ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes el Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución número 2 de Benalúa Sur, que afecta a los terrenos en los que se encuentran las históricas fábricas de Harinas Bufort y Harinas Cloquell, construidas en 1935. La propuesta ha quedado aprobada con los votos a favor de PP, Cs, PSOE, Unides Podem y Compromís y la abstención de Vox (con dos ediles). Se trata del acuerdo que permite conceder a las empresas propietarias del suelo, las dos industrias harineras, la condición de agente urbanizador para el desarrollo del sector, en el que se había previsto inicialmente la construcción de unas 143 viviendas tras la demolición de los edificios de las fábricas.
Ahora, como ha explicado el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), al defender la propuesta, se ha conseguido "un acuerdo con los propietarios para desbloquear el PAI después de 18 años" por el que se procura la protección de parte de los edificios de las históricas fábricas, en función de lo solicitado en varias de las 20 alegaciones que se presentaron tras la exposición pública del PAI planteado por las empresas harineras. En virtud de ese acuerdo, al menos parte de esos edificios (los elementos que merezcan ser conservados tras el análisis de su valor arquitectónico e histórico, como ejemplo de edificación industrial) podrían tener uso público, como sede administrativa o para albergar usos culturales y deportivos todavía por definir.
Santos Pérez ha destacado que se trata de una propuesta que "permitirá desatascar la mejora del acceso sur a la ciudad, uno de los compromisos que adquirimos al principio del mandato, como la aprobación del catálogo de protecciones", y ha confirmado que, a partir de ahora, se prevé elaborar el proyecto de reparcelación del sector, en el que se concretará la reordenación de volúmenes y la redistribución de las viviendas previstas en el suelo del sector, una vez descontada la superficie ocupada por las harineras.
El edil de Vox, Pepe Bonet, ha anticipado la abstención de su grupo al considerar que la indefinición sobre el futuro de los edificios de las harineras y la reordenación del sector supone un elemento de distorsión y ha comparado el futuro de ese suelo con la situación de bloqueo que, a su juicio, se encuentra también ahora el desarrollo del sector de la fábrica de sacos.
No obstante, la propuesta sí ha contado con el respaldo del grupo municipal de Compromís. Su edil, Rafa Mas, ha considerado que la propuesta resulta positiva por lo que supone de protección del patrimonio para uso público y ha planteado la posibilidad de que se pueda convocar un concurso de ideas para definir qué destino podría concedérsele a los edificios de las antiguas fábricas que quedarían preservadas. En esta línea, ha apuntado que uno de esos posibles usos podría ser el de dar asistencia al alto porcentaje de población de la tercera edad que reside en el barrio de Benalúa.
También ha secundado la propuesta Unides Podem. Su edil Vanessa Romero ha apuntado que con el acuerdo alcanzado ahora se da cumplimiento a la propuesta plenaria formulada por su formación en el pleno, encaminada a conseguir la protección de los edificios, "a la que el equipo de gobierno votó en contra", ha señalado. En todo caso, ha apuntado que es un avance que se produzca su incorporación al inventario de propiedades de titularidad pública y ha emplazado a incluir los edificios en el catálogo de protecciones. En todo caso, ha apuntado que Unides Podem prestará especial atención a cómo se configure la reparcelación.
Por el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, también ha secundado la propuesta, como ya sucedió en la comisión de Urbanismo, al considerar que es un ejemplo de cómo la administración puede intervenir en la planificación urbanística en defensa del patrimonio.
Santos Pérez ha replicado, respecto a las dudas de Vox y de Unidas Podem en torno a la reparcelación, que "ahora estamos hablando del PAI, no de la reparcelación, aunque ya queda contemplada la protección de los edificios de las fábricas". Además, ha señalado que "en su momento, votamos en contra de la propuesta de protección de Unides Podem porque habría expuesto al ayuntamiento a tener que pagar indemnizaciones". "Este acuerdo se ha conseguido tras negociar y alcanzar un consenso con los propietarios", ha incidido. En esta línea, ha considerado que "con la propuesta se podrá dinamizar el sector" y ha apuntado que "los propietarios del suelo también han considerado beneficioso que se pueda producir una reorganización en la distribución de las viviendas, por los problemas que habría generado su construcción en primera línea por lo que respecta al nivel freático". El alcalde, el popular Luis Barcala, por su parte, ha expresado su satisfacción por el acuerdo "que era un objetivo de este equipo de gobierno", ha recalcado.
En la sesión también se ha aprobado la nueva versión de la ordenanza reguladora del funcionamiento del cementerio municipal para adaptarla a la legislación vigente, así como para actualizar la regulación de los distintos procedimientos administrativos y servicios que se prestan en él, ya que su reglamento de funcionamiento data del año 1940. En este caso, el acuerdo ha prosperado por unanimidad.
Además, se ha oficializado el acuerdo de concesión de la medalla de oro de la ciudad al Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Juan como reconocimiento a su trayectoria, de 175 años. La propuesta ha quedado aprobada, igualmente, por unanimidad, en virtud del acuerdo que se alcanzó hace más de un año para el inicio del expediente de concesión de esa distinción. Con todo, el alcalde, Luis Barcala, ha apuntado que el acto formal de reconocimiento queda postergado hasta el momento en el que pueda llevarse a cabo un acto presencial con representantes del IES.
Además, en el pleno se han desestimado (también por unanimidad) las peticiones registradas por Hestia Hoteles y Euromaster Automoción para poder optar a beneficios fiscales en el pago del IBI, tras su declaración como entidades de especial interés o utilidad municipal. La edil de Hacienda, Lidia López (PP), ha explicado que la simple alusión a los efectos ocasionados por la crisis sanitaria del coronavirus no es un motivo suficiente que pueda sustentar ese reconocimiento.
De igual modo, se ha aprobado, por unanimidad, el Plan Municipal frente a Emergencias de Alicante, después de un trabajo de elaboración que se ha prolongado durante cerca de dos años, según ha recalcado el edil de Seguridad, José Ramón González (PP).
La sesión se ha iniciado con una declaración de condena del alcalde al ataque homófobo registrado el pasado 14 de febrero en el parque del Tossal: una agresión, presuntamente organizada previamente, según los investigadores de la Policía, protagonizada por cerca de 20 personas frente a tres homosexuales. El primer edil ha considerado que el suceso "merece el más absoluto rechazo y desprecio" y ha asegurado que "detrás de toda violencia, siempre ha habido antes crispación", en lo que podría interpretarse como un reproche al clima de confrontación política generalizada que se registra en la actualidad.