VILLENA. Los municipios alicantinos de Petrer y Villena recuperarán las actuaciones del Plan Edificant que la Generalitat les retiró al inicio de la actual legislatura después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya avalado los recursos presentados por varios ayuntamientos contra esa decisión. La resolución supone el primer revés judicial a la política del Consell respecto al programa de construcción y reforma de centros educativos impulsado durante los gobiernos del Botànic.  

Según ha destacado Compromís en un comunicado difundido este martes, la sentencia declara ilegales las retiradas de estas actuaciones, lo que permitirá a los consistorios afectados recuperar la financiación concedida para ejecutar las obras. Entre los 15 municipios incluidos en el procedimiento figuraban Petrer y Villena, junto a otras localidades de Valencia y Castellón.  

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha asegurado que el fallo “demuestra que el PP mentía para recortar obras con cualquier pretexto” y ha responsabilizado tanto al actual conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, como a la secretaria autonómica de Educación, Carmen Ortí, de haber paralizado durante tres años proyectos en centros educativos que, según la coalición, contaban con informes que acreditaban su necesidad.  

La formación recuerda que el Gobierno valenciano redujo un 40% la partida destinada al Plan Edificant en los Presupuestos de 2024 y posteriormente inició el procedimiento para retirar 15 actuaciones valoradas en 65 millones de euros. La Generalitat argumentó entonces que las obras resultaban “lesivas para la administración autonómica” y que no respondían al interés público, llegando a advertir a los ayuntamientos de que acudiría a los tribunales si no renunciaban voluntariamente a los proyectos.  

Compromís sostiene que la mayoría de los municipios afectados optaron por recurrir la decisión, mientras que otros desistieron ante la posibilidad de afrontar un largo proceso judicial. La coalición asegura además que, en aquellos casos en los que los consistorios renunciaron, ni siquiera se ha llegado a completar la redacción de los proyectos.  

A juicio de Fullana, la sentencia acredita la legalidad de las actuaciones aprobadas durante el anterior Consell y obliga a restituir los fondos a los ayuntamientos que acudieron a la vía judicial, entre ellos Petrer y Villena, para poder retomar las inversiones previstas en sus centros educativos.