ELCHE. Avanza el trámite para encargar el nuevo catálogo de protecciones ilicitano. De hecho, salvo problemas de cara a documentación o poder formalizar el contrato, ya tendría adjudicatario, que sería el despacho de El Campello BAU Arquitectos. La empresa alicantina era la otra aspirante junto a la ilicitana ARN Arquitectos, que finalmente ha sido descalificada del proceso, quedando únicamente la mencionada compañía campellera.
En diciembre la Mesa de Contratación requirió a ambas firma la subsanación de sus propuestas presentadas. En el caso de BAU Arquitectos la misma fue aceptada para seguir en el proceso, mientras que la de ARN, en la que se solicitaba aclarar distintas cuestiones respecto a la forma jurídica bajo la que se presentaban al proyecto, no se dio por solucionada. La Mesa consideró que la continuidad de la mercantil en la licitación exigiría un nuevo trámite de aclaración o subsanación, pero que no es posible en aplicación de la doctrina del Tribunal Central de Recursos, por lo que finalmente ha quedado excluida del concurso público.
No obstante, aún queda la apertura de los sobres sobre el proyecto, tanto la propuesta técnica como la económica. Cabe recordar que la firma de El Campello, denominada oficialmente Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, presentó, como la firma ilicitana, un equipo multidisciplinar formado por varios arquitectos, un topógrafo, un arqueólogo, una antropóloga, un licenciado en Historia del Arte y la Fundación Cidaris (quienes gestionan el Mupe) para la parte paleontológica.
En cuanto a su experiencia en este ámbito, se ha encargado entre otros proyectos, del Plan Director para valorizar el sistema hidráulico de Qanats (Crevillent), de las obras de consolidación y restauración del Castillo de Forna (Adsubia), de la restauración en la iglesia Santas Justa y Rufina (Orihuela), así como elementos patrimoniales de Alicante o del catálogo de edificios protegidos de Crevillent.
Con el nuevo catálogo se quiere abarcar todo lo urbano, el patrimonio natural, arqueológico, paleontológico e incluso arbóreo. Además del registro del palmeral, cuestión pendiente desde la declaración de Patrimonio Mundial en el año 2000, y la renovación del Plan del casco histórico. Y para todo ello, a priori un plazo de 10 meses, aunque son unos plazos irreales según abogados especialistas en la materia, dado que cada documento deberá contar con las consultas públicas sectoriales, exposiciones de participación, pasar el filtro autonómico en distintas ocasiones... En cualquier caso, se trata del gran impulso normativo para el patrimonio cultural ilicitano.