ALICANTE. Los concursos de acreedores, una vez finalizada en junio de 2022 la moratoria concursal aprobada con motivo de la pandemia, se han disparado en la provincia de Alicante por encima de la tendencia general. Sea por la preeminencia del sector servicios e inmobiliario, dos de los principales afectados, o porque muchas empresas de las que ahora se han declarado en concurso ya llegaron 'tocadas' a la moratoria concursal (que, en todo caso, no impidió que se siguieran abriendo procesos voluntarios), los datos de distintas fuentes indican que la concursalidad crece de forma mucho más notable en Alicante que en el resto de la Comunitat Valenciana.
Hace unos días se conocía el 'Estudio sobre Concursos y Disoluciones de 2022' de Informa D&B, según el cual los concursos crecieron en la provincia de Alicante un 32%, diez puntos más que la media española. Y ahora, el informe elaborado por el Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana a partir de la información aportada por el Registro Mercantil apunta en la misma dirección: los concursos aumentaron por encima del 40% en el tercer y el cuarto trimestre de 2022 (es decir, cuando finalizó la moratoria), casi el triple que el incremento medio autonómico, del 15%.
Según los datos facilitados a Alicante Plaza por los Auditores, en el tercer trimestre se declararon en la provincia 60 concursos, un 42% más que en el mismo periodo de 2021 (42 concursos). En el cuatro trimestre se registró el mismo incremento respecto al año anterior, con 74 concursos declarados frente a 52. En el mismo periodo, como se ha dicho, el aumento de la concursalidad en la Comunitat Valenciana fue del 15,5%.
Durante el primer semestre del año, con la moratoria en vigor, el comportamiento fue el opuesto: aunque de forma más tenue, la concursalidad bajó en la provincia: un 26% menos en el primer trimestre (50 concursos frente a 63) y un 6% menos en el segundo (48 frente a 51). Como dato, cabe recordar que en el primer trimestre de 2021, cuando hubo 13 concursos más que en el mismo periodo de 2022, la hostelería volvía a estar cerrada por una tercera ola de la pandemia especialmente dramática, y el comercio con horario reducido. En todo el ejercicio 2022, la provincia de Alicante registró 232 concursos de acreedores, según los Auditores, un 11,5% más que el ejercicio anterior.
Según el Colegio de Auditores, la Comunitat Valenciana "junto con Madrid y Cataluña, se sitúa entre las peores con respecto a la media nacional, ya que suman conjuntamente cerca de 4 de cada 10 concursos presentados, hasta un total de 744 deudores en el último trimestre del 2022". Según afirma el vocal de asuntos judiciales, José Andreu, "la principal causa de esta situación se debe al incremento generalizado en los costes empresariales, con especial incidencia en las materias primas y suministros, junto al incremento en los costes financieros, con tipos de interés en continuado ascenso, así como la imposibilidad de atender los vencimientos de los plazos de los créditos ICO".
Además, "afecta de modo especial las condiciones que caracterizan a nuestro tejido productivo, al que el incremento en los costes de producción le ha afectado de forma especial. De hecho, de las 195 empresas, el 60% que se declaró en concurso de acreedores pertenecen al sector industrial y construcción, así como al del pequeño comercio. El resto, en su mayoría pertenecen al sector de la hostelería", ha explicado el experto auditor.
Y es que este último trimestre del año no es una excepción, ya que las cifras desde el inicio del año colocan a la Comunidad Valenciana entre las autonomías españolas con peor evolución, superando a la media nacional que se sitúa en un aumento del 12,6. Tal y como valora José Andreu, en general, el incremento principal en los concursos de acreedores se corresponde con declaraciones de concursos de personas físicas tanto particulares como autónomos, que representan más del 73% del total.
Además, desde el Colegio prevén que esta tendencia continuará durante 2023 a causa de "la inestabilidad económica en la que nos encontramos, con tipos de interés al alza que afectan al coste de la financiación (tanto de particulares como de las empresas) y con el mantenimiento de los costes elevados en la producción que afectan negativamente a las empresas", concluye.