ELCHE. Como fuera el turno de las aparadoras el pasado mes de mayo en la comisión especial de Calzado de Les Corts donde se está abordando el futuro del sector y medidas a tomar, este miércoles era el turno de la secretaria de CCOO en el Vinalopó Vega Baja, Carmen Palomar, en la ‘Comisión especial de estudio del modelo de negocio para la mejora de la competitividad de la industria del calzado’. En su intervención, realizaba una radiografía sociolaboral de un sector generador de más de 33.000 puestos de trabajo (incluyendo tanto a los fabricantes de calzado como a los fabricantes de componentes) y más de 3.000 empresas.
En ese sentido, la secretaria abordaba la cuestión de la contratación, instando a reducir la temporalidad. Si bien ponía de relieve lo habitual del contrato fijo-discontinuo, adaptando de forma “cuasi natural” las condiciones de prestación del trabajo a la estacionalidad que caracteriza la actividad fabril del sector, hacía mención especial al contrato eventual por circunstancias de la producción, "con un porcentaje importante a tiempo parcial no deseado, que ahonda en la economía sumergida al alargarse las jornadas y en la mayoría de los casos no cotizarse", denunciaba Palomar.
A ese respecto, la líder sindical valorad el "progresivo impacto" de la reciente reforma laboral “con una corrección de la eventualidad que históricamente lo ha caracterizado, como se desprende de los datos de marzo y abril con el crecimiento del contrato fijo-discontinuo”, señala.
La otra rama, la de la formación, ya que es un problema importante en el calzado la falta de relevo generacional, desde CCOO consideran una apuesta "estratégica" la actualización de las capacitaciones y la adaptación de la FP dual a las necesidades reales de las empresas, así como una mejora de las condiciones que hagan atractivo a las personas jóvenes el empleo en un sector actualmente envejecido en muchos puestos, sobre todo aquellos que son manuales, precisamente como el de las aparadoras.
“En 2018 el 59% del personal empleado en el calzado tenía más de 44 años y la población menor de 30 años representaba menos del 7%. Solo 142 jóvenes (de un total de 86.142 en toda la Comunidad Valenciana) cursaban estudios del calzado y en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación LABORA solo había 185 jóvenes menores de 30 años apuntados como demandantes de empleo en el sector” detallaba al respecto.
Asimismo, sobre políticas sectoriales, la líder sindical pedía la evaluación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana y en la propuesta de reforma del 2023 destacó la necesidad de que ésta contemple sistemas de gobernanza mucho más cercanos a la realidad del territorio. “Respecto a los proyectos de innovación, destaca el impulso de estos últimos años, actualmente son 19 proyectos en los que la Agencia Valenciana de Innovación ha concedido 2.617.876€. Proyectos en materia de salud, de nuevos materiales sostenibles y el reciclaje, robótica o en impulsar la figura de agentes de la innovación. Sin embargo, el desarrollo de los proyectos y los órganos de gobernanza sugieren un mayor impulso para que la participación de todo el ecosistema de innovación resulte eficaz para los retos a abordar” ha advertido.
Actualmente, la participación tanto en las mesas sectoriales del Observatorio de la Industria como en los comités estratégicos de la Agencia Valenciana de la Innovación, resultan "muy mejorables desde la óptica laboral y sindical". Por ello, una de las conclusiones del dictamen que se emita desde la comisión, sugeriría el condicionamiento de las órdenes de bases y convocatorias de proyectos indicadores que mejoren los estándares de trabajo decente y la reducción de la desigualdad.
Por último, sobre la sostenibilidad medioambiental, ahora en boga por los proyectos cada vez más habituales de la economía circular, Palomar ha afirmado que “el sector no es ajeno a las dificultades de cumplimiento de la normativa, y no porque ésta no responda a los intereses generales, sino porque el cambio de paradigma requiere de un mayor esfuerzo de los agentes y la celeridad en la toma de decisiones”. Cree que hay que avanzar hacia un modelo de calzado ambientalmente sostenible, pidiendo "concreción de medidas correctoras, planes de movilidad como condición necesaria de trabajo y la aceleración de las decisiones para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización".