El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un momento del desarrollo del pleno telemático.ALICANTE. Vox cumple su anuncio y suma sus votos a los de los tres grupos del eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) para reprobar al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, por los últimos episodios de controversia relacionados con los sectores del comercio y la hostelería de la ciudad, como el relacionado con la difusión de una información falsa sobre el supuesto cierre de la hostelería que, supuestamente, pretendía adoptar la Generalitat. Se trata de una información que comenzó a circular entre los empresarios del sector, después de un comentario formulado por la edil de Hacienda, Comercio y Hostelería, Lidia López (PP), en un encuentro con sus portavoces.
Como viene informando este diario, la propuesta se ha debatido ha iniciativa de PSOE y Unides Podem ante la reiteración de varias polémicas con los colectivos que agrupan a los comerciantes y a los hosteleros. Entre esas controversias, los portavoces de ambos grupos proponentes de la reprobación, Paco Sanguino y Xavier López, aludieron -en la presentación de la iniciativa- las advertencias dirigidas al Colectivo de Comerciantes por Alicante sobre las críticas dirigidas contra la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), tras la difusión de un vídeo en redes sociales en el que decía "aburrirse" durante el periodo de confinamiento. También, la supuestas coacciones ejercidas a los presidentes de las asociaciones de la hostelería para que no participasen en una rueda de prensa junto a ediles del PSOE. Y por último, el comunicado de desmentido remitido por el gabinete de prensa municipal respecto a ese falso cierre de la hostelería, en el que se aseguraba que ningún concejal había dado pie a esa información errónea, en la línea de las explicaciones que el propio Barcala también facilitó al conjunto de los portavoces municipales.
Este jueves, en la defensa de la propuesta durante el desarrollo del pleno, el líder de Unides Podem, López, ha apuntado, en primer término, que "no es algo positivo" debatir sobre la reprobación del máximo representante institucional de la ciudad. Con todo, ha asegurado que "no cabía otra posibilidad por el empeño de Barcala de hacer oposición contra todos; contra el Ejecutivo Central o contra el Consell del Botànic, así como contra las entidades sociales o las asociaciones empresariales", ha dicho.
A su juicio, "se ha evidenciado que nadie confía ya en usted, ni en su palabra", en alusión a Barcala. Según López, "así se ha puesto de manifiesto con las crisis mantenidas con Cs" o con "las mentiras como la del falso cierre de la hostelería", ha dicho. También se ha referido al "uso partidista del gabinete de prensa institucional con el envío de ese comunicado de desmentido" sobre el falso cierre de la hostelería. En esta línea, también ha confirmado su intención de presentar una declaración institucional en un próximo pleno para que los grupos políticos "expresen cuál es la confianza que le tienen", de nuevo, en alusión al primer edil.
El portavoz del PSOE, Sanguino, por su parte, ha vuelto a referirse a las condiciones en las que se produjo el acceso de Barcala a la Alcaldía, en abril de 2018, con la participación de la exedil no adscrita, Nerea Belmonte, cuando se produjo la elección de nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. Después, se ha centrado en el supuesto episodio de las coacciones dirigidas a las asociaciones de comerciantes o "las mentiras" vertidas a los representantes de las asociaciones de hostelería. En este sentido, ha recriminado que Barcala "no haya dado explicaciones" respecto a esos episodios. Después, en respuesta al discurso ofrecido por el primer edil en el debate sobre el estado de la ciudad (en el que Barcala dudó de que Sanguino fuese un digno representante del PSOE), ha asegurado que él si creía que el primer edil fuese "un digno representante del PP" tras recordar las posiciones de ese partido en votaciones como la de la aprobación de la Constitución, o en las mentiras relacionadas con el 'Prestige' o el atentado del 11-M, además de recordarle los casos de corrupción enjuiciados entre representantes populares.
En el turno de intervenciones respecto a la propuesta de reprobación, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha sostenido que en el debate sobre el estado de la ciudad "ya le emplazamos a dar explicaciones" respecto a la polémica desatada con comerciantes y hosteleros y solo ha habido "silencio". "Decepcionados, debemos mantener el sentido del voto que anunciamos", ha asegurado. "La culpa de su reprobación será suya", ha insistido. "Los hosteleros esperaban de usted apoyo y cercanía y les ha aplicado la estrategia de o estás conmigo, o estás contra mí", ha apuntado. Así, ha confiado en que "esta condena política sirva para que cambie su forma de proceder". "Usted no ha estado a la altura, pero ya le digo al señor López que esto termina aquí; no vamos a apoyar ninguna iniciativa que trate de alterar los resultados de las elecciones municipales salvo que se registre algún escándalo que fuerce a ello", ha concluido, en referencia a la propuesta de declaración institucional anunciada por Unides Podem para que los grupos expresen cuál es su confianza respecto al primer edil.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha considerado, en primer lugar, "que todos deberíamos reflexionar sobre el uso de la fórmula de la reprobación", después de que solo en este mandato ya se hayan registrado hasta seis propuestas distintas, como ha informado Alicante Plaza. Con todo, ha apuntado que "el señor Barcala no tiene de qué quejarse puesto que ha cultivado todo esto, con la esperpéntica reprobación de Mónica Oltra o de mi compañero Rafa Mas", ha dicho.
