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POR LAS CONTRATACIONES AMAÑADAS CON LA EMPRESA GIL DE LOS RÍOS

La jueza acerca al banquillo a la ex cúpula de la Policía de Santa Pola por la trama de los uniformes

18/01/2019 - 

SANTA POLA. El juzgado número 5 de Elche ha finalizado la instrucción del denominado caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola y ha instado a las partes, Ministerio Fiscal y acusaciones particulares (el Ayuntamiento de Santa Pola lo es) a que soliciten la apertura de juicio oral, o el archivo. En esta causa, están acusados los ex regidores del PP Andrés García Baile y Antonio Pérez Huerta; el ex jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza -hermano del ex alcalde- y los agentes Alfonso Aracil y Roque Miguel Alemany;  los representantes de la empresa de uniformidad Gil de los Ríos Antonio Gil Moreno, Mario Gil Moreno y el empleado Antoni Folgado Mateu. Todos ellos están acusados de supuesta prevaricación, fraude, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y malversación de caudales públicos por fabricar pedidos de material que "no tienen finalidad surtir de uniformidad a los agentes de la Policía Local de Santa Pola", sino la "conseguir un desembolso económico por parte del ayuntamiento en favor de la mercantil Gil de los Ríos", según sostiene la juez titular del número cinco, María José Boix. Esta es una de las dos piezas separadas que se sigue por el caso de uniformes: hay otra, que fue la primera, que recoge las contrataciones con la empresa Uniformes Riera e involucra a más agentes, y cuya instrucción también está a punto de finalizar.

El caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola saltó a la luz pública a finales de junio de 2017, cuando la Udef de la Policía Nacional realizó una operación en el consistorio y detuvo a varios de los ahora implicados por irregularidades en la adjudicación de los uniformes. Se hacían contrataciones que no pasaban los 18.000 euros más IVA para evitar las licitaciones abiertas y en muchos de los casos, las prendas no acaban en manos de los agentes de todo el cuerpo, sino para particulares. La investigación también involucró al principio a la empresa Uniformes Riera, de Redován, y posteriormente se amplió a Gil de los Ríos, de València. En esa operación fueron detenidos y llamados a declarar a la Comisaría Provincia de Alicante casi todos los ahora acusados.

Ahora, año y medios después del inicio de la investigación, la juez considera que se han practicado las diligencias pertinentes que se han estimado para el esclarecimiento de los hechos. Y que todos ellos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y malversación de caudales públicos castigados con penas no superior de 9 años de prisión.

Por ello, la juez transforma las diligencias en un procedimiento abreviado y traslada el caso a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación; sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.

En cuanto a los hechos que conforman la causa, la juez resalta que existe un correo remitido por el empleado de la empresa supuestamente beneficiada, Antoni Folgado, que remite al agente Roque Alemañ de fecha 21 de marzo de 2013, y que éste reenvia a su superior, José Miguel Zaragoza, con fecha 27 de marzo de ese mismo año, con un excel, con la cantidad de 27.664 euros, que sería la cantidad que se adeuda a Gil de los Ríos, que "estaría de pendiente de facturar". Esa deuda se corresponde, según la juez, con las peticiones de uniformidad desde 2008 y 2013 fuera de cualquier procedimiento previsto en la Ley de Contratos Públicos.

Y ese deuda con Gil de los Ríos se fue pagó mediante tres facturas tramitadas con tres contratos mejores: una de 17.974 euros -cuyo límite para la adjudicación directa era 18.000 euros-; 4.953 euros, y 13.851 euros. En total, con más de 36.000 euros en facturas correspondientes, insiste la juez en su exposición de los hechos, con contratos menores que "no tienen la finalidad de surtir uniformes a los agentes de la Policía de Santa Pola, sino de conseguir un desembolso económico por parte del ayuntamiento en favor de la mercantil".

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