Las zonas en color rojo indican parcelas con solicitud de DIC en la VEga Baja. Foto: APALICANTE. Los datos recogidos por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad revelan unas prácticas extendidas en la comarca de la Vega Baja en cuanto al respeto por la legislación urbanística referente a la ubicación de ciertas empresas. Según los últimos datos de la conselleria, 223 empresas de la Comunitat han solicitado su regularización al amparo de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). El 40% de todas se concentran en la Vega Baja.
Muchas empresas de la comarca iniciaron su actividad sin contar con todos los informes y autorizaciones pertinentes, por lo que el emplazamiento donde se desarrolla esta actividad carece de legalidad.
Mediante la disposición Transitoria Décimoquinta de la LOTUP, incluida por la Ley 1/2019, establece un mecanismo para regularizar actividades industriales y productivas ubicadas sin licencia en suelo no urbanizable. A ella se han acogido 90 empresas de toda la comarca entre el 3 de julio de 2019 y el 7 de abril de este año.
Además de la concentración en la Vega Baja sobre el total, dentro de la comarca también tiene su concentración particular, Orihuela. La ciudad suma en estos poco más de dos años 51 solicitudes, esto es el 56% de toda la comarca. Además, solo en Orihuela se han presentado más solicitudes que en toda la comarca del Baix Vinalopó.
Las solicitudes provienen de todo tipo de empresas: talleres de reparación, talleres industriales, fabricación de puertas, industria agroalimentaria, almacén productos agrícolas, industria maderera y elaboración de muebles, fabricación de calzado, transporte de mercancías y fabricación textil entre otros.
Esta herramienta creada como un mecanismo extraordinario pero que dado el volumen va modificando su naturaleza, tiene como condición fundamental para su aprobación por la administración que estas actividades deben estar en funcionamiento sobre el suelo no urbanizable en cuestión a la entrada en vigor de la normativa en 2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y de Prevención, Calidad y Control AMbiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. La figura sobre la que pivota este proceso es la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de "regularizacón".
Las DIC son una herramienta para justificar que en suelo no urbanizable se pueden desarrollar actividades industriales y productivas, terciarias o de servicios atendiendo a unos criterios de necesidad del entorno (comunitario) e idoneidad.
El conseller de Política Territorial, Arcadi España, señaló en el momento en el que hizo público los datos generales de la Comunitat que "este procedimiento excepcional permitirá a las actividades obtener la autorización ambiental y de funcionamiento y con ello consolidar los puestos de trabajo".
Las 40 solicitudes restantes presentadas en la comarca se reparten por distintos municipios como Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Callosa de Segura, Almoradí, Guardamar, Pilar de la Horadada, Albatera, Algorfa, Bigastro, Cox, Benejúzar, Dolores y San Isidro. De las 90 solicitudes presentadas en toda la comarca, 17 no han sido admitidas y 15 desistidas.
Las comarcas del resto de la provincia tienen unos datos muy diferentes. En el Baix Vinalopó han solicitud su regularización 46 empresas, en el Comtat 5, en el Vinalopó Medio 18, L'Alacantí 5, L'Alcoià 6, Vinalopó Alto 3, Marina Alta 2 y Marina Baja 4. Con todas ellas la provincia suma 179, en Castellón 16 y en València 31.