En todo caso, ha señalado que, "pese a que no nos gusta cómo está planteada, vamos a apoyar esta reprobación". "Usted sigue sin dar explicaciones y no ha respondido si sabía que la difusión del bulo partía de un cometario de su concejal de Hostelería", ha continuado. En ese caso, ha considerado que ese tipo de actitudes, debería tener algún tipo de consecuencia. "Callar, no dar explicaciones y sus formas autoritarias le han conducido hasta aquí", ha añadido. Así, ha apuntado que la gestión del bipartito ya va ligada al "ruido".
El portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, ha insistido en que la edil de Hostelería ya reconoció su error y pidió disculpas. "No vamos a perder más tiempo en esta cuestión", ha dicho, para señalar que "nosotros dijimos en el pleno de investidura que somos un socio leal y vamos a votar en contra de la reprobación".
Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha sostenido que esta propuesta "es una cortina de humo para tapar la guerra desatada en el Consell entre Mónica Oltra y Ximo Puig" o para tapar la polémica sobre la concesión de las ayudas del programa Reconstruïm Pobles por parte de la Conselleria de Vivienda. Después, ha reprochado a los grupos proponentes su falta de trabajo en cuestiones como la reclamación de "inversiones para la ciudad que no llegan". "Solo traen aquí una reprobación de unos hechos que no han sido probados; traen aquí sus miedos y sus incapacidades, han traído una cortina de humo", ha enfatizado. En esta línea, se ha dirigido a Sanguino y López para espetarles la frase apuntada por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, este miércoles, en relación a las discrepancias existentes en el Consell. "Les digo lo mismo: Aporta o aparta". Además, también ha dedicado parte de su intervención al portavoz de Vox para reprocharle que se sumase "al teatrillo" de los concejales de la izquierda. En contraposición, según ha dicho, "este equipo de Gobierno sigue trabajando por mejorar esta ciudad, con la negociación de los presupuestos de 2021", entre otros puntos.
Con todo, sus palabras no han supuesto que ningún partido político modificase su posición de voto, de modo que la propuesta ha prosperado con 16 votos a favor (los de PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) frente a los 14 de PP y Cs. El resultado de la votación convierte, así, a Barcala en el segundo alcalde de la ciudad en resultar reprobado durante el ejercicio de sus funciones, después de las dos reprobaciones aprobadas durante el pasado mandato para el exalcalde socialista Gabriel Echávarri, en relación a su implicación en dos procesos judiciales distintos (el llamado caso Comercio y el despido de una funcionaria interina, cuñada de Barcala).
El portavoz de Unides Podem, Xavier López.
El portavoz del PSOE, Paco Sanguino.Por lo que respecta al resto de declaraciones institucionales, el pleno ha debatido dos propuestas distintas relacionadas con la condena a la violencia de género: una promovida por PP y Cs y otra presentada por PSOE y Unides Podem, a la que se ha adherido Compromís. Tanto la edil de Igualdad, María Conejero (Cs), como los representantes de la oposición han lamentado que no se haya consensuado una propuesta conjunta, por lo que tanto PSOE, Unides Podem y Compromís han emplazado a la edil responsable del área a "ponerse a trabajar cuanto antes para que esto no vuelva a suceder". Se da la circunstancia que esa petición ya se produjo en 2019, también con motivo de la conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.
A la postre, en primer término se ha aprobado la iniciativa registrada por PP y Cs, en base al texto acordado en la FEMP, para condenar la violencia de género. La propuesta ha sumado 14 votos a favor (los de PP y Cs) y 13 abstenciones (PSOE, Unides Podem y Compromís), además del voto en contra de los dos ediles de Vox. En el debate, el edil de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en que la iniciativa de la FEMP "no aporta nada respecto a la situación concreta de la ciudad de Alicante". La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha reprochado la falta de interés del equipo de Gobierno para consensuar una propuesta común y ha insistido en la crítica a la ordenanza de convivencia cívica por perseguir a las prostitutas en lugar de actuar para frenar su explotación sexual. También ha criticado esa propuesta la edil socialista Llanos Cano, quien ha asegurado que Conejero cuenta con un informe de impacto de género, solicitado a los técnicos de su concejalía este mes de noviembre, que se pronuncia en contra de la tramitación de esa ordenanza "y, sin embargo, se sigue sin frenar esa pesadilla".
