Barcala justifica las obras concentradas en verano por criterios técnicos y niega interés electoral

ALICANTE. La ejecución simultánea de las obras de mejora peatonal y calmado del tráfico puestas en marcha en el eje Marvá-Gadea y en el Paseo de los Mártires de la Libertad, incluidas en el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante, ha copado gran parte del protagonismo en el primer pleno ordinario del nuevo mandato, este jueves, con el debate de hasta cuatro iniciativas distintas en relación a su desarrollo y a las fechas escogidas para ello.

La primera de ellas, ha sido la promovida por el grupo municipal de Compromís: una propuesta con la que se pretendía crear una comisión para abordar la coordinación de las obras municipales entre las concejalías con los agentes sociales y económicos de la ciudad de Alicante. La edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, ha defendido la necesidad de establecer una línea de comunicación con todos los agentes sociales para evitar la situación de "caos" circulatorio que, a su juicio, se está registrando en la actualidad como consecuencia de la realización de esos proyectos de reurbanización, "sin que exista un modelo de ciudad a seguir", con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para los negocios vinculados al sector turístico. 

De hecho, los representantes de una decena de asociaciones empresariales de ese ámbito, que ya mantuvieron un encuentro con el alcalde, Luis Barcala, para plantear medidas que contribuyesen a minimizar esos efectos negativos, registró este miércoles una carta dirigida a los 14 concejales del equipo de gobierno (puede leerla en este enlace) con el fin de reclamar respuestas respecto a esas propuestas, entre las que se incluía la reducción horaria para evitar molestias, la creación de aparcamientos disuasorios provistos de lanzaderas para facilitar los desplazamientos al Centro o la determinación de compensaciones por el perjuicio ocasionado.

Con todo, esa primera iniciativa política no ha prosperado al no contar con el respaldo de la mayoría de concejales de la corporación. En primer término, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado necesaria dicha comisión para evitar los perjuicios que, en su opinión, habría conllevado la falta de información sobre su desarrollo. En segundo lugar, el grupo municipal de Vox, a través de su edil Juan Utrera, ha considerado que la creación de esa comisión implicaría dar carta de naturaleza a la implantación de la ZBE que su partido rechaza, aunque ha expresado su preocupación por el perjuicio generado por la realización de los proyectos de reurbanización sobre pymes y autónomos del sector hostelero y del comercio. Además, ha señalado que crear una comisión para sentar a vecinos, comerciantes y hosteleros sería contraproducente si lo que se pretende es alcanzar un consenso. 

En tercer término, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha anticipado su apoyo, aunque ha considerado que esta comisión no sería necesaria en la medida en que ya existen órganos como el Consejo Social de la ciudad, "que no se convoca", según ha incidido, o la comisión informativa de Urbanismo. En todo caso, ha derivado la responsabilidad de los perjuicios de las obras al equipo de gobierno en la principal zona turística de la ciudad, tras señalar que el PSOE planteó una propuesta para que se evitase la ejecución de obras durante la temporada estival en el pasado mandato, que quedó rechazada.

Por su parte, la portavoz del PP y responsable (provisional) de la Concejalía de Urbanismo, Mari Carmen de España, ha reconocido que las obras son molestas, pero ha defendido su futuro beneficio tanto en la transformación de la ciudad como en el conjunto de negocios situados en las zonas en obras. En todo caso, ha incidido en que, además, ya existen mecanismos de participación respecto al desarrollo de esas obras "puesto que es una obligación en todas las obras que cuentan con financiación europea". Además, ha señalado que "vamos a seguir ejecutando obras" porque son necesarias, por lo que ha recriminado a la oposición que "a ustedes lo que les molesta es que trabajemos, a diferencia de lo que hicieron ustedes".

En la réplica, Llobell ha incidido en la falta de planificación de las obras y en la necesidad de instaurar mecanismos de participación y comunicación. Copé ha apuntado que "no nos preocupa la ejecución de obras" sino la falta de coordinación". Utrera ha reiterado que quien debe coordinarse es el equipo de gobierno. Amorós ha instado al alcalde a comparecer para explicar bajo qué criterios se ejecutan obras en plena temporada turística y sin información previa a los sectores afectados. Y De España ha insistido en la necesidad de la ejecución de las obras y ha reprochado a la oposición que acuse al PP de no respaldar a los autónomos y los pequeños empresarios. En último término, la moción ha sido rechazada con los votos de PP y Vox (17) y el respaldo de los 11 ediles de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Comparecencia de Barcala

En segundo término, se ha producido la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, en respuesta a la solicitud formulada por el PSOE. Su portavoz municipal, Ana Barceló, ha intervenido para sostener que "no estamos en contra de la ejecución de las obras, sino de su falta de planificación que hasta le recrimina el interventor municipal y que generan caos". Así, ha sostenido que el primer edil primó los intereses del PP frente a los intereses de la ciudad al reprogramar el calendario de ejecución de esas obras. 

