José Miguel Zaragoza, jefe de la Policía Local de Santa Pola. Foto EFE/MorellSANTA POLA. El Ayuntamiento de Santa Pola ha abierto expediente disciplinario contra los cuatro agentes de la Policía Local implicados en el caso de los uniformes y que fueron detenidos por la Unidad contra el Delito Económico y Fiscal de la Policía Nacional el pasado mes de junio acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. Una vez se les notifique -tres de ellos están de baja laboral-, todos ellos, José Miguel Zaragoza, Roque Alemañ, Pascual Linares y Alfonso Aracil, serán suspendidos empleo y sueldo y relevados de sus responsabilidades mientras se resuelve el expediente abierto.
La operación de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola alcanza a 11 personas: cuatros agentes, entre ellos, el jefe de la Policía, José Miguel Zaragoza, hermano del ex alcalde y actual diputado de Bienestar Social, Miguel Zaragoza; el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Pérez Huertas y seis representantes del conglomerado de empresas Uniformes Riera SL, entre ellos cinco miembros de la familia y la comercial de la firma, María Isabel Amorós Poveda.
El Ayuntamiento de Santa Pola ha esperado a tener todo el sumario judicial y el auto de citación de todos los investigados para tomar la decisión de abrir el expediente y relevarles de sus funciones. Así, de esta manera, Zaragoza será apartado de la jefatura de la Policía Local; Roque Alemañ Bonet, como oficial encargado de la recepción de materiales; Pascual Linares, como responsable de Protección Civil, y Alfonso Aracil Mas, como responsable de la administración. En el sumario aparecen correos -que tanto Alemañ como Aracil intercambiaban con la comercial de la Manufacturados Redován (una de las empresas de la conglomerado empresarial de los Riera, junto a Unidepol, Polmuniform y Uniformes Riera)- en la que hay pruebas aparentes de la connivencia entre los agentes y la empresa para dar visos de legalidad a la contratación de material para la Policía, con contratos menores con presupuestos de empresas relacionadas entre sí; con material comprado con fondos públicos, pero no recepcionado y el fraccionamiento de contratos.
En el informe de los agentes de la Uned aportado al sumario, se llega a tres conclusiones:
1) Las conexiones familiares entre las mercantiles investigadas, entre ellas, Unidepol SL y PolMuniform -calificadas como empresas pantalla-, que la matriz, Manufacturados Redován SL emplea para contratar con la administración de forma encubierta.
2) Hay un evidente fraccionamiento de contratos a los efectos de no superar el máximo legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores, para que lo se usan, según la Policía, diferentes denominaciones.
3) Hay serias dudas sobre las necesidades reales de gran parte de las prendas y efectos comprados, lo que implica, según la Policía, dudas acerca de si realmente se ha efectuado la entrega de una serie de elementos.
Hay que recordar que los 11 miembros de la supuesta trama de los uniformes están en libertad con cargos y que han sido citados a declarar en calidad de investigados por la magistrada que instruye la causa entre el 23 y el 24 de octubre.
