Foto: CSIF"Falla notablemente la asistencia primaria. Es creencia general que, si ésta mejorase, disminuirían los ingresos hospitalarios, con lo cual se eliminaría en parte la actual masificación". Esta frase tan actual la pronunció hace 30 años, el 10 de febrero de 1993, el entonces presidente de la Organización Médica Colegial, José Fornes Ruiz. Su hijo, Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, ha rescatado y editado el discurso que pronunció el pediatra valenciano en el Club Siglo XXI de Madrid, el foro de opinión más importante de aquel tiempo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces, la medicina ha avanzado una barbaridad y se ha incorporado mucha tecnología, pero algunos de los males que aquejaban al sistema sanitario público descritos por Fornes parecen congelados: "Los sondeos indican también que se poseen buenos equipos humanos. Pero se encuentran desalentados, se sienten víctimas de alguna acción políticamente clientelista, faltos de incentivos. Esa sensación conecta directamente con el hecho estadístico del poco tiempo dedicado a cada enfermo".
Aquí una advertencia a la que los políticos, cortoplacistas, tampoco hicieron caso: "Se está produciendo un rápido envejecimiento de la población, lo cual requiere atenciones más constantes y diversificadas. Y todo ello tropieza con un crecimiento presupuestario notable, pero pequeño, que produce un efecto de embudo en las respuestas de eficacia". Si el envejecimiento en 1993 era rápido, ¿cómo calificar el que viene de los baby boomers?
Y una cita más: "Con dañina frecuencia, tenemos que ver cómo los debates ideológicos o partidistas priman sobre la busca de soluciones técnicas, apolíticas, que piensen de forma neutral en las necesidades ciudadanas. La Sanidad sigue convirtiéndose en arma arrojadiza entre partidos y, lo que es peor, a veces entre facciones de un solo partido". ¿Se estaría refiriendo al PSOE del hoy díscolo Felipe González?
El discurso, junto a otro pronunciado meses después por el presidente de los colegios de médicos, ha sido editado con motivo del VI Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana –28 y 29 de septiembre–, donde se retomará, renovada, la iniciativa que fue el gran sueño de Fornes, fallecido en 2021: un "pacto social sanitario", un gran acuerdo por la sanidad española entre las administraciones, las empresas, los trabajadores y los usuarios.
Me sabe mal escribirlo, pero le auguro a Carlos Fornes el mismo resultado que obtuvo su padre. España está en otras batallitas. La rabiosa actualidad va por derroteros llenos de cambios, pero no precisamente en Sanidad.
"A España no la va a conocer ni la madre que la parió", dicen que dijo en 1982 un eufórico Alfonso Guerra, tras ganar el PSOE las elecciones con 202 diputados. Al PSOE tampoco, podría contestarle Pedro Sánchez, quien de forma exprés va a terminar de hacer realidad el vaticinio, tras los cambios, muy destacables en algunos casos, impulsados por quienes le precedieron en la Presidencia del Gobierno durante 40 años.
Igual que el cambio climático, que se suponía que era un fenómeno a largo plazo pero lo estamos viviendo en directo, España acelera su transformación política y social subida a una máquina del tiempo como la de H. G. Wells, con Rod Taylor en la Moncloa saltando décadas hacia el futuro. Y veces, hacia el pasado, como la ocurrencia de hacer que diputados y diputadas que dominan una lengua común vayan a necesitar intérpretes para comunicarse –peor– entre ellos y con los votantes.
Cambios vertiginosos pero no necesariamente negativos, por mucho vértigo que nos dé que se mueva la tierra. De hecho, cualquier tiempo pasado fue anterior, como dice Nieves Concostrina, pero casi nunca mejor. Nos parece mejor porque éramos jóvenes, pero, además de haber perdido la juventud, desde aquel 1982 solo se me ocurre que hemos empeorado en libertad de expresión, que solo nos faltaba ver a Fernando Savater pidiendo a la organización de un festival de cine que censure un documental. En general, si no entramos en detalles –como el servicio público de sanidad o el de justicia–, España es mejor de lo que era. Que se lo digan a las mujeres o al colectivo LTGBI+.
Ahora que Sánchez va acelerado hacia la investidura, se avecinan novedades orquestadas por el independentismo, que en su lista de reclamaciones ha demostrado que la caridad empieza por uno mismo. Podría haber empezado por proponer un pacto social sanitario, pero lo que ha pedido es una amnistía para sus delincuentes. Se debate sobre si sería constitucional, cuando lo que se debería debatir es si es moral, porque existe un riesgo moral muy grande en perdonar los pecados a quienes ni están arrepentidos ni tienen propósito de enmienda.
A un servidor, más que la amnistía, le preocupa que ya han pasado nueve meses desde que, vía enmienda en el Congreso –también por las urgencias de Sánchez–, se rebajó en el Código Penal la condena por el delito de malversación, y nadie esté hablando de reponer el castigo que merecen los corruptos –los del futuro, porque no tendría efectos retroactivos–, como sí se corrigió la 'ley del solo sí es sí'.
El siguiente punto de la lista de Junts y ERC que hará avanzar a España, ya veremos hacia dónde, es el económico. En una reivindicación que recuerda a la de la Liga Norte italiana, Junts cifra en 450.000 millones de euros la "deuda histórica" del Estado con Cataluña. Yo también pensé al leerlo que se nos había colado un cero de más en el titular. O que era una broma. Pero no, son 450 millardos –una pena que no tuviera éxito esta palabra que la RAE metió con calzador en el Diccionario en 1995–, que es más de diez veces el presupuesto de la Generalitat catalana. Tan abultada cantidad la justifican los futuros socios de Sánchez al considerar que todo el dinero que la rica Cataluña ha aportado a la caja común, que ha ayudado a hacer un país menos desigual desde hace 40 años, es el botín del Espanya ens roba.
Puigdemont y cía hacen la cuenta al revés: para ellos la igualdad no consiste en que todos los españoles reciban la misma financiación para los servicios básicos –como exigimos los valencianos– y en que el Estado invierta más en las zonas más pobres. Consiste en que Cataluña –y se supone que el resto de CCAA– reciba fondos en proporción a su riqueza. Para que todo siga igual de desigual; en eso consiste su igualdad. No obstante, en un acto de magnanimidad que no les honra en absoluto están dispuestos a que se les pague solo la deuda del FLA, más de 70.000 millones. Atentos, porque de esa componenda nos puede caer algo a los valencianos, que aún le tendremos que dar las gracias a Puigdemont y a Rufián.
"A España no la va a conocer ni la madre que la parió", dicen que dijo Alfonso Guerra. No padezcan los temerosos del cambio, que la Sanidad pública continuará siendo reconocible.
