BENIDORM.- El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el Ayuntamiento de Benidorm y su alcalde, Toni Pérez, van a tener "todo el apoyo y toda la ayuda que necesite" de la administración autonómica tras la condena que obliga al consistorio a pagar 283 millones de euros más intereses --un cómputo que asciende a cerca de 350 millones-- a Murcia Puchades, en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, en el parque natural de Serra Gelada.
Así lo ha indicado el jefe del Consell este lunes en declaraciones a los medios de comunicación precisamente en Benidorm, donde ha visitado junto a Pérez, primer edil de la ciudad y también presidente de la Diputación de Alicante, el nuevo centro de salud del Rincón de Loix. "Sabe el alcalde y sabe el Ayuntamiento que va a tener la colaboración de la Generalitat Valenciana", ha apostillado sobre esa sentencia condenatoria.
Al ser preguntado por el plazo dado por el juzgado al Ayuntamiento para que detalle cómo va a pagar esa condena, y que finaliza este martes 10 de marzo, Pérez Llorca ha puesto en valor la "responsabilidad" del alcalde para "acatarla" y "cumplirla". Asimismo, ' ha afirmado que la Generalitat ofrece ese respaldo al consistorio como lo haría "en cualquier otro municipio que se viera obligado a cumplir una sentencia de esta envergadura y que proviene de hace muchos años".
"Gobierno de todos los colores"
El jefe del Consell también ha dicho que la situación a la que se ha llegado con esa condena "no" es "reprochable" al actual equipo de gobierno municipal. Así, ha recalcado que este tema es "histórico" y que se remonta a "hace muchos años", en un "proceso" en el que se han sucedido "gobiernos de todos los colores políticos" y "que no se ha solucionado nunca".
Cabe recordar que el pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó el pasado 27 de febrero, con los votos de PP y PSPV y la única abstención del concejal de Vox, la propuesta de formalización de un préstamo de 55 millones de euros, con las entidades financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Impulso Económico, tras la resolución favorable del Ministerio de Hacienda, para afrontar parte de la sentencia.
Del mismo modo, en esa sesión plenaria, la corporación dio luz verde por unanimidad a conceder plazo de audiencia por término de siete días naturales a las partes para que se pronuncien sobre "la viabilidad de definir un acuerdo de colaboración" en la ejecución del fallo. Precisamente, el equipo de gobierno confirmó que está abierto a negociar el pago con los dueños de estos terrenos.
El PSPV quiere saber si Pérez ha pedido ayuda
Por su parte, el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Benidorm ha reclamado este lunes al alcalde, Toni Pérez, del PP, que aclare si ha solicitado formalmente a la Generalitat ayuda para afrontar el pago de la sentencia que obliga al consistorio a indemnizar con 350 millones de euros a los propietarios de los terrenos del APR7 en Serra Gelada.
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha preguntado este lunes si el alcalde ha trasladado esa petición al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, durante su reciente visita a la ciudad con motivo de la apertura del nuevo centro de salud del Rincón de Loix.
Escoda ha señalado que la prioridad debería ser implicar a todas las administraciones para afrontar el impacto económico de la sentencia y ha indicado que el Gobierno central ha concedido al Ayuntamiento un préstamo de 55 millones de euros a través de un mecanismo financiero estatal, por lo que espera que el Consell también colabore, ya sea mediante aportaciones económicas o con la cesión de terrenos para compensar a los propietarios afectados.
Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal, Lourdes Caselles, del PP, ha afirmado que la Generalitat “está informada de todos los pasos” que está dando el consistorio para afrontar el pago de la sentencia y para acogerse al Fondo de Impulso Económico.
Caselles ha señalado que el préstamo de 55 millones solicitado por el Ayuntamiento forma parte del sistema de financiación a entidades locales por parte del Gobierno central y ha subrayado que “no es ningún balón de oxígeno”, sino un crédito que el consistorio deberá devolver con intereses.
La popular ha defendido que el ayuntamiento está trabajando “con mucha seriedad” y con el asesoramiento de los técnicos municipales para afrontar el pago derivado del desarrollo urbanístico del APR7 de Serra Gelada, y ha asegurado que la oposición dispone de información sobre las gestiones realizadas.
Asimismo, ha insistido en que el consistorio puede acogerse a ese mecanismo financiero por tener las cuentas municipales saneadas y ha acusado al grupo socialista de intentar “confundir a la ciudadanía” sobre la gestión de este asunto.
