En Alicante ya no hace falta buscar grandes teorías para explicar lo que pasa con la vivienda. Basta con abrir Idealista, preguntar por un piso medio decente o escuchar a cualquier joven que quiera irse de casa. La respuesta suele ser la misma: no se puede. O se puede, pero dejando media nómina en el alquiler y rezando para que no suba más el año que viene.

El dato es brutal: el alquiler en Alicante se ha disparado un 11,5% en el último año y la renta media ronda ya los 1.450 euros. Eso no es una subida más. Eso es una expulsión silenciosa. Una familia media tiene que dedicar cerca del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Y eso antes de llenar la nevera, pagar la luz, el transporte, el colegio, el seguro, el dentista o cualquier imprevisto de esos que revientan un mes.

Durante años se nos ha repetido que el mercado se regula solo. Pues ahí está el resultado: pisos inasumibles, barrios tensionados, jóvenes atrapados en casa de sus padres y trabajadores que, aun teniendo nómina, no pasan el filtro de una inmobiliaria porque no llegan a los 2.500 euros mensuales que se piden como garantía. No hablamos de personas sin ingresos. Hablamos de gente que trabaja y que aun así no puede alquilar.

Elche tampoco se libra. La PAH Elx-Crevillent lo ha dicho con claridad: hay desahucios de hogares vulnerables y la respuesta municipal, en demasiados casos, se limita a unas noches de albergue. Eso no es una solución habitacional. Eso es salir del paso. Y una ciudad como Elche no puede conformarse con salir del paso cuando hay familias que se quedan en la calle y no encuentran alternativa aunque tengan ingresos.

La vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos. Primero, encontrar un piso que no esté disparado de precio. Luego, demostrar unos ingresos que muchas familias no tienen. Después, competir con otros veinte interesados. Y, si se consigue entrar, vivir con el miedo a que el contrato no se renueve o a que el propietario decida que le sale mejor alquilar por temporada, vender o subir el precio hasta donde aguante el mercado. Y el mercado, ya lo estamos viendo, aguanta demasiado porque quien no aguanta es la gente.

En este contexto, la negativa del PP a declarar Alicante y Elche como zonas tensionadas resulta difícil de justificar. Se puede discutir si la Ley de Vivienda estatal es suficiente, si tiene defectos o si necesita más recursos. Lo que no se puede hacer es rechazar de entrada cualquier herramienta que pueda servir para frenar la escalada. Cuando un Ayuntamiento dice que no va a aplicar medidas de contención en una ciudad donde los alquileres se han desbocado, está tomando partido. Y no precisamente por el inquilino.

Porque esta es la cuestión de fondo: no intervenir también es una decisión política. Dejar que los precios suban sin límite es una forma de gobernar. Permitir que los barrios se conviertan en terreno de juego para rentistas, fondos, apartamentos turísticos y propietarios que piden nóminas imposibles también es una política de vivienda, aunque se disfrace de libertad de mercado.

La comparación con otros territorios debería servir, al menos, para abrir los ojos. Donde se han aplicado mecanismos de regulación, los precios se han estabilizado o han bajado. En cambio, en Alicante y Elche seguimos esperando, como si el problema fuera a corregirse solo. Pero no se corrige solo. No lo ha hecho hasta ahora y no hay ningún motivo para pensar que vaya a hacerlo mañana.

En Alicante capital, además, el caso de Les Naus ha golpeado de lleno la confianza ciudadana. Que viviendas protegidas acaben adjudicadas a familiares de cargos públicos no es una polémica menor. Es exactamente lo que más indigna cuando hay miles de personas buscando un techo asequible. La vivienda protegida debería ser una garantía de igualdad, no una sospecha permanente de enchufe. Y cuando un escándalo así termina con la dimisión del concejal de Urbanismo, lo mínimo que puede exigirse es una revisión profunda de cómo se hacen las cosas.

Mientras tanto, el balance municipal en vivienda pública es pobre. Muy pobre. Si en siete años no se ha concluido ninguna vivienda pública en Alicante, no estamos ante un simple retraso administrativo. Estamos ante una falta de prioridad política. Porque para otras cosas sí hay urgencia, presupuesto y titulares. Para la vivienda, casi siempre hay excusas.