El pleno aprueba congelar los sueldos de los concejales con el único rechazo del PSOE sin que el bipartito haya respondido a la propuesta formulada por Compromís para revertir el incremento aprobado en 2019 por el bipartito y Vox
El alcalde, por su parte, ha asegurado que el equipo de Gobierno había presentado la propuesta acordada en el seno de la FEMP "en la que están representados todos los partidos, porque se había acordado renunciar a los textos particulares de los que disponía cada partido". Finalmente, la propuesta ha contado con el voto discordante de los ediles de Vox, como viene siendo habitual cada vez que se plantea el debate sobre la violencia de género. En esta línea, en consonancia con su posicionamiento nacional, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que la Ley de Violencia de Género no ha resultado efectiva, entre otros puntos, porque no cubre el conjunto de manifestaciones de violencia, ni atiende a las víctimas. Así, ha considerado que es una "ley ideológica sesgada".
Poco después, en el transcurso del pleno, también se ha debatido la iniciativa conjunta sobre el mismo tema presentada por el PSOE y Unides Podem por la que se expresaba el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Se trata de una iniciativa en la que también se ha planteado la retirada de la ordenanza de convivencia cívica propuesta por el equipo de Gobierno. Esta segunda declaración institucional ha sido rechazada con los votos de PP, Cs y Vox.
El pleno sí ha aprobado una declaración institucional de PP y Cs en la que se insta al Gobierno a retirar la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox y el voto en contra de PSOE, Unides Podem y Compromís.
También se ha aprobado otra propuesta de declaración institucional formulada por PP y Cs por la que se insta al Gobierno a retirar el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como la Ley Celaá. La iniciativa ha contado con el apoyo del equipo de Gobierno y de Vox y el rechazo del resto de la oposición. También se ha debatido una propuesta similar presentada por Vox, que ha contado con el mismo resultado.
Igualmente, durante la sesión, se ha aprobado otra iniciativa presentada por PP y Cs para no aplicar la subida salarial del 0,9% a los concejales de la corporación, en contraposición de la propuesta formulada por el Gobierno central para sus cargos públicos y funcionariado. Tanto la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, como el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, han tildado de falta de respeto esa medida "cuando existen miles de trabajadores que lo están pasando mal como consecuencia de la crisis sanitaria". González ha añadido, además, que tanto el Gobierno central como el Consell se han dedicado a aumentar la nómina de asesores. "Decían que venían a salvar personas y desde luego a los que están salvando es a los suyos", ha recalcado. Además, ha asegurado que "todavía estamos esperando que aquellos que rechazaron el incremento salarial aprobado en 2019 en el ayuntamiento renuncien a esa subida, porque todavía no se ha producido".
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que la propuesta era demagógica, pero ha confirmado su voto a favor. El líder de Compromís, Bellido, también ha avanzado su voto favorable, aunque también ha considerado que se trataba de una propuesta demagógica y ha planteado como enmienda in voce que se aprobase la anulación de la subida de sueldos aprobada por el bipartito y Vox en 2019. Además, ha instado a González a no referirse a los asesores "porque cada vez que el bipartito tiene una crisis, se soluciona con el nombramiento de más cargos de confianza". En parecidos términos se ha pronunciado la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, quien ha recordado que el consejo de ministros ya ha acordado la congelación de esa propuesta de subida salarial, de modo que solo será de aplicación para los funcionarios.
Por parte del PSOE, el edil Miguel Millana ha señalado que la propuesta promovida por el Gobierno central "trata de mantener el poder adquisitivo del funcionariado para estimular el consumo, como han recomendado los organismos internacionales". Así, ha reprochado la demagogia de la iniciativa al apuntar, solo con el ejemplo de los asesores, que Cs dispone de 9 cargos de confianza en la Diputación, cuando solo cuenta con dos diputados.
Al término del debate sobre la propuesta, el alcalde, Luis Barcala, ha considerado la declaración solo pretendía que no se apliquen nuevos incrementos retributivos y, como González, ha vuelto a emplazar a los ediles de la oposición a presentar renuncias a la subida salarial aprobada en 2019. Finalmente, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP, Cs, Vox, Unides Podem y Compromís, y el rechazo del PSOE.
