IBI. Uno de los objetivos prioritarios del gobierno ibense es la creación de suelo industrial y actualmente tiene sobre la mesa dos posibilidades de desarrollo, teniendo en cuenta la compleja situación que vive el polígono inicialmente previsto, debido al elevado coste que supondría la ejecución del proyecto necesario para la evacuación de aguas pluviales. Estos posibles desarrollos son el NPI-5 y el NPI-6, que en total suman alrededor de 1,8 millones de metros, a ejecutar en varias fases.
La necesidad de suelo industrial es una demanda empresarial de toda la comarca y un informe de Assolir-Associació per la Sostenibilitat i la Resiliència diagnostica que de los 4,2 millones de metros existentes en la Foia de Castalla, entre el 75 y 95% están ya ocupados.
La tramitación para poder desarrollar la primera fase del polígono industrial NPI-5 parecía haber entrado en la recta final, después de que hace aproximadamente un año el Ayuntamiento de Ibi facilitara al Ministerio un informe solicitado sobre la evacuación de aguas pluviales. Hay que recordar que desde la administración central se indicó que el trazado de la canalización propuesto para verter al cauce público se ubicaba en la zona de dominio público de la autovía A-7 y solicitaba ampliar los cálculos de retorno, con el fin de evitar inundaciones. En concreto, el Ministerio pidió que se calculara la capacidad de drenaje por un periodo de cien años y, en un segundo informe, lo amplió a 500 años, y la propuesta de balsas incrementaba en unos 19 millones el coste de urbanización, que la hacen inviable.
La concejala de Urbanismo, Nuria Pina, señala que "ese coste de la gestión de las aguas pluviales es inasumible. Actualmente estamos viendo opciones con la Confederación Hidrográfica, ultimando cálculos y ver qué posibilidades tenemos”. De momento, la edil no tira la toalla para desarrollar este suelo industrial. Recordar que el polígono NPI-5 disponía inicialmente de un único sector, con una superficie aproximada de un millón de metros cuadrados. Sin embargo, tras una modificación del Plan General se dividió en tres fases, de unos 300.000 metros cuadrados cada una aproximadamente, y el Ayuntamiento se convirtió en el órgano ambiental y promotor de este planeamiento. Según informó el consistorio en su momento, los costes de urbanización superarían los 11’3 millones de euros, según programa.
Este suelo industrial parte de una gestión indirecta de la urbanización y la mayoría está en manos de empresarios de la población. Según recordaba el alcalde, Sergio Carrasco, en una entrevista a Alicante Plaza, la gestión de este polígono se aprobó por el PP como privada, y señalaba que la opción más viable hubiese sido "la gestión directa por expropiación y precio tasado, lo que permite fijar un precio justo y asequible, evitar la especulación y con ello precios al alza. No tener suelo industrial es casi tan perjudicial como tenerlo a precios elevados".
Mientras se ultiman las conversaciones y se decide si hay opciones económicas viables para desarrollar el NPI-5, frente a este el consistorio tiene sobre la mesa el NPI-6, con unos 800.000 metros más. Para este polígono se busca ir de la mano con Ivace, apostando por una gestión directa de dicho suelo, puesto que se estima que es la forma idónea para hacerlo viable económicamente, y se busca seguir manteniendo reuniones con Ivace para avanzar en este proyecto.
