El nuevo acceso ferroviario a Alicante tras la llegada del AVE. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dos socios a favor, uno en contra. La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras, secunda al Ministerio de Fomento y defiende la firma de la adenda al convenio sobre la gestión del suelo de Renfe y las obras de la llegada del AVE en el marco de la sociedad Avant que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante persiste en rechazar desde el pasado viernes.
La posición del departamento autonómico que coordina María José Salvador (PSPV-PSOE) es sencilla. A consulta de Alicante Plaza, portavoces oficiales precisaron, primero, que el acuerdo resulta necesario para cubrir la deuda de 60 millones que arrastra Avant: la sociedad responsable de la ejecución de las obras del AVE compuesta por el Gobierno (50%), la Generalitat (25%) y el Ayuntamiento (25%). Y segundo, que no elimina la posibilidad de que se construyan otras infraestructuras como las apuntadas por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para justificar su plante, como la construcción de la estación intermodal o la variante de Torrellano, entre otras.
En esta línea, las mismas fuentes señalaron que "el acuerdo de Alicante es una adenda al convenio de 2003 que no deja sin efecto los compromisos adquiridos en su momento; solo sirve para salvar la situación financiera de este momento y no impide futuros compromisos de las partes para la finalización de las actuaciones previstas. De hecho, algunos compromisos como la variante de Torrellano y el acceso al Aeropuerto ya están incluidos en el Plan de Cercanías del Gobierno central".
En esta línea, insistieron en que el acuerdo se negoció en julio de 2017 porque existía la necesidad de garantizar la viabilidad de Avant para que pudiese seguir pilotando la ejecución de las obras pendientes, así como la planificación urbanística del suelo liberado de las vías. Es más, añadieron que fue el retraso en la aprobación definitiva de ese acuerdo urbanístico (el Plan Especial de la llamada Operación Integrada número 2) por parte del Ayuntamiento de Alicante la que arrastró a Avant a esa situación.
Así, apuntaron que "la Generalitat, con la firma de este acuerdo, salvó la situación penosa en la que se encontraba la sociedad Avant debido al incumplimiento reiterado del Ayuntamiento de aprobar el planeamiento urbanístico. Esto provocó que la sociedad se quedara sin ingresos y obligó a rescatarla haciéndose cargo de todos los préstamos con los bancos que deberían haberse devuelto con la venta de los terrenos liberados con la nueva ordenación urbanística que debía aprobar el Ayuntamiento".
Las fuentes oficiales consultadas también se refirieron al argumento esgrimido por el PP de Alicante respecto al hipotético agravio comparativo y la diferencia de trato procurado a la ciudad de València, con un convenio marco sobre el soterramiento de las vías del ferrocarril en el que se canalizarían inversiones por 2.100 millones. En esta línea, explicaron que València "sí que tiene aprobado el planeamiento urbanístico y se va a intentar vender el suelo".
Por ello, consideraron que el Ayuntamiento de Alicante incurriría en una irresponsabilidad si decidiese "romper unilateralmente" el acuerdo que se aprobó en el consejo de administración de Avant en 2017, con el PP en el Gobierno Central, ya que esa situación expondría a dicha sociedad a la disolución y pondría "en peligro" toda la operación futura en Alicante.
La tesis, similar a la defendida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López, este sábado, también es la que mantuvieron dos de los cinco grupos con representación política en la corporación municipal: PSPV y Compromís. Los dos partidos anunciaron este lunes su intención de elevar al pleno ordinario de marzo, que se celebra este jueves, una iniciativa conjunta para instar al equipo de Gobierno a firmar la adenda de la controversia. En principio, todo parece indicar que se tratará de una declaración institucional, que -de aprobarse- expresaría la voluntad política del pleno en favor de ese acuerdo. Con todo, no tendrá ninguna efecto ejecutivo real, ya que no obligará a que se produzca la firma. Como señaló el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en todo caso la firma de la adenda es una potestad reservada a la Junta de Gobierno.
Infraestructuras sostiene que el agujero de Avant que se pretende cubrir ahora se generó por el retraso en el plan urbanístico que debió aprobar el Ayuntamiento
No obstante, tanto PSPV como Compromís consideran que su propuesta es una iniciativa necesaria para presionar al PP con el propósito de que recapacite y no bloquee el acuerdo para "que no se obligue a Alicante a aportar ya 15 millones para pagar la deuda de Avant ni se condene a la ciudad a tener que volver a comenzar de cero", según explicó la portavoz municipal del PSPV, Eva Montesinos.
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, criticó (como también lo hizo Montesinos) el "electoralismo" de Barcala al oponerse al convenio y añadió que el hecho de que no se firme ahora expone a Alicante a "perder todo el trabajo hecho en estos 15 años". Es más, señaló que el convenio original, firmado en 2003 está obsoleto y a punto de decaer, tras la reforma legislativa aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, en la que se establece que "todo convenio debe estar ligado obligatoriamente a unos plazos y presupuestos reales".
¿Tiene visos de aprobarse esa iniciativa plenaria de contenido político? Depende. De partida, el líder de Guanyar consideró que en el borrador de la adenda remitida al Ayuntamiento sí se había introducido modificaciones respecto a lo acordado en el consejo de administración de Avant en 2017. Su portavoz, Pavón, apuntó que "desde Guanyar defendemos todos y cada uno de los acuerdos que se adoptaron en la reunión del consejo de administración de Avant en su reunión del 20 de julio de 2017, a la que asistí como consejero tras una negociación previa con Adif en la que participamos el exalcalde Echávarri y yo mismo, una reunión en la que se acordó que Adif diera prioridad a la adenda para que estuviera aprobada en octubre de 2017"
Así, añadió que "desde Guanyar constatamos que desaparece del convenio de 2003 la variante de Torrellano y la retirada de las vías del tren del litoral entre San Gabriel y Agua Amarga, un objetivo estratégico para la ciudad que nos parece irrenunciable. Una desaparición que no se trató en ningún momento en la reunión del consejo de Avant de julio de 2017. También consideramos que es un objetivo estratégico irrenunciable la ejecución del parque central de la operación integrada nº 2 en los términos que se aprobaron el 20 de julio de 2017, gobernando aún el PP de Rajoy". Por ello, apostilló que "creemos que todo el mundo debe serenarse y alejarse de movimientos electoralistas, de modo que el convenio modificado, por un lado, dé vía libre a los acuerdos del 20 de julio de 2017, y por otro lado, integre la variante de Torrellano como un compromiso financiero de Adif desvinculado de las plusvalías de la operación integrada nº 2".
La portavoz del equipo de Gobierno y edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, por su parte, insistió en rechazar la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros y reiteró la llamada a la renegociación lanzada por Barcala el viernes, tras acusar al PSPV y Compromís de "no defender los intereses de los alicantinos".
