Alicante busca soluciones exprés para otro enero con urgencias: cuentas y plantilla de Acción Social

ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), busca soluciones para atajar dos de las situaciones urgentes que suelen repetirse con la llegada de enero al menos durante los últimos cuatro años. Se trata de la tramitación de los presupuestos municipales y del personal de refuerzo adscrito a la Concejalía de Acción Social, cuyos contratos quedaron extinguidos el pasado 31 de diciembre. Así lo ha concretado este lunes el alcalde, el popular Luis Barcala, tras el acto de puesta en funcionamiento del centro de mayores de Plaza de América, al asegurar que se confía en propiciar el desbloqueo de los dos acuerdos en los próximos días. 

En concreto, el primer edil ha sostenido que la propuesta de planificación económica para el ejercicio de 2022 podría aprobarse en Junta de Gobierno entre finales de esta semana y principios de la próxima. En esta línea, ha apuntado que el borrador sigue pendiente de la emisión del informe de fiscalización por parte del interventor municipal. No obstante, ha asegurado que el alto funcionario habría acordado anticipar su regreso de las vacaciones navideñas con la intención de concluir la revisión del proyecto presupuestario en el menor plazo posible. 

A partir del momento en el que las cuentas queden aprobadas en Junta de Gobierno, se abrirá un plazo de seis días para que los cuatro grupos políticos de la oposición puedan presentar enmiendas para su debate en la comisión de Hacienda. Una vez que se cuente con un dictamen de la comisión, se convocará un pleno extraordinario para que el presupuesto pueda exponerse a su aprobación provisional. Previsiblemente, esa convocatoria podría producirse en el margen de las dos próximas semanas.

Mientras, según han indicado fuentes del bipartito, se mantienen contactos discretos con los grupos opositores con la intención de recabar el respaldo o la abstención que resulta necesaria para que el presupuesto pueda prosperar. No obstante, lo cierto es que PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox aseguran que no se ha producido ninguna nueva aproximación adicional al margen de la ronda de contactos celebrada durante la penúltima semana de diciembre. Así, PP y Cs no tendrían todavía ninguna garantía de que las cuentas puedan superar el filtro de su primer debate en pleno.

En segundo término, Barcala también ha apuntado que se sigue trabajando para agilizar la continuidad de los 101 trabajadores adscritos al departamento de Acción Social que -una vez más- volvieron a quedar despedidos el 31 de diciembre, tras la extinción de la duración de sus contratos. El final de esas contrataciones se produjo pese a la firma del contrato programa con la Conselleria de Políticas Inclusivas con el que se garantizaría la financiación autonómica de sus costes laborales. Sea como fuere, el primer edil ha insistido en que se sigue trabajando en una solución entre los departamentos de Recursos Humanos y de Intervención con el propósito de evitar demoras en la cobertura de esos puestos. En todo caso, el primer edil ha incidido en que "la competencia sobre la prestación es de la Generalitat y somos los ayuntamientos los que las asumimos, pero se nos tiene que procurar los medios necesarios para que podamos gestionarla", ha recalcado.

El equipo de gobierno sostiene que se sigue negociando sobre el presupuesto mediante contactos discretos que la oposición no confirma

En este sentido, ha señalado que se prevé disponer de una solución en el margen de una semana que permita que el departamento de Intervención "autorice la disposición del gasto para formalizar las contrataciones", a partir de la bolsa de empleo a la que regresaría, ahora, el personal que ha venido desempeñando el trabajo a lo largo del último año.

Sea como fuere, la repetición de ese proceso de despidos y nuevas contrataciones ha suscitado la crítica de algunos de los grupos que ejercen funciones de oposición, como Compromís. Para su edil Rafa Mas, "el gobierno del alcalde Luis Barcala y la concejala de Acción Social Julia Llopis, vuelven a destrozar los servicios sociales. Vuelven a despedir a casi toda la plantilla a 31 de diciembre provocando el colapso en un servicio que es esencial para luchar contra la desigualdad. Desde que gobierna el bipartito, año tras año, somos el único municipio que se permite el despido de más del 60% de la plantilla a pesar de ser un servicio esencial y, este año, haber firmado el Contrato Programa con la Generalitat en octubre".

Así, ha añadido que "por un lado, vemos el enorme esfuerzo presupuestario de la Conselleria de Mónica Oltra para ampliar las plantillas - se prevé con el contrato programa contratar a más de 235- y cumplir la ley de Servicios Sociales en Alacant y, por otro, observamos el boicot enfermizo del gobierno de Barcala a las políticas del Botànic, e incluso a las que luchan contra la pobreza y la desigualdad", ha concluido.