En Elche, el caso de San Antón vuelve a enseñar la distancia entre los anuncios y la vida real. Se habla de reuniones, de 45 millones, de cuatro nuevos edificios, de 328 viviendas. Ojalá. Pero los vecinos llevan demasiado tiempo escuchando promesas. La regeneración de un barrio no puede ser una carpeta que pasa de administración en administración mientras los bloques envejecen y la gente espera.

La adjudicación de 72 viviendas protegidas en Los Palmerales es una noticia positiva, sí. Pero no basta. Once viviendas para el parque público autonómico son una gota en un vaso vacío. Y si la mayor parte de la vivienda protegida sigue orientada a la compra, se deja fuera a mucha gente que ni siquiera puede plantearse una hipoteca. El problema más urgente está en el alquiler. En el alquiler social, en el alquiler asequible, en tener un parque público suficiente para que un desahucio no termine en un albergue.

La PAH tiene razón al reclamar más mediación con grandes tenedores, más tanteo y retracto, más vivienda pública y más implicación municipal. No se puede gobernar una ciudad esperando que el mercado tenga sensibilidad social. No la tiene. El mercado busca rentabilidad. Y precisamente por eso existe la política: para poner límites cuando la rentabilidad de unos pocos empieza a romper la vida de demasiados.

El PP valenciano, además, mantiene una posición contradictoria. Recurre el Plan Estatal de Vivienda mientras la provincia necesita financiación, suelo, promociones y alquiler asequible con urgencia. Se puede pelear con Madrid por competencias o por financiación, pero no a costa de bloquear soluciones. La vivienda no debería ser una trinchera partidista. Es demasiado seria. Hay gente que no está esperando un argumentario, sino una llave.

Y mientras las administraciones discuten, Alicante y Elche cambian. Cambian los barrios, cambian los vecinos, cambia el comercio de toda la vida, cambia la manera de vivir la ciudad. Cada vez más personas se marchan hacia municipios del interior buscando precios algo más bajos, aunque esos precios también empiezan a subir. Es el mismo problema extendiéndose como una mancha de aceite. Primero la capital. Luego las ciudades grandes. Después los pueblos cercanos.

La pregunta es sencilla: ¿para quién se están construyendo estas ciudades? ¿Para quienes trabajan, estudian, cuidan, compran en el barrio y hacen vida todo el año? ¿O para quienes pueden pagar más, aunque solo estén de paso? Porque si Alicante y Elche acaban convertidas en escaparates donde vivir sea un lujo, habremos fracasado como sociedad.

No hace falta inventar nada revolucionario para empezar. Declarar zonas tensionadas. Aumentar el parque público. Usar suelo público para alquiler asequible. Comprar vivienda mediante tanteo y retracto. Mediar de verdad con grandes propietarios. Perseguir abusos. Limitar la expansión descontrolada del alquiler turístico. Y, sobre todo, dejar de tratar la vivienda como si fuera un asunto secundario.

La vivienda no es una mercancía cualquiera. Es la diferencia entre tener un proyecto de vida o vivir siempre pendiente del próximo recibo. Es poder quedarse en tu barrio, formar una familia, independizarse, separarse sin miedo, envejecer con tranquilidad o no acabar en una habitación alquilada a precio de piso entero.

Alicante y Elche tienen un problema grave. Lo saben los vecinos, lo sabe la PAH, lo saben las inmobiliarias, lo saben los propietarios y lo saben los gobiernos. La diferencia es que unos lo sufren y otros lo administran.

Y ahí está la verdadera obscenidad: que mientras miles de familias hacen números para no caerse del mapa, quienes tienen herramientas para intervenir siguen hablando de trámites, competencias y prudencia. Prudencia para regular. Prudencia para construir. Prudencia para molestar al mercado. Pero ninguna prudencia cuando una familia acaba
en la calle.

La vivienda no puede seguir siendo una ruleta en la que siempre gana el propietario y siempre pierde quien necesita un techo. Alicante y Elche no están ante una molestia pasajera ni ante una estadística incómoda. Están ante una emergencia social.

Y una emergencia no se contempla desde el despacho. Se afronta.

Porque cuando una ciudad expulsa a quienes la trabajan, la cuidan y la sostienen, deja de ser una ciudad. Se convierte en un negocio con semáforos.