En el turno de ruegos (desarrollado antes de la votación sobre las declaraciones institucionales), el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha respondido a la propuesta formulada por la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, que ya se están aplicando las distancias reguladas en la ley para autorizar la instalación de salones de juego, como medida para luchar contra la ludopatía. El edil de Movilidad, José Ramón González, ha asegurado que estudiaría un ruego formulado por el edil de Vox, José Bonet, para que se adecúe el camino de La Alcoraya. Igualmente, González también ha sostenido que su concejalía tiene previsto actuar en las aceras de la Rambla para solucionar problemas de deslizamiento, en respuesta a un ruego presentado por el portavoz de Vox, Mario Ortolá.
Además, en respuesta a una pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre la cesión de la parcela para la construcción del nuevo colegio de La Almadraba, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha relatado que la Conselleria de Educación ha planteado que es el Ayuntamiento el que debe asumir costes relacionados con la dotación de servicios. Así, ha apuntado que "da la sensación de que la conselleria no quiere aceptar la cesión de esa parcela" por la indeterminación respecto "a los informes que vamos remitiendo". Así, ha emplazado a Compromís a "solicitar a la conselleria que no responda con requerimientos por fascículos" para no retrasar el acuerdo de cesión.
El edil de Vox, Bonet, también ha cuestionado sobre el acuerdo con la Generalitat para el uso del antiguo centro de oficios de la extinta Coepa como centro de formación que podría integrarse entre los objetivos de la estrategia municipal 'Alicante Futura'. La edil de Empleo, Mari Carmen de España, ha sostenido, al respecto, que se han hecho reiteradas peticiones a la Generalitat para que asuma la deuda contraída por la desaparecida patronal y que ejecute las obras necesarias para acondicionar el edificio con el fin de que reinicie su actividad. "Está en manos de la Generalitat y es una obligación que rehabiliten el edificio para que pueda volver a tener uso lo más rápido posible", ha dicho.
El edil socialista Manuel Martínez ha planteado una pregunta in voce sobre la puesta en marcha de medidas de seguridad para los agentes de la Policía Local frente al riesgo de contagio por coronavirus. El edil de Seguridad, González ha asegurado que ya se están tomando medidas de prevención y que "su éxito queda demostrado por el hecho de que solo se han detectado dos posibles contagios en la plantilla que, en todo caso, no serían de origen laboral".
Tanto el portavoz de Unides Podem, Xavier López, como el edil de Compromís, Rafa Mas, han demandado a la edil de Acción Social, Julia Llopis, una respuesta para garantizar la continuidad de los trabajadores de su concejalía, ante la inminente extinción de los contratos de 80 empleados. La edil ha sostenido que se sigue trabajando con la Generalitat para la firma del contrato programa que debe aportar la financiación para formalizar esos contratos.
También le han cuestionado sobre las medidas de refuerzo para la atención de personas sin techo, después de que, este fin de semana, se produjese el fallecimiento de una mujer que residía en la calle. Llopis ha señalado que se está trabajando al respecto.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también ha cuestionado sobre el gasto relacionado con la instalación del belén gigante previsto en la Plaza del Ayuntamiento como iniciativa para estimular la afluencia de visitantes al Centro y, así, favorecer el consumo en el comercio y la hostelería. Bellido se ha centrado, en esencia, en el pago de cerca de 15.000 euros aportados para que la empresa que gestiona los reconocimientos de récord Guinness "en otra más de las ocurrencias navideñas que se han gestado en el más absoluto oscurantismo". Así, ha apuntado que solicitaría copia del expediente relacionado con el concurso para la instalación de ese belén, que solo en concepto de construcción ha supuesto un desembolso de 123.000 euros.
Jiménez defiende el gasto público en la instalación del belén gigante como elemento dinamizador de la economía y atractivo turístico frente a las acusaciones de ocurrencia de Compromís
El edil de Fiestas, Manuel Jiménez (PP), ha considerado que la iniciativa del montaje del belén "responde a las demandas planteadas en el seno de la comisión de la reconstrucción para incentivar el consumo". "Nosotros no ocultamos nada, desde el principio dijimos que se trataba de una propuesta para optar al récord Guinness que ha contado con el respaldo de las asociaciones del comercio y de la hostelería", ha insistido. Así, ha recalcado que "ese pago se trata de un contrato menor" y ha argumentado que "con la construcción del belén se ha dado trabajo a diez personas", además de buscar repercusión turística. "Otros a lo mejor preferirían dar subvenciones a Escola Valenciana, que eso sí es un escándalo", ha señalado, en alusión a la polémica suscitada durante el pasado mandato, respecto a la organización de la Plaça del Llibre. Además, ha defendido que el montaje del belén supone un gasto de 70.000 euros por lo que respecta a esta anualidad y ha argumentado que "pasará a ser propiedad del Ayuntamiento dentro de tres años". Así, ha llegado a retar a los grupos de la oposición a retirar su montaje "si es que vuelven a gobernar alguna vez".
