BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha pagado 680.000 euros por 35 sentencias en contra promovidas por sus mismos funcionarios. Un importe que ha calculado el grupo municipal de Ciudadanos contando desde octubre de 2019 hasta ahora. Según explicó el portavoz de la formación naranja, Juan Balastegui, corresponde a empleados públicos que denunciaron por realizar tareas que entraban dentro de las funciones propias de su puesto de trabajo.
Así, explica que la mayoría de sentencias ganadas son de trabajadores de las áreas de Movilidad, Escena Urbana y Personal, a los que además han tenido que pagar por intereses de demora, tal y como apunta Balastegui. Como se decía, la lista es amplia y no ha parado de incrementarse en los últimos días. Sin ir más lejos, en las últimas semanas han tenido que hacer frente a una nueva condena que alcanzaba los 90.000 euros. Pero los problemas en Personal no se quedan ahí, también una trabajadora autónoma ha conseguido en los juzgados que se le reconozca que tiene una relación laboral con el Consistorio bajo la fórmula de contrato indefinido desde julio de 2013.
Para Balastegui, la cantidad de sentencias en contra "es un reflejo claro de la desastrosa gestión que está realizando el gobierno de Toni Pérez en el área de personal, sin importarle el coste que ello está suponiendo para Benidorm en gasto económico y en merma de los servicios públicos".
Así, continuó que "están obligando a los funcionarios a denunciar al Ayuntamiento, que pierde todos los juicios, porque el gobierno del rodillo prefiere encomendar a determinados funcionarios el doble de tareas antes que sacar a concurso público las plazas que han quedado vacantes por jubilaciones o defunciones".
Con todo, el concejal de Cs ha detallado que “sólo este año la cuantía de sentencias ganadas por funcionarios asciende a 313.533 euros, y por ellas el Ayuntamiento ha pagado 16.000 euros en intereses. A esto sumamos los gastos en procuradores y las bonificaciones extraordinarias por horas extras, que encargan a determinados trabajadores de manera reiterada. Unas tareas que a veces tardan hasta dos años en cobrar, como hemos visto en la junta de gobierno de hoy, aprobando abonar a una persona de Urbanismo los trabajos realizados de agosto a diciembre de 2021”.
Al mismo tiempo, el portavoz de Cs alertó que esto podría ser solo una parte de lo que realmente está viviendo el Consistorio puesto que aseguran que el gobierno local se niega a darles información sobre los procedimientos judiciales que hay en marcha, ni si sacará a concurso público las plazas que se han quedado libres, como dicen haber reclamado desde 2021.
Precisamente este lunes el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm (SPPLB) daba a conocer una nueva sentencia en la que el Ayuntamiento volvía a ser condenado. En esta ocasión, el asunto no viene de otras legislaturas, sino de hace escaso un año con la aplicación de la nueva Valoración de Puestos de Trabajo que se empezó a retribuir en septiembre de 2021.
Tal y como explica el sindicato, cuando se aprobó la VPT se puso de condición que se reuniera una comisión de seguimiendo de su aplicación para resolver alegaciones que se pudieran presentar. Sin embargo, solo se reunió en enero de este año y, afirma, sin tratar las peticiones de los funcionarios. Una de ellas era la de este empledo al que se le otorgaron retribuciones de un puesto del que no estaba desempeñando. Pero no se llegó a resolver por la vía administrativa y finalmente el juzgado le ha dado la razón. Ahora, las arcas municipales tendrán que abonarle 530 euros por cada mes desde hace 12 años, más los intereses desde que se aplicó la VPT.
