ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante se saldará, finalmente, con un dictamen de conclusiones con perspectivas enfrentadas. Cuando menos, así se desprende de las propuestas particulares elevadas por cada uno de los seis grupos políticos que disponen de representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox), después de seis sesiones de trabajo en las que se ha tratado de dilucidar si UTE Limpal (la concesionaria del servicio, compuesta por Clece y Fissa) cumplió con sus obligaciones en la prestación del contrato (que sigue asumiendo como servicio de emergencia, tras su vencimiento, el pasado febrero).
A grandes rasgos, el equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, plantea un informe de conclusiones común en el que defiende que el servicio se ha prestado sin incumplimientos graves, después de subrayar que las carencias que sí pudieron encontrarse en determinados momentos se subsanaron en cuanto se requirió a la empresa para que lo hiciese. Además, los dos aliados al frente de la gestión municipal descartan posibles responsabilidades políticas en la supervisión del servicio y ponen el foco en las deficiencias advertidas en el pliego de condiciones para poder calibrar la prestación y, llegado el caso, establecer posibles sanciones.
Estas son los planteamientos principales expuestos por las seis formaciones, que no auguran la posibilidad de establecer un dictamen de consenso:
-Las conclusiones del bipartito (PP y Cs). Las apreciaciones de los dos socios de gobierno se resumen en el último párrafo de su propuesta de conclusiones: "Consideramos que de las evidencias existentes no se desprenden incumplimientos graves del contrato en este momento, si bien, como han destacado los distintos comparecientes en esta comisión, se han venido detectando a lo largo de la prestación del servicio incumplimientos menores que una vez han sido comunicados a la UTE han sido subsanados por la misma".
Para la defensa de esa tesis, PP y Cs se apoyan en los informes emitidos por la última responsable del contrato, Teresa Moreno (ahora de baja médica) y por el jefe del Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre. En especial, por lo que respecta al dictamen emitido por este último, el pasado 6 de julio, en el que señalaba que todos los responsables del contrato han venido aprobando las certificaciones mensuales por la ejecución del servicio sin plantear un posible expediente de penalización justificado en el hallazgo de incumplimientos.
PP y Cs apuntan también hacia la redacción del pliego de condiciones, elaborado bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) para señalar que el primer técnico que ejerció como responsable del contrato, Jesús Rubio, ya expuso durante sus dos comparecencias en la comisión que se habían recogido servicios adicionales respecto al contrato precedente sin tener en cuenta su coste económico y que no se había detallado condiciones concretas para poder valorar la ejecución del servicio y poder establecer posibles sanciones en caso de que se detectasen incumplimientos. Además, Así, PP y Cs señalan que "el hecho de que un pliego nazca con deficiencias dificulta su correcto cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria y su fiscalización por parte de los técnicos del Ayuntamiento, prueba de ello es que se hayan sucedido tres responsables del contrato distintos durante su vigencia, y las dificultades que este hecho ha traído aparejadas para su correcta supervisión por parte del Ayuntamiento".
En segundo término, respecto a la determinación de posibles responsabilidades políticas, PP y Cs cargan contra las tres fuerzas que participaron en la redacción del pliego, pero consideran que "la gestión política" en el periodo de duración del contrato -con un gobierno del PP, primero, y con el bipartito, después- "se ha llevado correctamente, con el objetivo primordial de defender en todo momento los intereses del Ayuntamiento". De este modo, PP y Cs inciden en que el exconcejal de Infraestructuras, Israel Cortés (PP), abrió un expediente de averiguación de hechos en cuanto se tuvo conocimiento de las quejas en la prestación, que se cerró en marzo sin que se hallasen anomalías. Y que el actual titular del área (y presidente de la comisión), José Ramón González (PP), trató de desentrañar las apreciaciones contradictorias que existían sobre la prestación para encontrar soluciones.
Por último, los dos partidos remarcan que durante los trabajos de la comisión se ha puesto de manifiesto el mal ambiente de trabajo entre los funcionarios de la Concejalía de Infraestructuras a cargo de la supervisión del servicio, que se vino manifestando con informes contradictorios entre los propios inspectores; una circunstancia que, a juicio de PP y Cs habría podido entorpecer la labor de control municipal.
-Las conclusiones del PSPV-PSOE. El principal partido de la oposición ofrece una perspectiva completamente distinta. En primer término, la propuesta del grupo socialista denuncia los impedimentos que, a su juicio, habría puesto el equipo de Gobierno para que se pudiese fiscalizar la ejecución del contrato: desde el retraso en la entrega de información, hasta el traslado de documentación sesgada, pasando por el bloqueo en la constitución de la propia comisión (aprobada en octubre, pero constituida a mediados de enero, a 15 días de que el contrato venciese).
