ALICANTE. Entre el fin de la moratoria concursal aprobada con motivo de la pandemia (la suspensión de la obligación de declararse en concurso de acreedores pese a conocer que la situación de la empresa obliga a ello, así como de la posibilidad de que un acreedor lo fuerce) y el cambio en la ley concursal para intentar facilitar las restructuraciones y reducir el número de liquidaciones, la declaración de los concursos de acreedores se disparó en la provincia de Alicante un 32% el pasado año.
Según los datos recopilados por Informa D&B en su Estudio sobre Concursos y Disoluciones de 2022, en la provincia de Alicante se declararon durante 2022 un total de 333 concursos de acreedores. Una cifra que supone la apertura de más de un concurso de acreedores al día (hábil), y un aumento en términos absolutos de más de 80 insolvencias respecto al dato de 2021 (cuando, pese a la moratoria, se seguían declarando concursos), año en que se declararon un total de 252 concursos de acreedores en la provincia, según el mismo estudio.
Hay que tener en cuenta que los datos oficiales probablemente sean aún superiores, pues no todos los concursos se abren en juzgados de lo Mercantil, y el estudio recopila solo aquellos procesos de los que se ha informado en el BOE. Pero en todo caso, dado que el sistema es el mismo cada año, sí permite realizar comparaciones interanuales y entre territorios. De esta forma, se concluye que el incremento de la concursalidad en la provincia es bastante más acusado que la media española. En concreto, diez puntos más, pues según el informe en España los concursos de acreedores aumentaron un 22%.
Los sectores que más afectados se vieron por las insolvencias el pasado ejercicio fueron el comercio, la construcción y la promoción inmobiliaria, seguidos de la industria y la hostelería. Una distribución sectorial muy similar a la de las otras dos provincias de la Comunitat Valenciana (en Castellón se declararon 128 concursos, un 45% más; y en València se abrieron 640 procesos concursales, un incremento del 30%) y al dato general de España, donde se abrieron en total 7.272 concursos de acreedores (la mayor cifra desde la anterior crisis), siempre según los datos de Informa D&B.
"La cifra de los concursos empezó a subir significativamente en julio", señala el estudio de la consultora. Precisamente, la moratoria concursal aprobada en 2020 con motivo de la pandemia decayó el 30 de junio del pasado año, al mismo tiempo que vencía también la carencia de dos años de los primeros créditos ICO concedidos durante el covid. Tras decaer la medida, han aflorado las insolvencias 'ocultas' de muchas empresas, pero se ha reducido el número de concursos exprés (aquellos en que se solicita el concurso y la liquidación en el mismo acto, al darse por sentado que no se puede superar).
En general, los concursos de acreedores han crecido un 22% en España, tal como recoge otro estudio, este elaborado por Iberinform. De acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE que realiza la firma, el tejido empresarial registró en diciembre un aumento interanual del 17% de las insolvencias, y en el conjunto del año acumulan un incremento del 22%. Es decir, que la nueva ley que fomenta las restructuraciones, de momento, no los ha frenado.
Al igual que el primer estudio, este también constata lo evidente. "La evolución durante el segundo semestre de 2022 confirma un claro incremento de las insolvencias tras el periodo excepcional de 27 meses de moratoria concursal que decayó el pasado 30 de junio". A estos cambios legales, advierte Iberinform, se suma "el deterioro del entorno, marcado por una recuperación desigual de la actividad, el endurecimiento de las condiciones financieras, el aumento de la inflación y la escasez de materias primas o suministros". Todos estos factores, anticipa la consultora, "permiten prever que se profundice en este incremento de los procesos concursales durante 2023".
Madrid (24% del total) y Cataluña (22%) son las autonomías donde más concursos se declaran. Les siguen la Comunitat Valenciana (16% del total) y Andalucía (11%). Por sectores, el análisis coincide con el señalado más arriba, y predominan las insolvencias en construcción e inmobiliario (23% del total) y el comercio (22%), seguidos de la industria manufacturera (14%), servicios a empresa (12%) y hostelería (11%).