La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ante los juzgados de Benalúa.ALICANTE. El supuesto amaño del Plan General de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz, investigado en una de las veinte ramas que se despiezaron del caso Brugal, llegará finalmente a juicio este año 2020. La vista, que arranca el 30 de junio y se desarrollará hasta el 12 de noviembre, se celebrará más de una década después de que tuviese lugar una operación policial sin precedentes en la provincia de Alicante, en la que se practicaron múltiples registros e incluso el arresto de parte de los ahora procesados.
Y lo cierto es que, a tenor del calendario de declaraciones programadas a lo largo de más de dos meses, todo parece indicar que el juicio va a suponer todo un streaptease sobre los avatares políticos y económicos de aquel momento. El desenlace de esas comparecencias promete someter a toda una época de hegemonía política del PP, y a los entresijos de uno de los principales grupos empresariales de la provincia, ante el escrutinio de la justicia y al examen de la opinión pública.
Está prevista la citación de 53 testigos, al margen de las declaraciones periciales de los investigadores de la Policía. Y no se trata, precisamente, de desconocidos. En la relación de nombres obligados a decir verdad ante el tribunal de la Sección Tercera figura una extensa relación de cargos políticos y de empleados de las empresas de Ortiz de aquellos momentos, además de varios funcionarios del Ayuntamiento de Alicante vinculados a la Concejalía de Urbanismo.
Por partes. El turno de comparecencias se abrirá el 23 de septiembre con el comienzo de las declaraciones de los nueve acusados: los exalcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi; el promotor Enrique Ortiz; los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, de Salvetti Abogados; el empresario ilicitano Ramón Salvador; y los empleados de Ortiz Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz.
Los testigos comparecerán a partir del 30 de septiembre. Para esa fecha, se ha previsto la presencia del arquitecto al que se encomendó inicialmente la redacción del nuevo PGOU en 1999, Lluis Cantallops, y también la de Jesús Quesada, quien le relevó en esa tarea tras el segundo encargo, en 2009, después de que el exalcalde Díaz Alperi acordase romper el contrato inicial. En esa primera jornada de testificales, se incluye la comparecencia de dos primeros funcionarios: el jefe del departamento técnico de Planeamiento y el jefe de servicio de coordinación de la Gerencia de Urbanismo. Y también la de los primeros directivos o empleados del imperio empresarial de Ortiz: Javier Llorens y José Gregorio Bernabé.
Después les seguirán otros trabajadores o responsables de sus empresas como Carlos Parodi, Luis Perea, Pedro Muguruza, Luis Manuel Sirvent, Miguel Carratalá o José Candel. A priori, todos deberán dar explicaciones sobre los procedimientos que resultaban habituales en el día a día de las empresas del constructor.
Las declaraciones de los cargos políticos se iniciarán el 6 de octubre, con la citación del exedil de Seguridad Ciudadana, Pablo Suárez. Y nueve días después también comparecerán otros tres exconcejales del PP propuestos por la defensa de Castedo: el exvicealcalde y exedil de Atención Urbana, Andrés Llorens; el exconcejal de Hacienda, Juan Seva; y la exresponsable de Participación Ciudadana, Mari Ángeles Goitia. En su caso, todo parece indicar que deberán aportar explicaciones sobre acuerdos adoptados por el ayuntamiento durante su etapa de Gobierno y sobre las relaciones entre los procesados y el controvertido constructor. Entre los cargos políticos citados se incluye hasta al exportavoz municipal del PSOE, Blas Bernal.
Asimismo, entre los técnicos o trabajadores que ejercieron responsabilidades en el área de Urbanismo, también están citados a declarar Isabel Campos y Alfonso Mendoza y Manuel Beltrá. Y, por último, entre las citaciones se incluye a otros conocidos empresarios como José Cortina (Bancaja); el constructor Aurelio González Villarejo; Valentín Botella, Roberto López Abad (CAM); o Antonio Solana.
El juicio concluirá con la prueba documental y las audiciones captadas por los investigadores, entre los días 2 y 5 de noviembre, y con la presentación de los informes de conclusiones, entre el 10 y el 12 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción reclama inicialmente 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo PGOU, durante su fase de redacción. El ministerio público acusa a ambos expolíticos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. Por lo que respecta a Ortiz, solicita que se le condene a 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.
