Las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent.ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, opta por poner la venda antes de la herida frente al uso de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, de propiedad municipal, y previene sobre la llegada de más desechos procedentes de los municipios de la Vega Baja.
Así lo ha anticipado este lunes el edil de Limpieza y Medio Ambiente, el popular Manuel Villar, en el transcurso de la primera sesión de la comisión municipal sobre el cumplimiento de la contrata de limpieza y recogida de basura, en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica), en la que ha apuntado que la entrada de ese nuevo volumen de residuos se produce por resolución de la Conselleria de Transición Ecológica, después de que se haya acordado el cierre de los vertederos de la región de Murcia en los que parte de los municipios de la Vega Baja estaban derivando sus basuras hasta ahora. Villar ha apuntado que, por el momento, se desconoce el número de toneladas que se derivarán a las instalaciones de Fontcalent, así como el momento en el que se producirán esos envíos.
El anuncio se ha producido a colación de una pregunta formulada por el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, sobre el periodo de vida útil de la planta de tratamiento. Villar ha respondido al respecto que las instalaciones disponen todavía de la capacidad necesaria para albergar residuos durante los próximos "cuatro o cinco años". Con todo, como ha informado este diario, el equipo de Gobierno también trabaja en el diseño de la construcción de una quinta celda de vertido, a través del nuevo Plan Local de Residuos y del Proyecto de Gestión del Plan Zonal que constituye la ciudad de Alicante. De hecho, salvo cambio improbable, el acuerdo de cesión del suelo necesario para que se lleve a cabo esa ampliación se aprobará en la Junta de Gobierno de este martes.
Por último, Villar también ha confirmado que la modificación del contrato actual de limpieza y recogida de residuos impulsada por el bipartito supondrá un gasto próximo a un millón de euros anuales para incorporar las mejoras en la prestación del servicio, en cuestiones como su extensión hasta el PAU 5, las pedanías, los polígonos industriales, Tabarca y las playas, además de la amortización anual por la compra de nueva maquinaria. Según Villar, esa modificación del contrato está pendiente de que pueda aprobarse el presupuesto municipal de 2020, todavía en manos del interventor municipal, después de que se instase la aplicación de correcciones en algunas de las partidas de Personal.
Por último, durante la comisión, el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha sostenido que durante la etapa de mandato del extinto tripartito no se remitió la información solicitada sobre el cumplimiento del contrato y se ha felicitado de que ahora "el actual gobierno municipal actúe con la necesaria transparencia". Además, ha expresado su queja sobre lo que, a su juicio, podría constituir un ejemplo de "acoso informático" el hecho de que varios vecinos se dediquen a remitir diariamente a los concejales correos electrónicos para denunciar la situación de suciedad de determinados puntos de la ciudad.
Su apunte ha protagonizado un enfrentamiento con los grupos de la oposición, quienes han sostenido que toda ayuda para tratar de mejorar la prestación del servicio es poca. Villar, por su parte, ha lamentado que en esa información suministrada por los vecinos no se permita identificar a los ciudadanos que mantienen comportamientos incívicos y que depositan residuos indebidos fuera de los contenedores.