En esta línea, ha lamentado que no ha habido coordinación y que no se informó con carácter previo a los sectores económicos vinculados al turismo. Al tiempo, ha detallado los problemas de tráfico generados en puntos como Alfonso el Sabio, tanto para el vehículo privado como para el transporte público, tras incidir en que las obras en ejecución simultánea afecta a una superficie de 135.000 metros cuadrados. En todo caso, ha coincidido en reconocer el beneficio económico que las obras depararán en cuanto estén finalizadas.

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, se ha limitado a considerar necesaria la comparecencia del primer edil, mientras que su homólogo de Compromís, Rafa Mas, se ha retrotraído al momento en el que Barcala accedió a la Alcaldía, en 2018, con el voto en blanco de la exedil de Guanyar, Nerea Belmonte, aunque ha reconocido que, en la actualidad, es un alcalde legítimo elegido en elecciones. Después, se ha centrado en el objeto de la comparecencia para cuestionarle sobre los motivos por los que se decidió reprogramar las obras que debían reiniciarse después de la Semana Santa y por qué no informó con carácter previo a los sectores afectados. De igual modo, se ha referido a los reproches sobre la falta de ejecución presupuestaria y ausencia de planificación que apunta el informe de liquidación presupuestaria del departamento de Intervención.

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que "el caos" generado por la ejecución de las obras en la principal zona turística de la ciudad "ya no tiene solución", después del "cambio de opinión" experimentado por el alcalde y se ha cuestionado sobre qué encaje jurídico podría haber para establecer posibles reparaciones a los sectores afectados por la ejecución de esos trabajos.

Ya en su intervención, el primer edil ha vuelto a insistir en que "las obras son molestas" y que "una de nuestras responsabilidades es la de minimizarlas". Además, ha recalcado que su ejecución es necesaria para mejorar la ciudad y "tenemos la responsabilidad" de desarrollarlas. En tercer lugar, ha señalado que las obras que coexisten en la actualidad "son muchas más de las que han mencionado" y ha tratado de explicar por qué se están ejecutando en la actualidad. Así, ha señalado que existen unos plazos de ejecución delimitados que concluyen a 31 de diciembre en gran parte de los casos, en función de las bases de los Fondos Next Generation y de los del IDAE. 

Sobre los proyectos concretos, ha señalado que en el conjunto de España se están ejecutando proyectos por valor de 1.500 millones de euros, por lo que, según ha remarcado, la realización de obras en este momento no es una situación particular de Alicante. Así, ha señalado que en otras ciudades como Barcelona o Madrid también se están desarrollando otras obras similares: 47 y 36 en cada caso, que afectarían a ejes principales o a infraestructuras del transporte público, como el metro. "Si lo quieren plantear como que es una excepción, se equivocan", ha señalado. Además, ha negado la teoría de que las obras se programasen "en función de las citas electorales", ante la hipótesis de que se hubiesen aplazado hasta después de las municipales del 28 de mayo para no generar malestar entre la ciudadanía, y ha recriminado que el representante de Compromís pusiese en cuestión el procedimiento de elección democrática tras señalar que la coalición valencianista "es una minoría" con dos ediles, frente a los 14 de los que dispone el PP.

De igual modo, se ha referido a los plazos de ejecución de cada obra, con una planificación "que no la hace el equipo de gobierno", sino los técnicos de cada obra y responsables de cada constructora concesionaria. Al tiempo, ha añadido que otro factor clave ha sido la disponibilidad presupuestaria "y no negaré el hecho de que tener que tirar de presupuestos prorrogados ha retardado el inicio de alguna de las obras, pero no significativamente", ya que la financiación de las obras de Marvá-Gadea y del Paseo de los Mártires se cubre, en parte, con cargo al crédito bancario solicitado por el ayuntamiento en 2022. Así, ha apuntado que, con la segunda modificación de crédito, se cubrió el resto de fondos necesarios.

Respecto a plazos concretos, sobre el frente marítimo de La Explanada, ha señalado que la primera fase se ejecutó entre febrero y marzo. Al respecto, ha señalado que, entonces, se detectó la necesidad de abordar una actuación imprevista sobre la red de drenaje como elemento imponderable. Así, según ha explicado, se concretó que la segunda fase se abordaría después de les Fogueres.

Sobre el eje Marvá-Gadea, ha señalado, en primer término, que en la obra de Ramón y Cajal se detectó que los colectores presentaban un estado muy deficiente, lo que habría motivado su prolongación. Así, ha argumentado que se realizaron nuevas catas en Gadea y se constató que las redes de aguas estaban en las mismas o peores condiciones, lo que habría motivado que se ampliase el proyecto original con un incremento de los plazos de ejecución. "Más obra, en consecuencia, más plazo, y se programa para que estén a 31 de diciembre", ha enfatizado.

