BENIDORM (EP). El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación frente a la sentencia dictada el pasado 23 de mayo por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que establecía que el Consistorio debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a propietarios de terrenos en el Sector APR-7 del parque natural de la Serra Gelada.
En concreto, el auto señalaba que el Ayuntamiento debía indemnizar a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.
El Ayuntamiento ha decidido recurrir ante el Supremo y ha trasladado esta información a los grupos de la corporación en una junta de portavoces convocada por el alcalde, Toni Pérez, en la que han participado representantes de los grupos asistidos por la secretaria general municipal, según ha indicado el consistorio en un comunicado.
Con la presentación de este recurso, formalizada este miércoles, el Ayuntamiento "sigue la hoja de ruta marcada por los servicios jurídicos municipales para defender el interés general de Benidorm" y cuyo primer paso fue solicitar una aclaración de sentencia al TSJ. El consistorio ha resaltado que, previamente a la sentencia dictada por el alto tribunal valenciano, "todos los pronunciamientos judiciales habían sido favorables al Ayuntamiento de Benidorm, como también lo fue el dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que la sentencia del TSJCV “es la primera contraria a los intereses del ayuntamiento”, puesto que todas las anteriores “han resultado favorables a nuestros intereses”, incluyendo el dictamen del Consell Juridic Consultiu.
Por ello "hemos seguido la hoja de ruta marcada por los servicios jurídicos municipales para defender el interés general de Benidorm”, ha dicho Caselles. El primer paso fue solicitar una aclaración de sentencia al TSJCV.
Los propietarios de los terrenos, que se hallan en pleno parque natural de Sierra Helada y están protegidos y afectados por un PORN, acusan al consistorio de incumplir un convenio urbanístico suscrito por ambas partes en 2003, 2010 y 2013.
En febrero de 2022, una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Alicante declaraba nulos los convenios urbanísticos suscritos con la familia Puchades y reducía la indemnización a pagar por el ayuntamiento a menos de 700.000 euros, que ya fueron abonados. Los dueños de los terrenos recurrieron al TSJCV, que les dio la razón y elevó la indemnización a 330 millones de euros. Ahora, el consistorio espera que el Supremo vuelva a fallar a su favor.
