ALICANTE. La labor de supervisión desarrollada por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante sobre los baluartes que componen el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta en los últimos meses ha concluido con la apertura de dos nuevos expedientes en los que se requiere la realización de trabajos de mantenimiento a sus respectivos propietarios.
Se trata de los edificios de la Torre Soto y de la Torre del Ciprés, en ambos casos en manos privadas, a cuyos titulares ya se les ha advertido con la imposición de multas coercitivas y con la posibilidad de que el ayuntamiento ejecute esa tarea de limpieza y reparación con carácter subsidiario, en el caso de que no se asuma ambas obligaciones de manera voluntaria.
La situación de las dos torres reflejada en esos expedientes es distinta. Según fuentes municipales, en el caso de la Torre Soto, los técnicos de los departamentos de Patrimonio y Conservación de Inmuebles apremian a los dueños a limpiar las pintadas detectadas y los restos de residuos observados en el entorno del inmueble. Así, se trataría, en cierto modo, de una intervención menor, sin necesidad de que se acometiesen obras de restauración urgentes.
No obstante, esa situación sí concurre en el caso de la Torre del Ciprés. En realidad, sobre las deficiencias en su estado de conservación ya se han abierto al menos tres expedientes previos en los años 1999, 2013 y 2015, en los que se alertaba de la necesidad de acometer reparaciones para evitar el riesgo de desprendimientos o derrumbes. Tanto es así que, según las mismas fuentes, ya se acumularían propuestas de sanción por una suma superior a los 19.000 euros.
AYUNTAMIENTO O GENERALITAT PODRÍAN ACORDAR LA EXPROPIACIÓN DE LA TORRE DEL CIPRÉS PARA GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN
De hecho, en esos expedientes se adjunta un informe sobre el coste que podría tener su rehabilitación en el que se calcula un precio de hasta 479.000 euros. En la intervención recomendada se incluiría tanto la torre como su ermita anexa.
Hasta ahora, los propietarios -al parecer, una familia con varios herederos- no ha respondido a los requerimientos de rehabilitación que se han formulado a lo largo de esos años. Por ello, la Concejalía de Urbanismo trata de concertar un encuentro con la intención de alcanzar una posible solución que facilite la reparación del baluarte, bien por ejecución directa por parte de sus propietarios, o bien por parte de la administración. Además, en ese último supuesto, el Ayuntamiento o la propia Generalitat podrían ejecutar la expropiación del baluarte para garantizar su conservación y acometer una futura labor de restauración, según las mismas fuentes.
A esos dos expedientes, se sumaría, además, las observaciones realizadas sobre otras dos torres de propiedad municipal: la Torre Ferrer, en la que ya se estaría adoptando soluciones, y la Torre Placia, que sigue pendiente de que se ejecute su restauración y traslado a una zona verde colindante, en cumplimiento de una sentencia dictada por el TSJ.