ALICANTE.- Las empresarias Maite Antón y María José Rocamora serán las vicepresidentas del Consejo Social de la Universidad de Alicante. Así lo ha acordado el pleno organismo, que este lunes ha celebrado primera reunión bajo la presidencia de César Quintanilla, en una sesión centrada en avanzar en la organización interna del órgano, renovar sus comisiones y ratificar las cuentas anuales de la UA correspondientes a 2025.
La sesión ha contado con la presencia de Maite Antón y José María Moreno, futuros miembros del Consejo a propuesta del presidente, pendientes aún de ratificación por Les Corts Valencianes, igual que el representante sindical Ismael Senent. Quintanilla ha explicado que las designaciones se resolverán en las próximas semanas.
Una vez normalizada la situación, el presidente ha anunciado su intención de crear dos vicepresidencias en el Consejo Social, que ocuparán las empresarias Maite Antón y María José Rocamora. Aunque los nombramientos están sujetos a la ratificación parlamentaria, el pleno ya ha aprobado un modelo de reparto de competencias y funciones entre los miembros, a propuesta de Quintanilla.
La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha felicitado a las personas que se incorporan a esta nueva etapa y ha agradecido la “lealtad” de quienes dejan el órgano. Navarro ha subrayado el papel del Consejo Social como “nexo de unión necesario entre la universidad y los tejidos social, empresarial y económico de la provincia”, y ha pedido a sus miembros que actúen como impulsores de la proyección pública de la institución.
En su informe, la rectora ha destacado la inminente entrada en vigor del nuevo Estatuto de la Universidad de Alicante, pendiente de publicación en el DOGV, y ha repasado el estado de la preinscripción de nuevo ingreso, que previsiblemente cubrirá casi el 100% de la oferta de plazas en esta primera fase.
Renovación de comisiones y estructura organizativa
El pleno ha confirmado la incorporación de nuevos vocales y la renovación de otros miembros, con el objetivo de reforzar el papel del Consejo Social como órgano de participación de la sociedad en la universidad.
Además de las dos vicepresidencias, se ha ratificado a Esther Algarra Prats como secretaria‑directora del Consejo Social y secretaria de todas sus comisiones. El resto de comisiones queda de la siguiente manera:
Comisión de Asuntos Económicos
Presidida por Jordi Azorín Poveda, integrada por Carmen Berbegal Roque, Sonja Dietz, Julio García Mora, José María Moreno Peñas, María José Rocamora Cañizares, Pablo Serna Lorente y Rafael Sirvent Lloret.
Comisión de Asuntos Académicos
Presidida por Marcela Fernández Losada, con Andrés García Mongars, Yolanda Díaz Serra, Francisco José García Alcaraz, Álvaro Roig Perea, Josep Ochoa Monzó, Nuria Pastor Ramos y Rafael Regalado Pareja.
Comisión de Relaciones con la Sociedad
Presidida por Maite Antón Puntes una vez se formalice su nombramiento por Les Corts. Hasta entonces, la presidencia la asumirá César Quintanilla. La integran María Aránzazu Luque Peinado, Amparo Navarro Faure, Jesús Navarro Navarro, Antonio Pérez Pérez, José Rafael Pascual Llopis, Rosabel Roig Vila y Manuel Villar Sola.
El pleno también ha aprobado la designación de los representantes del Consejo Social en órganos estratégicos de la UA, como el Consejo de Gobierno, las comisiones de Ordenación Académica, Investigación, Planificación Económica, Estudios y Formación, Becas, Calidad, así como en FUNDEUN, el Parque Científico, el Consejo Valenciano de Universidades y la Fundación General de la UA.
Luz verde a las cuentas anuales de 2025
El Consejo Social ha aprobado por unanimidad las cuentas anuales de la UA de 2025, presentadas por el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Ángel Sánchez, quien ha destacado que la universidad presenta “un buen estado de salud” con un saldo positivo cercano a 3 millones de euros tras la liquidación definitiva.
Quintanilla ha calificado el trabajo económico como “riguroso y muy exigente” y ha reclamado avances en el Plan Plurianual de Financiación pactado entre las universidades públicas y la Generalitat, especialmente en materia de infraestructuras y necesidades singulares.
