Plaza Mayo de Calp.CALP. El Ayuntamiento de Calp ha solicitado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que adapte la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) con el fin de evitar problemas jurídicos y económicos a los ayuntamientos, dado que algunos retrasos en procesos como los informes de evaluación ambiental acaban judicializados y obligan a los consistorios a pagar indemnizaciones.
Ante esto, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha remitido una carta al presidente de la FVMP en la que solicita que este organismo impulse una modificación de la LOTUP “de manera que el periodo del trámite de evaluación ambiental estratégica, a la que se somete la totalidad del planeamiento de todo el país, no contabilice en el plazo de dos años de otorgamiento de licencias con el fin de evitar problemas jurídicos y económicos a los ayuntamientos”.
Desde el gobierno de Calp sostienen que el trámite de evaluación ambiental “comporta la intervención de varias administraciones” con distintas competencias y supone recabar informes para adecuar el planeamiento y consensuar medidas que mejoren el resultado final del planeamiento, “ahora bien, ese trámite, que no depende de la administración local, puede alargarse en el tiempo durante más de dos años. Y la medida cautelar de suspensión de licencias no ha sido adaptada a este nuevo escenario ya que su duración se establece en un periodo máximo de dos años”.
El resultado de esta incoherencia es que los municipios a menudo se ven inmersos en procesos judiciales o incluso son condenados a elevadas indemnizaciones por no otorgar licencias mientras se tramita la evaluación ambiental estratégica, indican. Por ello la alcaldesa solicita la adaptación del art, 68 del texto refundido de la LOTUP de manera que el plazo de dos años de la suspensión de licencias quede suspendido con el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, reanudándose dicho plazo con la emisión de la resolución del informe ambiental.
Sala ha señalado que “esta medida vendría a proteger a los Ayuntamientos, es una medida positiva para el municipalismo independientemente del signo político del Ayuntamiento que se trate. Esta incoherencia jurídica está provocando gravísimos problemas en nuestros municipios ya que aboca a los Ayuntamientos a otorgar licencias no queridas por el nuevo planeamiento o a soportar cuantiosas indemnizaciones por no otorgar esas licencias”.
