La obra garantizada por Barcala tras el fin del plan de ajuste: un millón para la Plaza de la Justicia 

ALICANTE. La operación impulsada por el equipo de Gobierno del PP para saldar los 30,5 millones pendientes de devolución de los 73 que se solicitaron en los préstamos del Plan de Pago a Proveedores se enfrenta en el pleno ordinario de julio, el próximo jueves, a su examen definitivo. El propósito es poder dar por cancelado el Plan de Ajuste al que el Ayuntamiento de Alicante se encuentra sometido desde 2012 hasta 2022 para poder bajar impuestos, cubrir necesidades de plantilla municipal e impulsar un primer presupuesto municipal de manera autónoma para 2019. 

Hasta ahora, la propuesta sólo cuenta con el respaldo comprometido del edil no adscrito, Fernando Sepulcre, y la certeza de que los cinco ediles de Guanyar no votarán en contra (o se abstendrán o votarán a favor). Ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Compromís han anticipado públicamente cuál va a ser su posición. Tampoco lo ha hecho la segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte. A grandes rasgos, todos los grupos políticos de la oposición han expresado sus dudas sobre la necesidad de destinar de golpe esos 30,5 millones para cubrir deuda en la medida en que supone renunciar al desarrollo de obras por ese mismo valor, al margen de lo ajustado de los plazos para licitarlas. Además, todos han reclamado la ejecución de determinados proyectos pendientes. Pero el PP, que también se ha debatido entre sus propias dudas internas, ha tratado de rebatir el argumento: quedará dinero para impulsar algunos proyectos concretos. La clave es de qué suma se trata y para qué obras se pretende utilizar.

Por partes. La propuesta que se lleva a pleno comprende el uso de 26,7 de los 32,4 millones a los que asciende el remanente (dinero no gastado) del presupuesto de 2017 para pagar ese agujero global con los bancos (los citados 30,5 millones), lo que deja un saldo sobrante de otros 5,7 que el PP puede utilizar para impulsar obras municipales -las llamadas inversiones financieramente sostenibles- o para pagar otras deudas. Los otros 3,8 millones necesarios para reunir la suma total de 30,5 millones se obtienen de ahorros generados en las adjudicaciones de las inversiones sostenibles licitadas en 2017, con el remanente del presupuesto de 2016. 

En esos concursos, se había previsto gastar 13,5 millones para el desarrollo de 22 proyectos concretos. Entre ellos, la reforma del paseo peatonal y vía ciclista de Urbanova, la prolongación de la calle Isla de Corfú, la reurbanización del barrio de Divina Pastora o la rehabilitación parcial de la antigua estación de autobuses para poder implantar un Centro Local de Coordinación de Emergencias. Sin embargo, tras la lógica competencia entre empresas y la presentación de presupuestos de menor cuantía que el importe de licitación, sólo se han utilizado 9,4, tras la renuncia expresa, además, a la compra de contenedores para residuos orgánicos (848.000 euros de ahorro). El sobrante generado por esas bajas (en proyectos con financiación de 2016) debe destinarse necesariamente a pagar deuda. Y eso es, precisamente, lo que hace el gabinete que coordina Luis Barcala, lo que da un mayor margen de maniobra para poder impulsar nuevas obras financieramente sostenibles con el remanente de 2017: los citados 5,7 millones.

El PP sólo puede usar esa suma para obras que cumplan los criterios establecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para esas llamadas inversiones financieramente sostenibles. Además, los proyectos que cumplan esas condiciones deben licitarse antes del próximo 31 de diciembre. El Gobierno central, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, negoció con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una ampliación de los criterios que debían cumplir esas sostenibles, pero, tras el cambio de signo político registrado en La Moncloa, los PGE de 2018 siguen en trámite y esa flexibilidad todavía no ha quedado reflejada de forma definitiva.

¿Qué decisión va a tomar el PP entonces con esa suma de 5,7 millones? Lo lógico es impulsar los proyectos que ya estén redactados y con los pliegos listos para sacarlos a concurso. Y, entre ellos, los grupos de la oposición vienen reclamando fundamentalmente aquellos que se incluyeron como compromisos políticos en el anexo al presupuesto municipal de 2018: el llamado documento número 25. Algunos de ellos, como el de la plaza de Lo Xeperut, ya se pusieron en marcha mediante la primera modificación de crédito, aprobada en junio, cuando también se acordó el pago por anticipado de otros 10 millones de esos préstamos del Plan de Pago a Proveedores. ¿Qué otros proyectos estarían preparados para su fase de licitación? Al menos dos: la reurbanización de la plaza ajardinada de la Ciudad de la Justicia, entre las calles Princesa Mercedes, Deportista Vicente Pastor y Médico Pedro Herrero, con un presupuesto de un millón; y la mejora de zonas verdes del entorno del Barranco de las Ovejas, con un gasto estimado de 200.000 euros.

Los dos son proyectos tramitados desde la Concejalía de Urbanismo durante la etapa de Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Y los dos quedaron excluidos del paquete de inversiones sostenibles a ejecutar este año porque el interventor municipal consideró que no reunían los requisitos de las sostenibles. Sea como fuere, fuentes del equipo de Gobierno precisaron a Alicante Plaza que se mantiene el compromiso firme de ejecutar el proyecto de la plaza de la Ciudad de la Justicia con la fórmula de financiación que resulte oportuna. Es decir, que si no se puede impulsar con los 5,7 millones del remanente como obra sostenible, se recurrirá a un crédito para su ejecución o se incluirá como inversión ordinaria en el próximo presupuestos municipal.

El resto de proyectos reivindicados por la oposición todavía tiene un futuro incierto, pese a que el PP también haya puesto el foco en ellos. Es el caso de los proyectos para las segundas fases de los paseos de La Explanada y de la Avenida de Niza. O de la rehabilitación del antiguo Matadero como centro para startups de base tecnológica.