ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que estima los recursos del Ayuntamiento de Alicante, de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa) y de varios empresarios hosteleros a título particular, y revoca la resolución del Juzgado de lo Contencioso número 3 que conminaba a implantar límites al ruido solo sobre el eje de la calle Castaños mediante la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) no tendrá consecuencias prácticas en sentido estricto. Cuando menos, la pretensión del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), es completar el procedimiento para la instauración de las restricciones en el funcionamiento de los establecimientos de ocio y hostelería en el Centro Tradicional y en el Casco Antiguo en desarrollo del compromiso público adquirido hasta ahora. 

Así lo ha corroborado, cuando menos, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, este jueves, tras conocer el alcance de la resolución del alto tribunal autonómico, en la que se anula la sentencia favorable a los vecinos, dictada el pasado mes de mayo, tras concluir que al menos una de las residentes que interpuso el recurso por vulneración de derechos fundamentales carece de legitimidad para instar ese procedimiento en la medida en que no residiría en la calle Castaños de forma permanente.

En este sentido, Villar ha expresado su satisfacción ante la estimación de los recursos al considerar que el alto tribunal vendría a ratificar la versión defendida por el equipo de gobierno. "Ya dijimos en su momento que el Ayuntamiento no había vulnerado ningún tipo de derecho fundamental de nadie", ha señalado. "Lo que ha hecho el TSJ es convalidar" la posición municipal, ha añadido. Y, además, ha garantizado que el hecho de no contar con una sentencia que conminase a acordar la ZAS no va a alterar la hoja de ruta ya trazada con la aprobación de esas restricciones en los dos barrios en los que se habría constatado que existe "un problema de convivencia" entre la actividad hostelera y el descanso vecinal. "Lo dijimos en su momento, que con independencia del resultado del recurso, hay un problema de convivencia e íbamos a implantar una ZAS sí o sí", ha recalcado.

En todo caso, ha apuntado que la nueva decisión del TSJ -en sintonía con la resolución que adoptó tras la primera sentencia favorable a los residentes- introduce un "elemento nuevo" en un contexto en el que las dos ZAS aprobadas en Junta de Gobierno se encuentran en fase de exposición al público. En este sentido, ha considerado que la sentencia podría introducirse en esas alegaciones, por lo que ha dejado la puerta abierta a una posible modulación de las restricciones planteadas, en el caso que se considere que las objeciones planteadas resultan oportunas. "Lo que esta sentencia implica es un elemento nuevo que evidentemente puede ser presentada en las alegaciones cuyo periodo está ahora mismo abierto y que el Ayuntamiento puede valorar", ha señalado.

Hasta el momento, esas ZAS comprenden la suspensión de la concesión de nuevas licencias para locales de ocio y hostelería en los perímetros delimitados por las calles Castaños, San Ildefonso, Cándida Jimeno Gargallo y el tramo de la calle San Francisco comprendido entre su intersección con Castaños y el Portal de Elche, en el caso del Centro Tradicional. Y en el caso de la ZAS del Casco Antiguo, esa limitación se aplicaría sobre los negocios situados en la Plaza Quijano y en las calles Virgen de Belén, San Agustín y Montegón. Ese bloqueo en la apertura de nuevos locales quedó activada en la misma fecha de aprobación de las ZAS en la Junta de Gobierno.

No obstante, el resto de limitaciones quedan demoradas hasta que se produzca su aprobación definitiva, con la resolución de las alegaciones que puedan presentarse. Por lo pronto, entre esas restricciones pendientes de aplicación figuran el recorte en el horario de funcionamiento de los establecimientos. Con carácter general, se acuerda como norma general que deberán cerrar a las 00:30 horas, de domingo a jueves, y a la 1:00 los viernes y sábados. En el caso de las discotecas, se propone alargar su funcionamiento hasta la 1:00 horas de domingo a jueves y hasta las 3:00 los viernes y sábados.

Nuevas vías de acción

Entre tanto, los dos residentes que registraron el segundo contencioso a título individual, una vez descartada la validez del recurso iniciado a través de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, también sopesan la posibilidad de adoptar nuevas acciones legales encaminadas a conseguir el objetivo pretendido: que se apliquen limitaciones a la actividad del ocio que garantice su derecho al descanso. En esta línea, fuentes consultadas apuntan que, en primer término, se prevé presentar un incidente de aclaración de sentencia, toda vez que el alto tribunal se refiere a la falta de legitimidad de una de las recurrentes -presidenta de la asociación vecinal- con el argumento de que no tiene fijada su residencia permanente en la calle Castaños, pero obvia que existe un segundo recurrente que también residiría en esa misma calle sobre el que no llega a pronunciarse.

