Panorámica de la Plaza de Toros de Alicante y su entorno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Un movimiento inesperado frente al acuerdo de suspensión de licencias en el entorno de la Plaza de Toros de Alicante por parte de un reconocido gabinete de arquitectura de Madrid, A-Cero Torres y Llamazares, obliga al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) a dar una respuesta acelerada. Tanto que se prevé someter a debate y votación en el pleno ordinario de julio, este jueves, como asunto de urgencia.
Ese movimiento no es otro que el registro de un recurso de reposición por parte de dicho gabinete frente a la decisión de bloquear la tramitación de permisos urbanísticos en los edificios o solares situados en el perímetro del coso taurino (de propiedad municipal), que se aprobó en pleno en mayo de este año. En concreto, la impugnación promovida por A-Cero -el estudio creado por los arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares señala que el bloqueo a la tramitación de esos permisos "supone un perjuicio para todo el colectivo de arquitectura, suponiendo con ello una pérdida cuantificada de proyectos a llevar a cabo por tratarse de una zona céntrica de la ciudad de Alicante y que se encuentra en total expansión". Al tiempo, el recurso añade que la decisión de suspender la tramitación de permisos adolece de arbitrariedad y falta de motivación.
En esta línea, el recurso -con fecha de 21 de julio- solicita que se declare la nulidad del acuerdo y que se suspenda su ejecución, justo solo unos días después de que se produjese su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) como último trámite necesario para su entrada en vigor. Como informó este diario, la congelación en la tramitación de permisos se justificó en la necesidad de regular la ordenación urbanística de ese ámbito concreto, la denominada Operación Integrada número 4, mediante la redacción y aprobación de un Plan Especial específico. En principio, la suspensión de permisos se acordó por un plazo máximo de dos años con la previsión de que dicho documento de planificación pudiese quedar terminado con antelación.
La estimación del recurso supondría volver a admitir la tramitación de propuestas de transformación en ese cuadrante, delimitado por el extremo norte de la Plaza de Santa Teresa, parte de la Plaza del Hospital, y las calles Valencia, Espoz y Mina, Sevilla, San Carlos y el tramo sur de la avenida de Xixona. Un entorno en el que en la actualidad no existe ninguna disposición que delimite parámetros como las alturas permitidas o las características de los edificios a construir junto al inmueble de la Plaza, lo que impediría que se guardase un criterio homogéneo para ordenar y preservar su entorno.
Los arquitectos Torres y Llamazares. Foto: A-CeroEn cualquier caso, la respuesta que el bipartito pretende dar a esa impugnación es la de desestimación con el fin de mantener la hoja de ruta inicial: redactar el Plan Especial que fije condiciones a las nuevas promociones que puedan desarrollarse en esa localización. Así, el rechazo al recurso quedará justificado con el respaldo de un informe jurídico en el que se niega la legitimidad del estudio de arquitectura para impugnar el acuerdo.
En ese dictamen, se subraya que el gabinete formado por Torres y Llamazares, especializado en el desarrollo de proyectos de edificios residenciales con diseños singulares, no acredita la existencia de un interés directo en el ámbito afectado por la suspensión por el que pudiera alegar un hipotético perjuicio, ya que no concreta que tenga encomendado ningún trabajo encuadrado en la OI/4, ni que sea propietario de algún solar o que disponga de alguna petición de licencia en trámite.
Además, el informe también abunda en que el estudio recurrente no concreta cuál sería el hipotético perjuicio de difícil o imposible reparación que se generaría en el caso de que la suspensión de licencias no quedase anulada, más allá de cuestiones genéricas como "posibles ocupaciones ilegales debido a la suspensión de la concesión de licencia, deterioros de edificios ubicados en el centro histórico de la ciudad, pérdida de materiales de la construcción, molestias a los viandantes, etc".
Y, por último, el dictamen concluye que, en realidad, el perjuicio al interés general sería mayor en el caso de que se revocase la suspensión de licencias, en la medida en que se vería afectada la pretensión de la administración pública de acordar una ordenación urbanística para la zona que se vería afectada o condicionada por la tramitación de los proyectos que pudiesen presentarse durante el tiempo en el que se demorase la entrada en vigor de esa planificación. A ello añade, además, que la jurisprudencia existente al respecto considera que la suspensión de licencias es una medida temporal en la que prevalece la ponderación del interés general.
En base a esas consideraciones, PP y Cs solicitarán el respaldo al resto de grupos políticos municipales (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) para rechazar el recurso en un propuesta de acuerdo que debe tramitarse como asunto de urgencia en la medida en que se dispone de un plazo de un mes para contestarla de manera formal y ese requisito no sería posible de no tratarse en el pleno del mes de julio, ya que en agosto no se celebrará sesión plenaria.