En segundo lugar, el PSOE incide en que desde los centros escolares se venía denunciando incumplimientos en la prestación del servicio desde mayo de 2018; que esas carencias también quedaron expuestas por los trabajadores de UTE Limpal; y que también quedaron ratificadas en los informes de inspección y en los cruces de comunicaciones entre el primer responsable del contrato, Jesús Rubio, y el jefe de Infraestructuras, Javier Maestre, además de en diversa documentación aportada por la propia empresa concesionaria.
De igual modo, el grupo socialista incide en que los técnicos que sí informaron sobre la existencia de anomalías en la ejecución del contrato acabaron siendo apartados de sus funciones, en alusión al propio Rubio y a la inspectora encargada de vigilar la prestación en los centros escolares, que fue trasladada a la Concejalía de Fiestas. En el caso de Rubio, el PSOE destaca que es relegado de sus funciones en el momento en el que trata de elevar una propuesta de sanción para que pudiese ser aprobada por la Junta de Gobierno.
Además, también rebate algunas de las conclusiones recogidas en el informe emitido este mes de julio por el jefe de Infraestructuras sobre la ausencia de incumplimientos, para señalar que aunque los sucesivos responsables del contrato acabaron firmando las certificaciones mensuales, también es cierto que expresaron reticencias para hacerlo. Igualmente, el PSOE apunta que en ese informe se habla de que no hubo incumplimientos por parte de la UTE que no quedasen justificados por otros servicios de carácter compensatorio, sin que se llegue a concretar cuáles fueron esos otros servicios detallados en horas y en coste económico.
Además, a diferencia de la propuesta de PP y Cs, el PSOE sí considera que hubo responsabilidad política en la falta de supervisión de la prestación por parte de los dos últimos titulares de la Concejalía de Infraestructuras, los populares Cortés y González. Y fundamenta esa apreciación en una cuestión básica: que no se exigió la implantación del sistema de control presencial de los trabajadores de UTE Limpal pese a que estaba recogido en el pliego de condiciones. A juicio del PSOE, ese era un instrumento esencial para conocer el grado de ejecución del contrato. Por todo ello, en su propuesta de conclusiones plantea que la comisión "determine que el contrato no se ha incumplido en su integridad" y que "se deben deducir las cantidades que correspondan por los servicios no prestados de la garantía definitiva". Es más, incluso plantea que el refuerzo en el servicio de limpieza que se debe implantar en los colegios como medida preventiva frente al coronavirus, se preste sin coste alguno por parte de UTE Limpal (que todavía sigue asumiendo el servicio, con el contrato vencido desde el mes de febrero). Por último, reclama "que se depuren responsabilidades políticas que correspondan por el deficiente funcionamiento del servicio".
Los representantes de los grupos políticos, en una de las sesiones de la comisión.
-Las conclusiones de Unides Podem. Como el PSOE, la confluencia formada por Podem y Esquerra Unida también considera que sí se han apreciado incumplimientos en la ejecución del contrato. En esta línea, expone argumentos similares a los apuntados por el grupo socialista para subrayar las carencias en la prestación, así como las dificultades existentes para poder supervisarla. Entre ellas, enumera los cambios en las programaciones horarias y de adscripción de trabajadores a cada centro por parte de UTE Limpal; la ausencia de un sistema de control horario; la falta de cobertura de ausencias de personal; o las horas no prestadas en determinados servicios, como la limpieza de cristales.
Unides Podem también destaca las malas relaciones existentes entre el personal a cargo de la supervisión del contrato, que se pondría de manifiesto en las contradicciones expuestas en sus respectivos informes e incluso entre las explicaciones ofrecidas por Maestre y sus propios dictámenes. Así, también considera inexplicable que no se haya establecido penalizaciones, ya que, según la confluencia, el pliego sí las establecía, aunque no recogiese fórmulas para cuantificar los posibles descuentos en las certificaciones. Con todo, no llega a analizar si se ha incurrido en responsabilidades políticas en una falta de control sobre la ejecución del contrato.
Eso sí, como plantea el PSOE, también solicita que los servicios jurídicos estudien cómo se podrían reparar los incumplimientos reiterados advertidos en la prestación y expresa su preocupación por la ejecución del servicio con el inicio del próximo curso escolar, marcado por las prevenciones higiénico-sanitarias frente al coronavirus.
-Las conclusiones de Compromís. La coalición valencianista coincide en apreciar la existencia de incumplimientos, tras mostrar su preocupación por "las carencias existentes" para poder fiscalizar las grandes contratas municipales. Además, considera que durante el desarrollo de la comisión, al margen de las contradicciones en la emisión de informes y contrainformes, sí se ha puesto de manifiesto que el servicio era "manifiestamente mejorable" y que ha existido "falta de control y de coordinación política".
