Las ayudas por la crisis de 2023 de Diputación llegan a 1.030 pymes de Elche con 1,2 millones

ELCHE. Después de los distintos paquetes de ayudas aprobados por las administraciones públicas por todos los problemas económicos derivados de la pandemia, 2023 ha sido otro año en el que se han seguido impulsando este tipo de actuaciones por la elevada inflación y costes de materias primas o carburante por la invasión rusa de Ucrania. La última de ellas ha sido la de la Diputación de Alicante, que en su pack de ayudas a la crisis de 2023, ha repartido 1,2 millones de euros a 1.030 pequeñas empresas y autónomos de Elche.

Esta línea de ayudas de la entidad provincial iba destinada a aquellas persona autónomas o pymes cuya media de los rendimientos netos de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, fuera igual o inferior a la media de rendimientos netos obtenidos en los mismos meses durante la anualidad 2021. Los gastos que la Diputación subvenciona son la cuota de autónomo, alquiler mensual del negocio, gastos de intereses de préstamos de adquisición del local de negocio y factura de energía eléctrica y gas de la empresa.

En total han sido justo 1.030 las empresas que se han podido sumar, cubriendo el tope que había consignado la Diputación para Elche: 1.213.037 euros. Esto significa que aunque el máximo que se podía pedir ascendía a 5.000 euros por solicitante, en el grueso de los casos justificado, fuera esta o cantidades menores, finalmente se ha repartido entre todos de forma proporcional a la ayuda solicitada y justificada. Esto supone que el máximo otorgado a cada pyme o autónomo ha sido de algo más de 1.500 euros, mientras que el resto, ya por debajo, varía bastante, dependiendo de lo planteado.

Como cabía esperar, se ha superado con creces el valor de lo presupuestado. Frente al 1,2 millones preparado, se han solicitado ayudas por valor de algo más de 4 millones de euros, siendo justificados 3,8 millones. Entre los beneficiados hay perfiles de todo tipo, desde autónomos a establecimientos de barrio, compañías de servicios profesionales o firmas de calzado. Con la avalancha de solicitudes, tan solo se han desestimado unas 60 por no cumplir los requisitos establecidos.