ALICANTE. La redacción del nuevo planeamiento urbanístico de Alicante para los próximos 25 años no deja indiferentes a los sectores representados en la organización provincial de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Así se puso de manifiesto este lunes en el transcurso de un encuentro de trabajo que contó con la intervención del alcalde, el popular Luis Barcala, en el que varios de los miembros de la junta directiva de esa patronal recogieron el guante que les lanzó el primer edil y plantearon de viva voz algunas sugerencias y reivindicaciones que, a su juicio, debería recoger ese nuevo documento de ordenación llamado a sustituir al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 1987.

La petición más extendida entre las que transmitieron fue la de la celeridad en los tiempos de tramitación sobre el nuevo planeamiento, así como en la resolución de las solicitudes de licencias en términos generales. En esta línea, se llegó a cuestionar si se contaba con la posibilidad de que ese futuro Plan General Estructural (PGE) -en el que se asientan los cimientos de la planificación, hasta que queden detallados con la ordenación pormenorizada posterior- pudiese acogerse a la reducción de plazos que contempla la nueva Ley del Suelo (ahora en fase de tramitación parlamentaria en Les Corts) llamada a sustituir a la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

En principio, el primer edil fue cauto en su respuesta sin facilitar plazos concretos para la entrada en vigor del nuevo planeamiento. A micro abierto, en una comparecencia previa al encuentro ante los medios de comunicación, había anticipado que el borrador del PGE podría estar terminado para su aprobación inicial entre los meses de junio y julio, una vez analizadas y recogidas las aportaciones en la segunda fase de participación pública que se acaba de abrir ahora. Y ese fue el timing que mantuvo ante los empresarios, con el añadido de que, a partir de ahí, todo quedaba en manos de la Generalitat, puesto que era la Conselleria de Medio Ambiente la que debía emitir su evaluación ambiental como siguiente paso hasta que llegue a producirse su aprobación definitiva. Y, en ese análisis, según recalcó Barcala, se debe recopilar multitud de informes sectoriales que podrían demorar la entrada en vigor del PGE. Ante los medios, tampoco se había mojado respecto a la posibilidad de que la ordenación pormenorizada pudiese estar lista antes de que finalizase el mandato actual (dentro de poco más de un año) y solo dijo que ese nivel de detalle se abordaría con mayor rapidez, una vez validada la ordenación estructural.

Sobre la solicitud de mayor agilidad en la resolución de peticiones de licencia, el primer edil señaló que desde 2024 hasta la actualidad se habían otorgado permisos para construir 1.633 viviendas, con lo que vino a defender que no existiría inactividad, al margen de que, como viene sosteniendo el equipo de gobierno hasta ahora, también se haya promovido una reestructuración del departamento de Urbanismo para racionalizar su organización interna y ganar eficacia.

En segundo término, los empresarios le trasladaron la necesidad de plantear un PGE ejecutable, que pudiese llevarse a la práctica, sin conllevar excesos de cargas urbanísticas o que pudiese pecar de falta de infraestructuras. Y plantearon que contemplase la generación de suelo residencial para promover vivienda libre y de protección pública (VPP), tras subrayar que la actividad inmobiliaria también genera economía y competitividad en el territorio. Además, insistieron en que el suelo reservado para VPP no solo debía tener en cuenta la vertiente social, con pisos destinados para colectivos vulnerables con dificultades económicas, sino que esa reserva también debía orientarse a las clases medias y a los jóvenes que también tienen dificultades para acceder a una vivienda de renta libre pese a disponer de ingresos estables.

Es más, incluso le trasladaron la oportunidad de que se fomentase el desarrollo del flex living, hasta el punto de sugerir la elaboración de una ordenanza propia, con el fin de atender la demanda de alojamiento temporal asociada a la llegada de trabajadores temporales para ejecutar proyectos de duración determinada. En este sentido, los empresarios incidieron en que no servía de nada atraer inversiones empresariales a la ciudad, como se trata de fomentar con iniciativas como la estrategia municipal 'Alicante Futura' de diversificación de los sectores productivos, si no se disponía de la capacidad de procurar alojamiento a los trabajadores desplazados por esas nuevas actividades económicas que pudiesen instalarse. En esta línea, los empresarios también trasladaron a Barcala la necesidad de habilitar suelo para la construcción de hoteles con el argumento de que esa había sido una de las asignaturas pendientes del PGOU de 1987.