Respecto a la conveniencia de la fecha, ha apuntado que julio y agosto sería el periodo de meses de menor afluencia de circulación, según los técnicos municipales. Así, ha explicado que había dos opciones: el corte por carriles alternos, de ocho meses, o el corte total, por dos meses. En ambos casos, según ha señalado se producirían igualmente afecciones de tráfico. Sobre Marvá-Gadea, ha argumentado que concurría la misma circunstancia: una planificación a 12 meses o una reprogramación con cuatro equipos de trabajo simultáneos, por la que se acabó optando. De este modo, ha señalado que está previsto reabrir el eje de Soto al transporte urbano en octubre, como ya había informado este diario.

Desde noviembre y con informes

En su larga intervención, también se ha referido a los informes del área de Tráfico de noviembre de 2022 para señalar que otro de los condicionantes era la de no afectar a la celebración de la regata Ocean Race y a las fiestas de Fogueres. Así, ha señalado que es en ese mes de noviembre cuando, "en una reunión coordinada" de todas las áreas afectadas, se propone que las obras en el frente litoral se realizan en julio y agosto de este año en un planteamiento que quedaría justificado al considerar la reducción de los flujos de tráfico, en la medida en que, en ese periodo, no concurrirían los desplazamientos relacionados con el curso escolar.

Acto seguido, ha señalado que también se están desarrollando obras simultáneas en obras como la del músico Óscar Tordera con la particularidad de que, en este caso, no conllevan afecciones sobre el tráfico. Así, ha concluido que, con el detalle del contenido de esos informes, se habría justificado que el calendario para la realización de las obras se habría apoyado en esas recomendaciones técnicas.

Barcala también ha apuntado que las obras no pueden ejecutarse sin la elaboración de los estudios de seguridad y salud, en la que se recogen las medidas de seguridad a adoptar, incluidas las de los vehículos de los servicios de emergencias o las que afectaban a la movilidad de las personas, a los vados y a las zonas de paso. En este sentido, se ha remitido a decisiones como el refuerzo de la señalética y su modificación en función de las necesidades, o el refuerzo de la ciudad "frente al caos absoluto" de los primeros días del corte, que se disipó con la redirección de los tráficos hacia otros itinerarios.

En cuanto a los servicios de emergencia, el primer edil ha defendido que está garantizado su acceso. Y sobre las reuniones previas informativas, ha mantenido que se mantuvieron encuentros con vecinos y comerciantes en el eje Marvá-Gadea. Sobre los horarios, ha señalado que los propios contratos prevén la realización de trabajos nocturnos, pero "no se considera necesario" y se ha mantenido lo que han planteado las empresas y los comités de empresa de cada constructora adjudicataria. 

En lo que concierne a los objetivos de las obras, ha señalado que se trata de conseguir el calmado del tráfico y su redirección en otros itinerarios, como la Gran Vía, la Vía Parque y la circunvalación, sobre todo "para el tráfico de paso". Y que, además, también se prevé la reducción del ruido, gracias al uso de asfalto fonoabsorbente.

El primer edil ha señalado, asimismo, que es habitual que se realicen obras en verano. No solo en Alicante, sino en muchas ciudades, porque ello "tiene sus ventajas", como la reducción de los movimientos o la ausencia de los desplazamientos a los colegios; "el horario de luz es más amplio y hay menos fenómenos meteorológicos", ha enfatizado. Por todo ello, ha sostenido que las decisiones no se adoptaron "de forma arbitraria o caprichosa", sino que obedecieron a las recomendaciones de los técnicos para que se concentraran en verano y con restricciones totales al tráfico. 

Y, por último, se ha referido a la viabilidad jurídica de las compensaciones o las medidas planteadas por el sector turístico, para explicar que algunas de esas propuestas "los técnicos consideran que no son viables, como la modificación del giro en la Plaza del Mar". Respecto a las compensaciones, ha señalado que se prevé agilizar la respuesta a los expedientes de responsabilidad patrimonial para los casos en los que exista un daño objetivo y directo generado por las obras, al margen de la puesta en marcha del refuerzo de los bonos comercio o bonos gastronómicos. Al término de sus explicaciones, se ha podido escuchar la protesta de activistas vecinales contrarios a la ejecución de las obras de reurbanización en pleno verano al considerar que afectan al arbolado, que han proferido gritos como "no a la tala".

