BENISSA.- La situación que se originó en 2013 y 2014 con la gestión de la Piscina Municipal climatizada de Benissa ha desembocado ahora en un procedimiento penal en el que la Fiscalía solicita dos años de prisión para cuatro acusados, entre ellos el exalcalde Juan Bautista Roselló, el exconcejal de Deportes, un jefe de servicio municipal y un empresario. El Ministerio Público les atribuye un delito de apropiación indebida por quedarse con los enseres y maquinaria del anterior adjudicatario tras la finalización del contrato.

El origen del caso se remonta a julio de 2013, cuando el equipo de gobierno de Benissa recurrió a la empresa Maigmó Support S. L., con sede en La Nucía, para gestionar la piscina climatizada. Sin embargo, el 26 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento rescindió el contrato de forma urgente al detectar, según defendió Roselló en el pleno, “descubiertos” con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, además de la falta de las fianzas previstas en el convenio.

Tras la ruptura con Maigmó Support, el consistorio decidió rescatar la gestión de la instalación y transferirla a la empresa pública Benissa Impuls, que asumió a los trabajadores y amplió de manera acelerada su objeto social para poder gestionar la piscina. La oposición, especialmente el PSPV, criticó entonces la improvisación y la falta de experiencia de la sociedad municipal en este tipo de servicios.

En ese contexto, el anterior adjudicatario —que había recibido la concesión en junio de 2013— dejó en la piscina material y maquinaria valorados en más de 69.000 euros, necesarios para prestar los servicios. Cuando el contrato se resolvió y la gestión pasó a manos de Benissa Impuls, los acusados comunicaron al empresario que querían adquirir los bienes, motivo por el cual este decidió no retirarlos.

Según la Fiscalía, nunca llegaron a pagarle el importe pactado y, pese a saber que el afectado reclamaba la devolución, impidieron que recuperara el material. El Ministerio Público sostiene que esta actuación constituye una apropiación indebida y solicita para cada uno de los cuatro acusados una pena de dos años de prisión.