Y el primer edil no rehuyó el debate. En su exposición previa, ya había manifestado que las previsiones de crecimiento demográfico con las que se estaba trabajando en la definición del PGE apuntaban que Alicante podría alcanzar los 440.000 habitantes antes de lo previsto para superar a Las Palmas como la novena capital más poblada del país, por lo que apuntó que no solo debían procurarse los servicios públicos y las infraestructuras necesarias para dar cobertura a ese incremento de residentes. También apuntó a la necesidad de dar cobertura a la demanda residencial y apuntó que se apostaba por el crecimiento en altura (en lugar de por un urbanismo extensivo en superficie), así como por la regeneración integral de barrios. Y, además, añadió que el PGE contemplaría igualmente una delimitación específica de suelo de calidad para poder ampliar la planta hotelera local, al margen de que esté en trámite la modificación número 52 del PGOU actual para ordenar el sector y evitar la saturación, por la que se establece un índice de 0,187 plazas de alojamiento por habitante por cada distrito censal para autorizar nuevos usos turísticos. Al respecto, Barcala sostuvo que el equipo de gobierno era consciente de que la actividad hotelera era otro de los pilares que generaba empleo, por lo que el PGE contemplaría esa reserva de suelo para el desarrollo de nuevos proyectos, en términos similares a la reserva de parcelas para la construcción de centros educativos o centros de salud.

Infraestructuras: tren al aeropuerto, centro de congresos...

Pero no solo eso. El encuentro, que se prolongó durante cerca de dos horas, también sirvió para que los representantes de CEV Alicante le trasladasen cuestiones sobre los avances registrados en varias infraestructuras pendientes de desarrollo. Entre ellas, citaron el desarrollo del proyecto del Parque Central y la inclusión de la variante de Torrellano, en la que se incluye la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Barcala apuntó que la presentación de la propuesta sobre el Parque Central se produciría en fechas próximas, en cuanto pudiese encajarse en las agenda del ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que quedase cancelada como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En todo caso, señaló que en las conversaciones sobre esa planificación también se incluyen el resto de infraestructuras contempladas en el convenio suscrito en 2003 con motivo de la ejecución de las obras de la llegada del AVE, entre las que figuran la variante de Torrellano y el ramal con el aeródromo.

Además, señaló que esas dos últimas actuaciones estaban supeditadas, además, a la ejecución de un proyecto en el que también interviene la Autoridad Portuaria que comprende la construcción de una nueva rotonda y un paso soterrado en el entronque entre la avenida de Elche y el paso del ferrocarril que permita la conexión de la futura estación ferroportuaria con el trazado del Corredor del Mediterráneo.

Los empresarios le cuestionaron también sobre los tiempos respecto a la construcción del centro de congresos proyectado sobre las explanadas de los muelles 7 y 9 del Puerto. Y Barcala insistió en la información ya conocida hasta ahora: que el Puerto estaría concluyendo la modificación del Plan Especial que debe dar encaje a su construcción, y que ese documento debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Entre tanto, según dijo, la redacción del proyecto de ejecución estaría muy avanzada, con lo que no deberían producirse demoras para que se licitase su construcción en el momento en el que se contase con el beneplácito del Gobierno central a esa modificación del plan urbanístico del Puerto.

Además, en su exposición sobre los grandes trazos del PGE, el primer edil también concretó que habilitará hasta 2,5 millones de metros cuadrados de suelo apto para la implantación de empresas entre Aguamarga y el campus de la Universidad de Alicante (UA), así como grandes áreas de zona verde como el parque ya anunciado aprovechando el entorno natural de Las Lagunas de Rabasa o el parque agrario previsto en La Condomina, en el que se reintroducirían los cultivos tradicionales de Alicante. 

Por último, en el encuentro también hubo margen para que se le cuestionase sobre la controversia originada en torno a la construcción de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el edificio de Panoramis, así como sobre la posibilidad de que pudiese alcanzarse algún tipo de solución, como la clausura de la entreplanta que habría supuesto un exceso de edificabilidad. Barcala no se salió del guion y señaló al respecto que el expediente sobre las obras de la entidad cameral era una cuestión estrictamente técnica en la que tenían que pronunciarse la Concejalía de Urbanismo y la Autoridad Portuaria. Además, apuntó que el problema no se circunscribía únicamente a la sede de la Cámara, sino que se extendía sobre el conjunto del edificio de Panoramis, lo que ha propiciado que se requiera a Digital Córner (la empresa concesionaria de su explotación) para que abordase las modificaciones apuntadas por esas dos mismas instancias (Urbanismo y la Autoridad Portuaria).