ALICANTE. Ahora sí, la suerte está echada. Después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aprobase el pasado 16 de junio los planes de actuación para seis acuíferos del Alto Vinalopó declarados como sobreexplotados (declaración recurrida y pendiente de pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, como ha contado Alicante Plaza), que consisten en reducir un 90% el caudal disponible para regadío hasta 2027, la publicación de estos planes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado el pistoletazo de salida al cierre de los acuíferos.
Así se analizó este martes en una reunión convocada por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, que aúna a los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó (medio millar de comunidades de regantes, empresas y particulares, además de municipios), después de que cada uno de los seis planes se hayan publicado en las últimas semanas en el BOE. Con su publicación, explican regantes que asistieron al encuentro, entra en vigor su aplicación, de forma que el contador para reducir el consumo de agua para regadío ya se ha puesto en marcha.
Y se ha puesto en marcha otra cosa. Según se puso de manifiesto en el encuentro, la oficialización de los planes de actuación inaugura una batalla judicial de todos contra todos, en la que además del recurso que presentará la Junta, cada usuario afectado a nivel particular podrá hacer lo propio. Muchos de ellos, explican estas fuentes, ya están trabajando en este sentido con sus abogados. "La cuestión fundamental sigue sin estar resuelta", explica un regante, "han aprobado los planes de actuación sin que la misma declaración de sobreexplotación sea firme". En este sentido, se está a la espera aún de que el TSJCV fije fecha para la sentencia, después de aprobar las medidas cautelares que pidió la Junta.
Pero además de presentar contenciosos contra la administración central, sin descartar otro tipo de medidas por los daños potencialmente ocasionados, los regantes afectados tienen previsto iniciar acciones también contra los ayuntamientos de la zona, beneficiarios de estos planes (se reduce el agua disponible para regadío para garantizar la de consumo humano) "sin tener que pagar nada", indican. Uno de los argumentos que se empleará es, precisamente, que estos abastecimientos han conseguido liberar caudal disponible a costa del regadío sin recurrir a la expropiación forzosa ni fijar un justiprecio.
Los alcaldes de la zona, la mayoría socialistas, se han mantenido bastante al margen del debate en los últimos dos meses, lamentan los regantes consultados, mientras que los representantes de la Generalitat en la CHJ directamente votaron a favor de los polémicos planes de actuación. Polémicos no solo por el recorrido judicial en el TSJ de la declaración de sobreexplotación en la que se apoyan los planes, sino porque han entrado en vigor sin vincularse al trasvase Júcar-Vinalopó. Según la Ley de Aguas, la reducción de derechos a los regantes en los acuíferos afectados debería haberse sustituido con una aportación igual de otra fuente alternativa, es decir, el trasvase.
Este sería otro argumento para los recursos y contenciosos que preparan los agricultores de la zona. Un tercero emana de la misma Ley, y es que los usos industriales van por detrás de los agrícolas en caso de tener que restringir el agua disponible, y en este escenario quedan garantizados dentro de los abastecimientos. Y a todo ello hay que añadir que, si bien los planes de actuación hacen alusión al trasvase como opción (sin fijarlo como alternativa), resulta que varias fincas del Alto Vinalopó no están conectadas al postrasvase, de forma que ni siquiera la transferencia les sirve.
En paralelo, siguen las negociaciones entre regantes, Conselleria y Ministerio para intentar cerrar un convenio a 9 años que garantice una estabilidad a la transferencia, al establecer cantidades y precios a trasvasar. En este sentido, el portavoz de la Junta, Ángel Urbina, señala que en estos momentos están "en plena negociación, con acuerdos y trabajando asambleas de regantes". Urbina espera que en los próximos días se pueda hacer oficial el acuerdo y desvelar sus términos, pero por ahora se limita a destacar que "será un convenio a 9 años, de 2023 a 2031, y con precio fijo a la Junta Central", que a su vez está estudiando diversas formas de repercutir los costes, según realidades piezométricas y diferencias en las masas de agua.
