VALÈNCIA. Les Corts Valencianes volverán a pronunciarse esta semana acerca de la propuesta de reforma del estatuto de expresidentes autonómicos planteada por Compromís. Esta norma, acordada por PP y PSPV días antes de la salida de Eduardo Zaplana como jefe del Consell en 2022, viene a determinar una serie de recursos con los que cuentan los presidentes valencianos una vez dejan de ostentar el citado cargo, entre ellos una oficina de representación, derecho a varios puestos de asesores y la posibilidad de formar parte del Consell Jurídic Consultiu durante un periodo que puede alcanzar los 15 años. 

La coalición valencianista calcula que estos órganos han supuesto un coste superior a los siete millones de euros desde su creación. Se trata de una estimación realizada a partir de una respuesta parlamentaria que Compromís obtuvo en 2018 y que la propia formación ha actualizado teniendo en cuenta el aumento de los salarios y la creación de dos nuevas oficinas, las de los expresidentes Ximo Puig y Carlos Mazón. Con ello, sitúan en 847.148 euros el desembolso "récord" que realizará la Generalitat Valenciana a lo largo de este ejercicio para el sostenimiento de las cuatro oficinas actualmente activas.

Desde Compromís aseguran que han solicitado al Consell datos actualizados sobre el coste real de estas oficinas, pero no han recibido respuesta. En este sentido, explican que el periodo de respuesta a la petición de documentación se ha superado sin que el Gobierno valenciano haya solicitado una prórroga al respecto. Es por este motivo que los datos presentados se basan en un cálculo realizado por la propia coalición partiendo de las cifras exactas obtenidas en 2018. 

Por tanto, aunque se trata de una estimación aproximada - que no incluye algunas cuestiones como los costes de las dietas - estos datos permiten observar cómo la evolución del coste de las oficinas de expresidentes ha ido in crescendo con el paso del tiempo. En este sentido, durante el ejercicio 2003 el Consell destinó 20.821 euros a este cometido en concepto de asesores del expresidente José Luis Olivas. Durante los ocho años posteriores, entre 2004 y 2011, no hubo ningún gasto relacionado con este estatuto. 

La dimisión de Francisco Camps como presidente autonómico provocó la reactivación de este mecanismo en 2012. Con el paso de los años se han sumado otros tres líderes valencianos: Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón. Compromís estima que el coste actual de una oficina de expresidentes al completo se sitúa en 231.000 euros anuales. Es por ello que calcula que este ejercicio se alcanzará una cifra "récord", que rozará los 850.000 euros, al tener en cuenta el aumento del desembolso tras la creación del despacho de Carlos Mazón. 

Si se analiza el gasto por expresidente, Francisco Camps (PP) es quien acumula más años con una oficina activa, con un coste acumulado de en torno a 3,7 millones de euros. El también exlíder popular Alberto Fabra cuenta con un despacho desde hace 11 años, que ha generado un coste de alrededor de 2,3 millones de euros. Por su parte, se estima que el desembolso realizado con la oficina de Ximo Puig (PSPV) se sitúa en algo más de 800.000 euros en el periodo 2023-2026. El departamento creado por Carlos Mazón, por su parte, generará un gasto de alrededor 300.000 euros desde su creación hasta finales de 2026.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, apuntaba este lunes que los siete millones gastados por la Generalitat Valenciana en este cometido es "lo que vendría a costar un centro educativo". En esta línea, defendió la propuesta de la coalición de que los expresidentes tengan esa "consideración" y una "ayuda" del Ejecutivo autonómico para poder hacer tareas concretas, pero rechazó la existencia de beneficios "permanentes" como son los asesores, el chófer y la oficina.

Camps, Fabra, Puig y Mazón: así son las oficinas de los expresidentes

Respecto al organigrama de las diferentes oficinas de expresidentes, cabe recordar que cada exjefe del Consell tiene derecho a 'fichar' a tres personas: dos en condición de asesores y una como conductor. Francisco Camps cuenta con una oficina en el centro de València y dispone de dos asesores. En el caso de Alberto Fabra, su departamento se sitúa en el centro de Castellón de la Plana y tiene cubiertos los tres puestos a los que tiene derecho. Ximo Puig, por su parte, cuenta con una oficina en la plaza del Ayuntamiento de València y dispone de dos asesores y un chofer. En el caso de Carlos Mazón, tal y como contó este periódico, su despacho se encuentra en la Explanada de Alicante y ha nombrado un total de dos personas: un asesor y un conductor.

Una norma en el foco del debate

Cabe mencionar que este texto ha estado en el foco del debate en varios puntos de las últimas legislaturas, y, sobre todo, después de que la Dana del 29 de octubre de 2024 pusiera en el foco la gestión del entonces president de la Generalitat Carlos Mazón. Compromís planteó a finales de marzo del pasado ejercicio una primera reforma con el objetivo de retirar la salida al CJC, así como eliminar la oficina de apoyo y los puestos de asesores y conductor a los que tienen derecho aquellas figuras que han ostentado la Presidencia del Ejecutivo autonómico. La propuesta, no obstante, quedó rechazada con los votos en contra del resto de grupos parlamentarios.

A pesar de la derrota parlamentaria, la coalición valencianista insistió a comienzos de este año con su intención de modificar el texto. Por este motivo Compromís volvió a registrar la propuesta en la Cámara autonómica después de que Mazón estableciera su oficina como expresidente y nombrase como asesor de la misma al exsecretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación José Manuel Cuenca. En todo caso, la previsión es que la propuesta de la coalición vuelva a quedarse sin apoyos en el parlamento autonómico para salir adelante. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo una reforma del estatuto de los expresidentes sería necesario contar con el respaldo de al menos tres quintas partes de Les Corts, lo que implica que actualmente solo podría salir adelante si cuenta con el respaldo del PP, atendiendo a la actual distribución de la cámara autonómica. Los populares cuentan con 40 diputados, lo que supone que el resto de grupos (PSPV, Compromís y Vox) suman 59 escaños, uno menos que la mayoría necesaria para modificar el texto. En todo caso, PP y PSPV ya han anunciado su voto en contra a la propuesta, mientras Vox se remite al pleno para mostrar su parecer sobre este cambio normativo. 

Beneficios del estatuto y propuesta de Compromís

El estatuto de expresidentes establece que los jefes del Consell que completen una legislatura entera tienen derecho a ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) durante 15 años. Por otro lado, aquellos que superen los dos años al frente del Gobierno valenciano, pero no alcancen una legislatura podrán estar como miembros natos del CJC durante el mismo periodo que han sido presidentes. El sueldo anual en este órgano se sitúa en torno a los 75.000 euros.

El texto también recoge que la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes "los medios necesarios" para una oficina de apoyo con la provisión de dos puestos de asesores, un conductor, un local para la instalación de la oficina, presupuesto para el funcionamiento ordinario de la misma, y un vehículo del parque móvil de la Generalitat Valenciana. Una serie de "privilegios" que desde Compromís buscan retirar, de manera que se mantenga un estatuto que regule los derechos de los expresidentes, pero mucho más reducido que hasta la fecha. 

En esta línea, la propuesta de Compromís plantea retirar la salida al CJC y eliminar la oficina de apoyo y los puestos de asesores y conductor. De esta manera, consideran que el apoyo a los expresidentes debe limitarse a ofrecerles un vehículo oficial para "actos protocolarios", medios para "preservar su seguridad personal", así como "apoyo económico y material" para la organización de actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad al frente de la Generalitat o el fomento del autogobierno valenciano.