Foto: EFEVALÈNCIA. Nuevos aires de colaboración entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana: el encuentro mantenido entre César Sánchez y Ximo Puig abre una nueva etapa de colaboración, alejada de otras etapas, con litigios judiciales con el plurilingüismo y los decretos de coordinación. Esa nueva etapa se plasmará en una mesa técnica, en la que estarán un representante del Gobierno valenciano y el vicepresidente y diputado de Economía, Carlos Castillo, que incluirá los proyectos estratégicos para la provincia, incluidas las áreas logísticas, en las que tanto interés tiene la Diputación, y para las cuales tiene inversores tras la última expedición a China.
Donde parece que hay más sintonía es en los temas de lucha contra la sequía y en los proyectos de transformación de nuevas tecnologías, como el Distrito Digital y a la implementación de medidas de mayor digitalización a las zonas rurales despobladas. Así, ambos dirigentes se han comprometido a buscar "puntos de encuentro" en la posible integración de la Diputación en el nuevo Distrito Digital creado por el Consell en la Ciudad de la Luz, algo que "sería bueno" para Puig y, según Sánchez, beneficioso para las zonas rurales. Ha ahondado al respecto en que el 80% de los municipios de la provincia tienen menos de 10.000 habitantes, por lo que el proyecto serviría para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas.
Las discrepancias han venido por la cuestión lingüística en la Educación y en el Fondo de Cooperación Local. Así en materia de plurilingüismo, el jefe del Consell ha recogido la propuesta del 'popular' de que la ley tenga "la mayor confluencia posible" y siga "el gran objetivo de que los niños de la Comunitat sepan bien valenciano, castellano e inglés", dos lenguas que "forman parte de nuestra cultura" y una tercera "fundamental para la igualdad de oportunidades". Bajo este prisma, ha reiterado la voluntad de diálogo de la Generalitat. Sánchez, por su parte, ha pedido a Puig que reconsidere la obligatoriedad del valenciano en las zonas castellanohablantes, como en la Vega Baja. Y no que lo haga a traves de un decreto. "Debemos darnos las oportunidades que haga falta para que la futura ley esté lo más consensuada posible y cuente con el respaldo del partido más votado en 2015", ha dicho el titular de la Diputación de Alicante.
Sánchez, por su parte, le ha pedido que agote "todos los esfuerzos" por llegar al "máximo grado de consenso con el PP" en la tramitación parlamentaria de la nueva norma. Según él, Puig "se ha comprometido a que lo va a intentar", dado que "forma parte de su posicionamiento: intentar conseguir un acuerdo con cuantos más partidos mejor".
Puig ha reclamado al presidente de la diputación mayor implicación presupuestaria en el Fondo de Cooperación Municipal del Consell, pues hasta ahora, la institución provincial de Alicante no participa, a diferencia de la de Valencia y Castellón, que sí lo hacen. En este punto, César Sánchez ha avanzado que la corporación -tras sumarse en 2018 vía inversiones financieramente sostenibles- tratará de incluir la dotación en el presupuesto ordinario para 2019. Ha remarcado, no obstante, que la Diputación cumple con la norma del órgano, que "permite que puedan tener sus criterios y reglas propias de reparto".
Otras de las cuestiones que ha centrado la reunión son las áreas logísticas (ZAL), cuyo desarrollo también será abordado en la mesa técnica Diputación-Generalitat. Y como viene informando Alicante Plaza, hay tres zonas de posible desarrollo: la de la Vega Baja, que ya cuenta con algunos informes sobre su coste e impacto económico y, por lo tanto, está más avanzada, y las de Alicante y Elche, que podrían convertirse en zonas con incentivos fiscales. Y para ellas, la institución provincial cuenta con inversores chinos interesados en su desarrollo, después de las gestiones realizadas hace una semana con la delegación que lideró el diputado Carlos Castillo. El proyecto se ha ofrecido al gigante China Merchants Port Holdings, con base en Hong Kong. El otro proyecto que interesa a las corporaciones chinas es el tren de la costa.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
