Cámara y CEV se conjuran para 'rascar' 2.000 millones en infraestructuras en siete años

ALICANTE. El Gobierno ha dejado de invertir más de 4.000 millones en la provincia de Alicante en los últimos quince años, aplicando el criterio de población que usa el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) como base. Un déficit agravado además en los últimos Presupuestos del Estado. Pero con la mitad de esa cantidad, algo más de 2.000 millones de euros, el Estado podría desarrollar en la provincia once infraestructuras de transporte clave, con un calendario que permitiría que estuvieran en marcha en 2030.

Las obras clave, su coste y su calendario ya están claras: el profesor Armando Ortuño y su equipo han actualizado el decálogo elaborado en 2018 por Ineca para la Cámara de Comercio y la CEV (tres de aquellas diez obras ya están terminadas), y han bajado al detalle del calendario de redacción, licitación y ejecución, concluyendo que todas podrían estar terminadas en 2030 si el asunto se toma en serio. También han estudiado posibilidades de financiación al margen de los Presupuestos, con la colaboración público-privada.

Ahora lo que falta es convencer al Ministerio, y para eso se han ofrecido la patronal autonómica, CEV, y la Cámara de Comercio de Alicante, cuyos presidentes (Joaquín Pérez y Carlos Baño, respectivamente) acompañaron al presidente de Ineca, Nacho Amirola, en la presentación del estudio. Tanto Pérez como Baño apelaron a la unidad de los agentes empresariales, reencontrada en la campaña de protesta contra los PGE 2023 a finales del año pasado, y apostaron por prorrogar su joint venture en busca de esos 2.000 millones de euros para los próximos siete años.

La persona clave en el Ministerio es la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, con quien el presidente de CEV Alicante ya ha exhibido un cierto grado de interlocución tras la reunión del pasado mes de octubre, de la que los empresarios alicantinos salieron con buenas sensaciones. Pardo de Vera, que en dicha reunión reconoció la infrainversión en Alicante, se comprometió a crear una comisión de seguimiento de las obras pendientes, que sería el cauce para reclamar esos 2.000 millones y vigilar que se inviertan.

"El Gobierno no está siendo justo con Alicante, ni con la inversión en infraestructuras ni con el recorte al Tajo-Segura", criticó Pérez. "Nuestra provincia destaca por su diversificación y su especialización, y por eso necesitamos una mejor interconexión. La inversión pública tiene que estar a la altura de los trabajadores y las empresas de la provincia". Su homólogo en la Cámara, Carlos Baño, advirtió además sobre otras carencias no recogidas expresamente en este informe, como las obras hidráulicas o las que son competencia de la Generalitat, porque "el ciudadano no se pregunta de quién es la competencia, lo que le interesa es un buen servicio".

Decálogo de obras prioritarias

En cuanto al decálogo a defender en el Ministerio, único interlocutor para lo que atañe al documento presentado este miércoles, son once obras clave en carreteras, ferrocarril y puerto. En el apartado de carreteras, las obras pendientes y necesarias son el tercer carril de la A-70 entre Alicante y Elche, la mejora de la A-31 (la autovía con el tramo de mayor siniestralidad de España), el tercer carril de la A-7 entre Crevillent y la Región de Murcia, el paso inferior del acceso a la Universidad de Alicante (que la conectaría con su campus científico), y la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja, que lleva parada desde 2016. 

En el ámbito portuario, la actuación fundamental sería la mejora del Muelle 19 para permitir que las exportaciones marítimas puedan salir por Alicante y no haya que enviarlas a València, con los sobrecostes para las empresas exportadoras de la provincia que ello implica, además de las emisiones del transporte por carretera.

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, el informe recoge como prioritarias el AVE Alicante-Valencia, que ya está en obras y podría entrar en funcionamiento en dos años; la mejora de la línea Xàtiva-Alcoi, que está en fase de estudios; el tren de la costa entre Alicante y Benidorm (dado que el tramo Dénia-Gandia ha sido 'asumido' por la Generalitat); el eje Alicante-Elche-Murcia, que consiste en retirar las vías de la fachada marítima, conectar ambas ciudades con el aeropuerto y mejorar el Cercanías hasta la Región vecina; y la conexión con el Corredor Mediterráneo para acometer las inversiones de los puertos secos.

El informe, presentado este jueves en Fira Alacant, actualiza el decálogo elaborado por los mismos actores en 2018 (del que apenas se han terminado tres obras: la duplicación de la N-338 al aeropuerto, el AVE a Elche y Orihuela y la variante de Benissa), y calendariza la ejecución de algunas obras ya presupuestadas y en fase de estudio, de otras prometidas pero nunca presupuestadas, y de otras que por el momento no se contemplan. A la presentación han asistido, además de varios socios de Ineca, una treintena de empresarios y representantes de asociaciones sectoriales, así como de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Alicante, el de Elche y la Diputación.