión previa que debe fijar los objetivos y recursos que cada año deben aportar las administraciones participantes. Desde Administraciones Públicas consideran que este precepto refuerza el carácter constitucional de la ley. Falta por ver si a la Diputación de Alicante le convence. 

La Diputación aprueba sus planes por unanimidad

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana con el apoyo de todos los grupos políticos el Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia de Alicante (Planifica), así como las bases y convocatorias del Plan +Cerca y del paquete de ayudas para los municipios afectados por la Dana.

La unanimidad alcanzada en la aprobación de estos programas permitirá que más de 108 millones de euros se distribuyan entre todos los municipios de la provincia, beneficiando en el reparto a los pueblos más pequeños “en cumpliendo del espíritu de la Diputación Provincial”, tal y como ha destacado el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, quien ha agradecido “el talante, la voluntad de diálogo y la búsqueda de consenso” demostrada por los distintos grupos de la corporación.

Por su parte, los portavoces de la oposición han valorado positivamente el “modelo de reparto” de estos programas inversores impulsado por el equipo de Gobierno “ya que potencian la autonomía municipal y la eficiencia”, tal y como ha destacado Gerard Fullana, de Compromís, y “ayudarán a evitar el retardo en la ejecución de las obras y a que los municipios puedan planificar mejor sus inversiones”, en opinión de Toni Francés, del grupo socialista.

Francés sí que ha aprovechado la sesión para calificar de “oportunidad de oro” la vía de negociación abierta por el Consell con PP y Ciudadanos en Les Corts Valencianes, con el fin de que la Diputación de Alicante se sume, por fin, al Fondo de Cooperación Municipal.

Hoy aprueba el Consell el proyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal para trasladarlo a Les Corts Valencianes y debatirlo con los grupos parlamentarios para su posterior aprobación, cuestión esta que, desde el grupo socialista, consideran que “abre una espita de esperanza para que por fin, después de 4 años, y más de 55 millones perdidos, la Diputación pueda enmendar el daño provocado a los municipios alicantinos”, ha subrayado Francés.

“Nosotros tenemos claro que es lo que haríamos: sumar para mejorar. Ahora es el momento de que Mazón y Ciudadanos decidan si quieren sumar y cooperar de verdad para ayudar a los municipios, o quieren perpetuar la política de enfrentamiento y bloqueo de ayudas”, ha señalado Francés. “PP y Ciudadanos en la Diputación deben salir del bucle en el que se han quedado dando vueltas desde 2017. La oportunidad la tienen, cuentan con la mano tendida del Consell y, también, la de los diputados y alcaldes socialistas de la provincia. Si se suman ganaremos todos”, defiende el portavoz socialista. 

Populares y naranjas se han mostrado contrarios al instrumento del Fondo de Cooperación por tres razones, que consideran que se deben solventar con anterioridad: "que no sea obligatorio para no comprometer la independencia financiera local; que el criterio de reparto prime a los municipios más pequeños y no a los grandes, como sucede ahora; y que se avance en la asunción por parte del Consell de competencias impropias de la Diputación".