ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), reacciona a la visita de inspección girada por representantes de la Dirección General de Calidad Ambiental a las instalaciones del centro de tratamiento de residuos de Fontcalent, el pasado jueves, con una réplica con la que responsabiliza a ese mismo brazo de la administración autonómica del bloqueo a las inversiones de mejora en la planta "que ahora demanda". Así lo ha sostenido este martes el edil de Medio Ambiente y Gestión de Residuos, Manuel Villar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno, en la que ha recriminado la actitud de "deslealtad institucional" que ha atribuido a los responsables de la Conselleria de Transición Ecológica respecto a la tramitación del proyecto de gestión del centro de tratamiento.
Villar ha señalado, en concreto, que su departamento elevó dicho proyecto a la conselleria para que lo sometiese a evaluación "y no emitió ningún análisis más de un año después". "Fue entonces cuando tuvimos que enterarnos por la prensa", en alusión a la información anticipada por Alicante Plaza, "de que debíamos modificar ese proyecto de gestión", en el que se contempla la licitación del servicio de explotación de la planta con inversiones por valor de 71 millones, "porque había entrado en vigor nueva normativa al respecto y debíamos actualizar nuestra propuesta", ha explicado, al referirse a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados que entró en vigor el pasado mes de abril.
El edil ha incidido en que "en ese momento, no se dignaron ni a notificarnos para que adaptásemos el proyecto de gestión con el argumento de que teníamos que saber que habían novedades normativas y que teníamos que incorporarlas, cuando ese paso no hubiera sido necesario si la Dirección General de Calidad Ambiental hubiese evaluado el proyecto de gestión en el plazo de dos meses que tenía para hacerlo". Además, ha sostenido que es falso que no se haya acometido inversiones en la planta de tratamiento al incidir en que "hemos incorporado maquinaria para mejorar la línea de tratamiento de bioresiduos con equipos con un coste de más de un millón". Y, al tiempo, ha señalado que "también hemos solicitado ayudas en las distintas convocatorias de fondos europeos canalizadas a través de la propia conselleria y ha sido esa misma conselleria la que nos ha concedido 4 millones en total para la ejecución de mejoras adicionales".
Eso sí, Villar también ha aprovechado para denunciar que, en la convocatoria de 2021, se concediese una aportación de un millón para mejoras en la planta de residuos de Elche y otros 1,2 millones en la planta del Plan Zonal V-5 "del que procede el director general de Calidad Ambiental, mientras a Alicante se nos concedió solo 17.000 euros".
Y no solo eso. En la misma línea, ha señalado que "solo disponemos de unas horas a la semana para llevar a cabo labores de mantenimiento en la planta porque se nos ha forzado a tener que recuperar el cuarto turno de trabajo para poder asumir el tratamiento de parte de los residuos procedentes de la comarca de la Vega Baja, que sigue sin tener planta propia porque no se ha construido ninguna nueva planta a lo largo de esta legislatura". Con todo, ha destacado que la planta de Alicante "es la única que ha podido ampliar su vaso de vertido, lo que ha permitido asumir esos residuos".
Además, también se ha referido a las críticas sobre el bajo nivel de recuperación de residuos apuntadas por la conselleria, para señalar que "la memoria de funcionamiento del centro es pública y se puede comprobar que estamos en una tasa de rechazo del 50% cuando en 2015 era del 62% y en 2017 del 70%", ha concluido.
Con todo, la polémica suscitada en torno al funcionamiento de la planta de tratamiento no ha evitado que la Junta de Gobierno haya aprobado la ampliación del plazo temporal del convenio de colaboración suscrito con la misma Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica y con la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), por la ejecución de inversiones de mejora en el funcionamiento de la estación de bombeo de San Gabriel y en la planta depuradora de Rincón de León.
Ese convenio de colaboración, suscrito en 2019, se amplía ahora por otros cuatro años adicionales, a contar desde diciembre de este año, con la pretensión de concluir los trabajos todavía pendientes. En concreto, las obras previstas para reducir olores en la planta, que están a punto de licitarse, según ha concretado Villar. Por el momento, según ha señalado el responsable de Medio Ambiente, ya se han puesto en marcha los trabajos de mejora de la estación de bombeo de San Gabriel para evitar problemas de aguas negras en cuanto se registran episodios de lluvias intensas y, de hecho, su ejecución estaría a punto de finalizar, según ha añadido.