Además, las mismas fuentes recalcan que no puede aceptarse que se considere que la presidenta del colectivo no está legitimada para plantear la demanda por vulneración de derechos fundamentales por el hecho de que la entrada a su casa esté situada en otra calle distinta (la calle San Francisco), ya que, en realidad, toda la vivienda está vinculada con la calle Castaños y, por tanto, queda expuesta al efecto del ruido generado por los establecimientos de ocio situados en ese eje.

Al margen de ello, el colectivo no descarta la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) como ya hicieron frente a la anulación de la primera sentencia a su favor. O, incluso, la de iniciar un nuevo procedimiento firmado por recurrentes cuyas viviendas sí dispongan de numeración en la calle Castaños o en alguna de las otras vías de su entorno para las que también se solicitaba la aplicación de restricciones por superación de los niveles máximos de ruido (Castaños, San Idelfonso, López Torregrosa, Artilleros, Rambla de Méndez Núñez, Pascual Pérez, Teatro, Teniente Álvarez Soto, Portal de Elche, Bailen, Gerona y San Francisco), toda vez que el TSJ da por válida la prueba pericial analizada por el juzgado de primera instancia, sin entrar a valorar de forma pormenorizada si existe o no ese exceso en las emisiones sonoras captadas por la red de sonómetros municipales situados en la vía pública.

Reacciones políticas

Entre tanto, todas las formaciones políticas representadas en la corporación municipal han valorado la sentencia del TSJ desde distintos perspectivas. En primer término, La portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha defendido, antes de que trascendiese la posición del equipo de gobierno, que el Ayuntamiento "puede y debe seguir adelante con la implantación de la ZAS, que debe servir como un instrumento para proteger el derecho al descanso de los vecinos, y siempre y cuando se tenga la certeza de que se cuenta con todas las garantías necesarias para ponerla en marcha". Barceló ha recordado que los residentes en Castaños "tuvieron que acudir a la justicia por la inacción del Ayuntamiento, que no les daba una respuesta a su problemática".

"Lo que reclamamos es que el Ayuntamiento siga adelante con la implantación de la ZAS, asegurándose de que se cumple con todos los requisitos que exige la ley de contaminación acústica de la Comunidad Valenciana", ha señalado. Barceló ha criticado además que el gobierno de Barcala "sigue sin dialogar con los vecinos y los hosteleros". "No se puede solucionar un problema hablando sólo a través de los tribunales. A Barcala le ha faltado cintura política para alcanzar soluciones de consenso que permitan garantizar el derecho al descanso y la actividad en la zona donde se pretende implantar la ZAS", ha considerado.

En segundo término, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha ofrecido una valoración crítica respecto al proceder del equipo de gobierno en torno a la aplicación de restriccioes al ocio y la hostelería al apuntar que "ahora sabemos que el ZAS que han impulsado ha sido por mera oportunidad política de rendirse ante la extrema izquierda, ya que no han llevado a cabo estos años ninguna actuación correctora como la presencia policial y la inspección de licencias para garantizar el derecho al descanso vecinal y el derecho al trabajo". "Desde Vox pedimos hace meses los datos sobre las nuevas mediciones para el ZAS actual y no hemos tenido contestación así que, viendo los antecedentes, preveemos otra chapuza que no contenta a nadie", ha concluido.

En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha considerado -también antes de que se apuntase la continuidad de las ZAS en trámite- que "con independencia y respeto a esta nueva resolución judicial, el equipo de gobierno debe seguir con su hoja de ruta para equilibrar la actividad económica con el derecho al descanso y al disfrute del espacio público por parte de todos. Desde Compromís, insistimos en convocar una mesa de participación social y técnica, donde vecinos, sectores empresariales, técnicos y representantes politicos analicemos las medidas que se deben aplicar para el control del ruido (ZAS), ver su eficacia y atender las peticiones de los sectores afectados".

Y, por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha señalado que "la sentencia del TSJ supone un retroceso grave en la protección del derecho al descanso de los vecinos del Centro de Alicante, un derecho fundamental que parece quedar en segundo plano frente a intereses particulares. Es completamente inaceptable que se desestime la posibilidad de limitar el ocio nocturno por cuestiones burocráticas, cuando los efectos negativos del ruido en la salud de las personas están ampliamente documentados y son cada vez más evidentes".

Así, ha apuntado que "desde EU Podem, denunciamos que el Ayuntamiento continúe alineándose con los intereses de los hosteleros, sin tener en cuenta el bienestar de la mayoría de la población. Es urgente que este equipo de gobierno deje de gastar dinero público en medidas que benefician únicamente a un sector económico, mientras los vecinos siguen sufriendo por la falta de medidas efectivas que garanticen un descanso digno. Exigimos que el Ayuntamiento tome decisiones valientes y se comprometa a garantizar una ciudad habitable para todas las personas, donde el ocio y la vida nocturna no pongan en riesgo la calidad de vida de quienes viven en ella", ha concluido.