Propuestas de Vox y Esquerra Unida Podem

La tercera propuesta relacionada con la ejecución de los proyectos de reurbanización, que se ha debatido con posterioridad en el transcurso del pleno, ha sido una iniciativa registrada por Vox por la que se trataba de instar al equipo de gobierno a adoptar medidas para comunicar con una antelación mínima a vecinos, comerciantes y hosteleros el inicio de las obras públicas realizadas en Alicante. Tras una intervención previa del presidente de Alroa, Javier Galdeano, en representación de la decena de asociaciones relacionadas con el sector turístico, que han planteado medidas alternativas para minimizar las afecciones de esas obras (precisamente, para reclamar respuesta a esas peticiones), el edil de Vox, Juan Utrera, ha defendido que resulta esencial que pueda arbitrarse un sistema de comunicación previa de tres meses de antelación sobre el desarrollo de esos trabajos para que los comerciantes y hosteleros puedan planificar la gestión de sus negocios, sin acumular stock o contratar personal innecesario.

La propuesta ha sido compartida, en parte, por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem, aunque su portavoz, Manolo Copé, ha considerado que existe el Consejo Local de Comercio para que pueda fluir esa información. En todo caso, ha señalado que el tiempo de preaviso de tres meses podría ser arbitrario, por lo que ha anticipado su abstención. Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha recriminado a Vox que no secundase su moción previa, aunque ha anticipado que no se opondría a la propuesta del partido de extrema derecha. La edil del PSOE, Victoria Melgosa, se ha pronunciado en parecidos términos, al recordar que existen otros mecanismos para comunicar el inicio de las obras. A la postre, la iniciativa se ha aprobado por 17 votos (PP y Vox) frente a los once votos de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Y, por último, se ha debatido la iniciativa de Esquerra Unida Podem por la que se planteaba la creación de carriles prioritarios para la circulación del transporte público urbano en las vías en las que se ha derivado su tráfico tras las restricciones al tráfico propiciadas por las obras de reurbanización del Centro. Compromís ha defendido la iniciativa como necesaria, tras recordar que la creación de carriles bus es una obligación legal. Vox, sin embargo, ha considerado que esa medida ampliaría el tiempo para los desplazamientos para cruzar la ciudad, que su edil Óscar Castillo ha llegado a cifrar en hora y media. 

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha recriminado que no se haya adoptado medidas adicionales para preparar la aplicación de esas restricciones de tráfico con la suficiente antelación, si se tenía en cuenta que la decisión de ejecutarlas ahora se había adoptado en noviembre del año pasado. En esta línea, también ha denunciado que un mecanismo de información al que puedan recurrir cualquier ciudadano, de Alicante o de fuera de la ciudad, como la página web municipal no recoja datos reales sobre el estado del tráfico en zonas como el Paseo de los Mártires de la Libertad.

Por su parte, el concejal de Transportes, Carlos de Juan, ha defendido que la medida planteada por Esquerra Unida Podem resulta inviable en la medida en que supondría provocar "el colapso absoluto y real" de los ejes transversales a las avenidas de Alfonso el Sabio y de Estación, aunque ha asegurado que sí se han adoptado otras medidas sugeridas por el comité de empresa de la compañía responsable del servicio público de transporte en autobús. Al margen de ello, ha aportado datos sobre la evolución del tráfico tras el inicio de las restricciones para sostener que, tras su puesta en marcha en el eje Marvá-Gadea y en el Paseo de los Mártires de la Libertad, otras vías experimentaron un incremento del 20 al 60% en el número de vehículos asumidos, lo que se traduce en de 12.000 a 16.000 vehículos diarios. No obstante, dos semanas después, se habría alcanzado "una estabilidad de tráfico gracias al uso de itinerarios alternativos" y existiría la previsión de que "en agosto se reducirá entre un 20 y un 30%". De este modo, en el turno de votación, la iniciativa ha quedado rechazada también con 17 votos (PP y Cs) y el apoyo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Los otros acuerdos

Con todo, durante la primera sesión del mandato también se ha debatido sobre otras decisiones de calado, como la aprobación de la tercera modificación de crédito del presupuesto prorrogado de 2022, por un importe de 48,7 millones para atender gastos comprometidos como la factura energética o la bonificación del servicio de transporte público en autobús, además de la subida de los sueldos de los funcionarios y la incorporación de tres millones en ayudas a pymes y autónomos-

Además, también se ha descartado la creación de una comisión sobre el seguimiento de los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos y se ha dado cuenta del balance de las denuncias impuestas al aplicar la polémica ordenanza de convivencia cívica, aprobada en febrero de 2022. Todo en una sesión marcada por la coincidencia en las posiciones de voto del PP y Vox en todos los asuntos que han requerido de votación, en sintonía con lo que ya venía sucediendo en el mandato precedente, salvo en cuestiones concretas como los proyectos de implantación de la ya citada ZBE, por ejemplo.