En esta línea, Compromís también destaca que cuando el primer responsable del contrato estaba dispuesto a eleva una propuesta sancionadora, se adoptó una "decisión política" de no darle apoyo, hasta el punto de que dicho técnico fue cesado, ya bajo el mandato del PP. Igualmente, en su propuesta de conclusiones, reprocha que la Concejalía de Recursos Humanos no actuase con celeridad para atajar la situación después de que se pusiese de manifiesto el mal ambiente de trabajo entre los técnicos de la Concejalía de Infraestructuras.
Además, Compromís también reitera que existió un incumplimiento del contrato al menos por lo que respecta a la implantación del sistema de control horario, "un elemento imprescindible en el esquema de control del servicio". Así, considera que en ese incumplimiento sí existió responsabilidad política en la medida en que el equipo de Gobierno no exigió que se implantase durante los dos años de duración del contrato.
Por último, la coalición reprocha que el informe solicitado por la comisión para que el jefe de Infraestructuras determinase si existió un incumplimiento a sancionar se emitiese el 6 de julio, cuando ya había vencido el plazo de validez de la garantía del contrato y se limitaban las posibilidades de establecer posibles penalizaciones. Además, también Compromís también expresa su preocupación por el hecho de que UTE Limpal siga asumiendo el servicio en precario (sin respaldo de un contrato en vigor) ante el inicio del nuevo curso escolar.
-Las conclusiones de Vox. Por su parte, Vox también considera que han existido incumplimientos contractuales y que la administración -sin atribuir responsabilidades concretas a técnicos o cargos electos- no llegó a actuar como procedía "por dejadez técnica y administrativa" para que la UTE concesionaria ejecutase sus obligaciones, o para detraer las cantidades correspondientes a modo de penalización a través de las certificaciones mensuales. En esta línea, en su propuesta de conclusiones, señala que, a su juicio, en el control del contrato "se ha estado evitando el problema por diversas cuestiones (miedo a una acusación de prevaricación, miedo a no garantizar los puestos de trabajo si se ejecutaban descuentos, miedo a la respuesta de la UTE, etc.)". "Pero, como administración pública que gestiona servicios públicos con dinero público, no caben las maniobras de procrastinación", añade, en alusión a los aplazamientos o la posposición de posibles sanciones.
"Esa dejadez nos ha llevado a una situación en la que se ha estado abonando un servicio público en base a un contrato con elementos que, de forma objetiva, no se han cumplido", insiste Vox. ¿De qué elementos se trata? A su juicio, al margen de las manifestaciones del primer responsable del contrato, Jesús Rubio, sobre la acumulación de 65.000 horas de servicio no prestadas, y de las actas elevadas por la inspectora Amparo Candela sobre las deficiencias observadas en la limpieza de los colegios, Vox se refiere a un parámetro objetivo incuestionable para el conjunto de los intervinientes en la comisión: la inexistencia de un sistema de control biométrico que permitiese acreditar las horas de servicio prestadas en cada centro.
Así, su escrito de conclusiones subraya que "existe un incumplimiento notorio que en el menor de los casos hubiera dado lugar a continuos descuentos hasta su cumplimiento y es la falta de un sistema de control de presencia tal y como se oferta por la empresa y se contrata por el Ayuntamiento. Se trata de un incumplimiento que se ha valorado de forma absolutamente objetiva. Y, además, se trata de un incumplimiento grave puesto que es una herramienta esencial para controlar la ejecución material del contrato".
Y añade: "Desde este grupo no entendemos en absoluto cómo es que se ha obviado por parte del órgano gestor un elemento tan claramente definitivo y evidentemente inexistente y que no se haya procedido a su rápida solución puesto que no caben aquí excusas legales (no vulnera en ningún momento la legislación en materia de protección de datos personales de los trabajadores por existir un interés legítimo por parte de la empresa y del propio Ayuntamiento como contratantes) ni técnicas (es un sistema que la mayoría de las empresas con un centro de trabajo grande o con varios centros de trabajo controlan en remoto sin ningún problema)".
Por último, insta a corregir esas deficiencias en la prestación de otros servicios públicos el futuro con una mejor concreción en los propios pliegos de condiciones. "Los pliegos deben redactarse ofreciendo todas las herramientas necesarias para la cuantificación del servicio prestado por la adjudicataria; el precio debe cubrir de forma amplia las necesidades del servicio a prestar; se debe actuar con contundencia en la fiscalización de los contratos públicos", de modo que no se vuelva a dudar en hacer cumplir lo pactado.
Los representantes de los grupos políticos, en una de las sesiones de la comisión.