ALICANTE. La prestación del servicio de limpieza de colegios de Alicante, asumida en precario por UTE Limpal (Clece y Fissa) tras el vencimiento de su contrato, el pasado 8 de febrero, vuelve a ser objeto de controversia. Y, además, por partida doble, en función de dos últimos pasos conocidos este martes. El primero de esos pasos fue el acuerdo de pago por el desarrollo del servicio correspondiente a todo el mes de febrero (del 9 al 29) aprobado por el equipo de Gobierno en Junta Local.
En concreto, el bipartito compuesto por PP y Cs validó el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (el mecanismo legal para abonar gastos no presupuestados, como lo son los servicios por contratos vencidos) que permite liberar el pago de más de 513.000 euros, después de que el técnico responsable de la supervisión del contrato hubiese avalado la corrección de su prestación. De hecho, hasta el momento el equipo de Gobierno ya había informado de que se estaba admitiendo las certificaciones presentadas por la empresa correspondientes a los meses de febrero y marzo, pese a que hasta ahora no se había autorizado su abono.
Es más, fuentes del bipartito incidieron en que seguirá adoptándose acuerdos similares en lo sucesivo por los meses de marzo, abril, mayo y junio siempre que los técnicos municipales avalen la corrección de la prestación. Según las mismas fuentes, en ese periodo, el servicio se ha mantenido -sin que se haya concretado en qué forma- aunque las clases presenciales quedasen suspendidas con motivo de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo.
Por lo pronto, con el acuerdo de ese primer pago correspondiente a todo el mes de febrero, el Ayuntamiento cubre el importe del primer periodo en el que el servicio se ha facilitado sin la cobertura de un contrato en vigor y sin que se haya procedido a convocar un nuevo concurso. Todo, además, en un contexto en el que sigue sin cerrarse la comisión específica creada para analizar los supuestos incumplimientos por parte de UTE Limpal y sin que se haya concretado las conclusiones al respecto. Los trabajos de esa comisión se reanudarán el próximo día 15 de julio, según la notificación remitida a los grupos de la oposición este martes, en una sesión en la que podría acordarse ese dictamen final.
El segundo paso vinculado a la contrata de limpieza de colegios conocido este martes tiene que ver con la emisión del informe que la propia comisión había solicitado a la Concejalía de Contratación sobre la posibilidad de que se estableciesen penalizaciones a UTE Limpal, en el supuesto de que se concluyese que sí se habían producido defectos en la prestación del servicio. Ese informe da prácticamente por descartada la posibilidad de que se pueda acordar penalizaciones o sanciones por incumplimientos en la prestación del servicio, puesto que no es una posibilidad amparada legalmente para los contratos que ya están extinguidos en los que también haya quedado vencido el plazo de garantía. Es decir, justo lo que concurre en este caso: el contrato finalizó el 8 de febrero y el plazo de garantía terminó el 8 de mayo, aunque no se ha producido a su devolución.
En esta línea, el dictamen considera que en el caso de que no se hubieran prestado todos los servicios contratados, "lo correcto" habría sido no pagar la certificaciones correspondientes en su totalidad o, en su defecto, las que queden pendientes de pago. Así, apunta que en el caso de que eso no sea posible, se podrán deducir cantidades de la garantía definitiva, siempre que su plazo no hubiese vencido, como sucede en este caso. Además, establece que para ello sería necesario que se emitiese una propuesta de penalización por incumplimiento por parte del responsable del contrato en la que se cuantificase los servicios no prestados.
Esa propuesta debería remitirse a la concesionaria para que pudiese presentar alegaciones. Y, después, el acuerdo de penalización debería ser aprobado por el órgano de contratación: es decir, la Junta de Gobierno. Hasta el momento, esas decisiones no se han producido durante los dos años de vigencia del contrato. Y, al margen de la imposibilidad que entraña el vencimiento del contrato y de su garantía, difícilmente podrían adoptarse ahora en un momento en el que la UTE sigue asumiendo el servicio como prestación de emergencia, pese a haber renunciado expresamente a optar a la prórroga a la que tenía opción.
En esta línea, el grupo municipal del PSPV-PSOE cargó este martes contra el bipartito por "haber permitido la finalización del contrato y el plazo de garantía previsto en el mismo" sin que ahora sea "posible imponer penalidades". Su portavoz municipal, Paco Sanguino, culpó de "desidia" al alcalde, el popular Luis Barcala, "por no haber reaccionado en tiempo y forma ante las reiteradas presuntas irregularidades denunciadas desde mayo del 2018".
El PSPV-PSOE responsabiliza al bipartito de no haber actuado con anterioridad para establecer posibles penalizaciones pese a estar advertido de presuntas irregularidades en la prestación del servicio desde mayo de 2018
Así, a través de un comunicado, denunció que "no solo en el anterior mandato el concejal Israel Cortés (PP) ya tuvo conocimiento de las irregularidades en la ejecución del contrato, sino que en el actual, desde el mes de agosto, el Grupo Municipal Socialista (GMS) ha estado detrás del equipo de Gobierno del PP en este asunto". En concreto, según el comunicado, "el pasado 5 y 12 de agosto de 2019 el grupo municipal solicitó toda la documentación referente a la contrata de limpieza de centros escolares y dependencias municipales. El PP no dio traslado a la documentación hasta la segunda quincena de octubre y además solo se dio parte de la misma".
Asimismo, el comunicado recuerda que, en el pleno del 26 de septiembre, el PSPV-PSOE presentó una moción para la constitución de una comisión de investigación, lo que se acordó por unanimidad. Con fecha del 15 de octubre se dictó el decreto de constitución para la fiscalización del cumplimiento del contrato y, a pesar de la solicitud de la convocatoria de la comisión de manera inmediata para el mes de noviembre por parte del PSOE, la comisión no fue convocada hasta enero de 2020.
Ahora, para Sanguino, "las conclusiones del informe del Servicio de Contratación son tajantes al indicar que sí es posible imponer penalidades, una vez finalizado el contrato, las cuales se deducirían de las certificaciones que estén pendientes de pago y, en su defecto, de la garantía definitiva depositada, siempre y cuando no haya finalizado el plazo de garantía". No obstante, apuntó que "el informe deja claro que no puede haber sanciones porque el contrato ya está finalizado desde 8 de febrero de 2020 y además también ha pasado la garantía del mismo. La dilación y demora en este asunto es más que patente y ya lo denunciamos en su día. La consecuencia ya la tenemos servida, no se pueden imponer sanciones a la concesionaria".
