ALICANTE. La constitución de la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) promovidas por la cooperativa Residencial Les Naus queda retrasada de nuevo. A priori, no se pondrá en funcionamiento hasta la próxima semana, según ha dado a conocer este martes el vicealcalde, edil de Recursos Humanos y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal de la Junta Local, al sostener que los tres expedientes informativos de averiguación interna seguidos respecto a la participación del Ayuntamiento en la gestión y compra de las 140 viviendas construidas sobre una parcela municipal subastada entre 2018 y 2022 continúan en curso.

Al respecto, ha señalado que se prevé que esos tres expedientes puedan quedar concluidos a finales de esta semana, cuando se completen los últimos interrogatorios a los funcionarios que pudieron tener algún tipo de participación en las decisiones que dependen del ayuntamiento respecto a la gestión de esa urbanización: la venta del solar del distrito de Playa de San Juan en el que se levantó la promoción, la concesión de licencia de obra y la liquidación del impuesto de plusvalías. En todo caso, Villar se ha mostrado confiado en que esa comisión municipal sea "productiva" y que en ella quede "clarísimo" qué responsabilidades y competencias tenía el Ayuntamiento respecto a la gestión de la promoción de Residencial Les Naus. También se ha referido a la causa abierta en un juzgado y a que en Les Corts ya se ha puesto en marcha la comisión de investigación a partir de la propuesta registrada por Vox, apoyada por PP y Compromís.

Al tiempo, Villar ha confirmado que el equipo de gobierno había tomado la decisión de apartar de los trámites de redacción del futuro Plan General Estructural (PGE) al arquitecto municipal Francisco Nieto que había comprado una de las VPP de Les Naus antes de que concluyese la instrucción del expediente que analiza su posible participación en esos expedientes, aunque no ha confirmado cuál era el motivo por el que se había adoptado esa medida. Al respecto, solo ha señalado que, en cuanto se cierre el expediente informativo, se concretará si esa medida es o no definitiva, o si procede adoptar algún tipo de decisión adicional.

Ese expediente también se sigue respecto a la segunda arquitecta municipal que también adquirió una vivienda en Les Naus, Elsa Lloret, a la que, según han confirmado fuentes del equipo de gobierno, también se la ha dado instrucciones para que se abstenga de participar en cualquier gestión relacionada con la promoción de viviendas de protección pública, aunque sigue ejerciendo funciones en el departamento de licencias. Se da la circunstancia de que Lloret es la esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda ya suspendido de empleo y sueldo después de que se detectase que había visado el contrato de su mujer sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) para evaluar si cumplía los límites de renta para poder adquirir una VPP a pesar de ser miembro de la misma unidad familiar conviviente.

Por lo pronto, el portavoz municipal de Compromis, Rafa Mas, ha señalado, en una comparecencia posterior, que su formación había tenido constancia de que Lloret había continuado facilitando citas a promotoras y gabinetes de arquitectura para resolver consultas relacionadas con la construcción de viviendas hasta este lunes, lo que se comunicó a miembros del equipo de gobierno, por lo que se ha cuestionado si había sido esa situación la que había propiciado que se le diesen esas instrucciones de no participar en esos expedientes.

Por último, Villar no ha llegado a precisar por qué no se había tomado ninguna medida respecto a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que sigue ejerciendo ahora como jefa del área de Contratación, a pesar de que sí se había adoptado decisiones respecto a Nieto y Lloret. Al respecto, se ha limitado a señalar que había dicho hasta donde podía decir y que cabía esperar a que se cerrasen los tres expedientes informativos para concretar si las medidas adoptadas se convertían en definitivas, si se retiraban o si procedía acordar otras decisiones adicionales.

Sea como fuere, Villar también ha incidido en que los expedientes informativos "no van contra nadie" y que no se ha tratado de buscar a un posible autor de una filtración respecto a la identidad de los compradores, para recalcar que el expediente relacionado con la liquidación del impuesto de la plusvalía únicamente trataba de demostrar que el equipo de gobierno no tuvo conocimiento de quién había adquirido las viviendas de Les Naus hasta finales de enero, a pesar de que las solicitudes de pago de ese impuesto se presentasen entre agosto y diciembre, como apuntó la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, en el pleno forzado por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem para que el alcalde, Luis Barcala, compareciese y ofreciese explicaciones sobre la polémica. En esta línea, el vicealcalde ha insistido en que las solicitudes de liquidación del impuesto no se habían abierto hasta el momento en el que trascendió la controversia, por lo que ha sostenido que se había cuestionado a los funcionarios del área de Hacienda para tener constancia de si alguno había tenido acceso a ellos con antelación.

