Una señal informativa sobre el sistema de estacionamiento controlado en el Centro de Alicante.ALICANTE. La propuesta de extensión del sistema de estacionamiento controlado -conocido como ORA o zona azul- que plantea el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), para garantizar una mayor rotación de vehículos que facilite el aparcamiento en la vía pública comienza a sustanciarse en cifras concretas. El planteamiento que se baraja como fórmula probable supone la creación de un mínimo de 3.077 nuevas plazas reguladas sujetas a una ocupación por tiempo limitado tanto en la modalidad de zona azul, para residentes y visitantes, como en la de zona naranja, en la que se recogerá su uso gratuito para residentes que dispongan de la correspondiente tarjeta ciudadana acreditativa de dicha condición.
Ese es, cuando menos, el primer escenario previsto en el estudio de viabilidad elaborado por la consultora Ingartek que forma parte del proceso previo para licitar la concesión sobre la explotación de ese sistema, que ahora permanece en fase de exposición pública. Ese escenario hasta cierto punto preferente, que se identifica como escenario A, prevé que pueda pasarse de las 1.873 plazas de estacionamiento regulado existentes en la actualidad (1.121 plazas de zona azul básica, 216 de zona azul de media estancia, 78 de zona azul comercial y 458 de zona naranja) a un total de 4.950 reguladas, lo que depara el incremento ya citado de 3.077 plazas más. Además, se incluye una segunda hipótesis, identificada como escenario B, con el que se llegaría a crecer hasta las 7.808 plazas (5.935 de nueva creación). Por último, se contempla incluso un tercer supuesto con un crecimiento intermedio, que en el estudio se identifica como propuesta, en el que se apunta a la disponibilidad de un total de 5.935 plazas, lo que conllevaría la creación de 4.062 plazas nuevas.
En todo caso, el estudio señala que será la actualización de la ordenanza reguladora del sistema -en principio, todavía en elaboración- la que acabe determinando cuál será la cifra definitiva de plazas sujetas a regulación, con un uso por tiempo limitado y sujeto a pago, salvo en el caso de la zona naranja, que se perfila como mayoritaria entre los nuevos sectores que se prevé configurar con la extensión del sistema, según han venido anticipando hasta ahora fuentes municipales consultadas.
Lo cierto es que el estudio de viabilidad no llega a concretar de forma pormenorizada el reparto de plazas entre las dos modalidades (azul y naranja), aunque sí identifica las nuevas zonas que se plantea incorporar al sistema. Básicamente, figurarían más plazas en los barrios en los que ya funciona dicho sistema, así como otros ya anticipados hasta ahora, que presentan una mayor proximidad con el Centro Tradicional.
Se trata de Oliveretes-San Francisco, Ensanche-Mercado, Centro Tradicional, Ensanche-Diputación, Ensanche-Séneca, Benalúa Este-Alipark, Benalúa Juzgados, Benalúa Sur, Princesa Mercedes Juzgados, San Blas Alto, San Blas Bajo, Campoamor Altozano y Carolinas Bajas. El número de nuevas plazas en cada uno de esos sectores depende del escenario que se acabe seleccionando como óptimo.
Plano con la nueva propuesta de delimitación de zonas de estacionamiento regulado.
Tabla con la distribución de plazas actuales y de los posibles escenarios de futuro, distribuidas por sectores.En cualquier caso, el informe también concreta la repercusión que esa ampliación puede tener en términos de recaudación para las arcas municipales en lo que respecta a la configuración a la que se daría lugar en el caso de que se optase por la situación prevista en los escenarios A y B (sin que se llegue a ofrecer un cálculo sobre la alternativa intermedia identificada como propuesta).
En primer término, se detalla que los ingresos calculados para 2023 a partir de los pagos efectuados tanto en la red de parquímetros, como a través de TPV o de la aplicación Moviltik ascienden a 2.236.431,89 euros, que se elevarían a partir de la aplicación del nuevo sistema hasta los 5.643.632,25 euros en el supuesto de que se optase por implantar el escenario A (con un incremento del 252,35%) o hasta los 8.117.986,26 (con un aumento del 362,99 %) en la hipótesis de que se seleccionase el escenario B.
Eso sí, se trataría de estimaciones calculadas a partir de los importes establecidos hasta ahora por la ocupación de las plazas reguladas, a pesar de que el mismo estudio apunta la recomendación de que se reformule y actualice la cuantía de esa tasa a través de la nueva ordenanza reguladora. Esa actualización quedaría sujeta a una premisa fundamental: la gratuidad para los residentes por la ocupación de plazas de zona naranja, por la que hasta ahora se paga una tasa de 30 céntimos diarios en jornadas laborales y de 15 en sábados.
En lo que respecta al resto de importes, la tasa mínima establecida para la zona azul es de 30 céntimos por 30 minutos hasta un máximo de 1,80 euros por dos horas. Además, en las calles delimitadas como zona naranja, los visitantes (no residentes) abonan una tasa agravada de 70 céntimos por 30 minutos hasta un máximo de 1,40 euros por 60 minutos.
Y, además, el estudio no llega a cuantificar tampoco la previsión de nuevos ingresos que podría generarse por el estacionamiento de motocicletas en plazas reguladas: otro de los aspectos que debería quedar recogido en la nueva ordenanza con su obligación de pago a través de la aplicación Moviltik, al margen de bonificaciones en la tasa para vehículos eléctricos, de acuerdo con los avances comprometidos hasta ahora por el equipo de gobierno.
El estudio reseña igualmente los objetivos a perseguir con la extensión del sistema, más allá de la mejora de la recaudación que resulta obvia. Entre ellos, figura el fomento del transporte sostenible como alternativa al uso del vehículo privado basado en el motor de combustión. "La gestión de la oferta de estacionamiento en el destino permite limitar de forma controlada los desplazamientos en vehículo privado, favoreciendo los desplazamientos en modos sostenibles de transporte", apunta.
Además, se señala que el sistema favorece la generación de espacios para aparcar en el Centro; que la rotación de vehículos permite agilizar y multiplicar las compras al permitir el desplazamiento de mayor número de clientes a las calles comerciales con estacionamiento regulado; se facilita el aparcamiento de residentes, lo que evita el fenómeno de la gentrificación; y se incrementa la seguridad gracias a la presencia de los controladores que recorren las calles de forma continua.
Por último, como ya ha informado este diario, el estudio también aborda la construcción de un nuevo depósito de vehículos en una parcela de propiedad municipal situada en el barrio de Rabasa como inversión que también quedaría ligado a la nueva explotación del servicio.
La convocatoria del concurso para adjudicar esa prestación conjunta (control del sistema ORA y del servicio de grúa para la retirada de vehículos) debería convocarse antes del próximo mes de enero, toda vez que es el momento en el que expira la vigencia del plazo adicional concedido a la actual concesionaria (la UTE compuesta por Pavapark y Vectalia) cómo fórmula de compensación para restablecer el equilibrio económico del contrato al cierre de su duración definitiva, una vez concedidas todas las prórrogas ordinarias contempladas en el momento de la convocatoria del concurso.
Dicha UTE se convirtió en adjudicataria del contrato en septiembre de 2013 por un importe de 27,1 millones (impuestos incluidos) y un plazo de duración inicial de ocho años. A su finalización, se concedió una primera prórroga de un año de duración hasta 2022 que se renovó hasta 2023 con la segunda prórroga contemplada en las bases del concurso. Además, en octubre de ese año, se acordó extender la duración del servicio por el tiempo en el que quedó en suspenso con motivo de la aplicación de las restricciones a la movilidad acordado con motivo de la irrupción de la crisis sanitaria del coronavirus.
