ALICANTE. Los empresarios del ocio y la hostelería de Alicante, agrupados en torno a la asociación Alroa, comienzan a delimitar el alcance y las consecuencias de la implantación de las dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) acordadas por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), el pasado 12 de febrero, con el propósito de mediar en el conflicto de convivencia generado entre el funcionamiento de los establecimientos del sector y el derecho al descanso de los residentes del Centro Tradicional y Casco Antiguo. El primero de esos cálculos tiene que ver con el número de locales afectados, que Alroa habría acabado de concretar en un primer censo específico que, a su juicio, daría cuenta del supuesto perjuicio de las restricciones contempladas en esas ZAS.
En concreto, su delimitación afectará al funcionamiento de 79 establecimientos: 59 en el perímetro de limitaciones acotado en el Centro Tradicional, y otros 20 en el caso del Casco Antiguo. Se trata de un dato que, según representantes del sector, daría cuenta de la posición de fuerza de sus reivindicaciones. Y que, además, podría servir de base para la reclamación de posibles compensaciones económicas a posteriori, en el supuesto de que se apueste por mantener el conjunto de medidas de control incluidas en las dos ZAS, entre las que se incluye el adelanto del horario de cierre y la restricción de superficie para la instalación de veladores.
Por lo pronto, los empresarios trabajan ahora en el estudio de las alegaciones que prevén registrar frente a las dos ZAS acordadas por el equipo de gobierno, que ya tienen eficacia en al menos tres extremos concretos hasta que se produzca su aprobación definitiva: la suspensión de licencias para la apertura de nuevos locales, el bloque en la concesión de nuevas autorizaciones de veladores y el refuerzo en la presencia policial como elemento disuasorio de grandes afluencias de clientes en la vía pública. Cuando menos, esa vigilancia ya estaría activa, según sostuvo este martes el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la comparecencia pública semanal en la que se informa sobre los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno, a colación de la demanda previa que ya habían formulado los propios hosteleros en ese sentido.
Efecto de la Ordenanza de Ocupación
Todo parece indicar que, en esas alegaciones, se prevé esgrimir que la implantación de las ZAS no resulta obligatoria, en la medida en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha revocado la sentencia de primera instancia en la que conminaba a acordar esas medidas de control del ruido sobre el eje de la calle Castaños. Y, además, también se prevé argumentar que las mediciones sonométricas que, según el equipo de gobierno, evidenciarían la superación de los límites de ruido en horario nocturno habrían perdido toda validez a partir de la entrada en vigor del nuevo régimen horario introducido para el funcionamiento de los veladores a través de la Ordenanza de Vía Pública, el pasado mes de enero.
Con todo, lo cierto es que también se espera la presentación de alegaciones en sentido contrario -reivindicando medidas efectivas de control del ruido, como posibles cierres de locales infractores- por parte de los colectivos de residentes que han venido reivindicando soluciones al problema desde hace al menos una década en los dos barrios. De este modo, se pretendería apuntalar y reforzar el alcance de las dos ZAS, al margen de que el TSJ haya rebajado la presión sobre el equipo de gobierno al anular el mandato judicial de su implantación en el caso del Centro Tradicional. La resolución del alto tribunal, eso sí, queda todavía sujeta a la respuesta a la solicitud de aclaración y subsanación presentada por los vecinos recurrentes, en la que instan a rectificar el fallo tras mantener que la normativa no requiere del registro de mediciones en el interior de los domicilios de los afectados como circunstancia para poder declarar una ZAS.
Entre tanto, el mismo Villar confirmó también este martes que la activación de las dos ZAS no tiene marcha atrás, a pesar de que la sentencia del TSJ haya suprimido la obligación de acordar su implantación en el caso del Centro Tradicional. Así, reiteró que el objetivo del equipo de gobierno era implementar medias de control frente al ruido, al margen de cuál fuese el pronunciamiento del TSJ, aunque insistió en que el Ayuntamiento presentó recurso frente a la sentencia de primera instancial al defender que no se había vulnerado ningún derecho fundamental. Por último, volvió a insistir en que las dos ZAS se encuentran en fase de exposición al público y que se analizarían las alegaciones que se presenten con la previsión de que puedan implementarse las que se consideren razonadas.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, también se pronunció respecto a la aplicación de las ZAS para reprochar que el alcalde, Luis Barcala, "utilce ahora un lenguaje ambiguo, sin establecer de forma clara cuál es su criterio". "Reclamamos que se convoque la comisión del ruido para que Barcala explique realmente qué se va a hacer para salvaguardadr el derecho al descanso de los vecinos. Exigimos que explique a la oposición cuál es su posicionamiento y cuáles son los siguientes pasos que se van a dar. No se puede poner de perfil ante los problemas y huir de las soluciones, alegando ahora que ya se verá qué se hace en función de las alegaciones, cuando ni siquiera se han hecho las mediciones sonoras necesarias para tomar decisiones".