Por último, a preguntas de los medios de comunicación, Villar ha confirmado que tanto la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, como la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, presentaron su renuncia a ambas responsabilidades en cuanto trascendió su vinculación con los pisos de Les Naus (Gómez compró uno, así como dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman), sin que se acordase su cese o destitución. Y, además, ha recalcado que sigue en trámite de estudio con la Conselleria de Vivienda la redacción del convenio por el que se delegará en el Ayuntamiento la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto, en el supuesto de que algunos de los compradores de las viviendas pretenda promover su venta a un tercero. Se trata de la única situación en la que la administración podría promover su recompra por el mismo precio de la primera adquisición.

La izquierda exige más explicaciones

Las manifestaciones de los portavoces del equipo de gobierno han propiciado reacciones entre los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que facilite "acceso al proyecto de obras presentado por la cooperativa Les Naus y que se informe de las posibles modificaciones que se hicieron, avaladas por el equipo de gobierno del PP". "Ahora sabemos que el pelotazo ha sido redondo. No sólo se repartieron viviendas entre cargos del PP y allegados, sino que además se produjo una venta de bajos comerciales y de 138 plazas de garaje a precio de mercado libre, lo que sin duda engrosó los beneficios. Todo en un suelo público que era de todos los alicantinos y alicantinas", ha asegurado, respecto a la posibilidad contemplada en la legislación para que se produzca la comercialización de esos espacios no sujetos a calificación de inmuebles protegidos. 

En todo caso, Barceló ha reclamado asimismo "que se convoque cuanto antes la comisión de investigación aprobada por el pleno, que está siendo retrasada deliberadamente desde hace más de un mes". "Barcala está más centrado en buscar al topo que ha tirado de la manta para destapar todo este escándalo que en esclarecer qué ha ocurrido realmente con este presunto tráfico de información privilegiada", ha opinado. En ese sentido, ha señalado que el alcalde "no busca la verdad, busca salvar su imagen para intentar reconducir su relación con Vox. Cuando se esfuerza tanto en salvar su imagen es es porque es consciente de que las cosas no se hicieron bien y él es el máximo responsable político".

Por último, la portavoz socialista se ha preguntado además por qué se ha apartado a un arquitecto municipal de los trámites relacionados con el Plan Vive y con el PGOU, "mientras que a otros, como a Pérez Hickman, se le mantiene al frente de Contratación". "Tendrá que explicarnos si es porque tiene algún temor a que Pérez Hickman cuente algo que no debe de contar. No sabemos por qué no se actúa igual con todos los funcionarios", ha apuntado.

En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha coincidido en la necesidad de "conocer el proyecto definitivo de la Urbanización Les Naus, por el que se traficó con nuestro suelo público y hacer negocio con las viviendas de protección. Hoy hemos conocido que se pudo hacer negocio con garajes y trasteros", ha apuntado, en alusión a esa posiblidad contemplada en la normativa sobre promoción de vivienda pública. "Queremos, por tanto, que se convoque ya la comisión municipal de investigación. Acusamos directamente al alcalde de querer dilatar el proceso y la convocatoria de la comisión, ejecutando así el manual del corrupto, que es dilatar, esconder, ocultar y perseguir, como está haciendo, a todo funcionario de cualquier área del Ayuntamiento que podría haber filtrado algún tipo de información", ha sostenido. "Queremos por tanto que Barcala declare en la comisión de Les Corts y del Ayuntamiento de manera urgente", ha añadido.

Además, ha detallado que "el viernes conocimos que la funcionaria arquitecta de Urbanismo tenía citas para licencias de obras. Ayer fuimos a Urbanismo y vimos que a las 12 tenía citas. A esa hora vimos al señor concejal de Urbanismo Toño Peral, se puso nervioso al preguntarle por qué estaba la arquitecta dando citas. Creemos que fue ahí cuando se le quitaron competencias. Pero esto lo queremos por escrito, cuando el señor Toño Peral quitó las competencias. Desde Compromís nos preguntamos por qué no se hace lo mismo con la señora Pérez - Hickman", ha concluido.