ALMORADÍ.- La Agrupación Local del PSOE de Almoradí atraviesa una situación de tensión interna tras la comunicación emitida por la Secretaría de Organización Provincial anunciando la disolución de la Comisión Ejecutiva Local y el nombramiento de una gestora encabezada por la concejala de Guardamar del Segura, Pilar Gay. La decisión, difundida inicialmente a través de los medios de comunicación, ha generado inquietud entre la militancia y ha abierto un debate sobre el procedimiento seguido para su adopción. Ahora, la antigua dirección pide que la dirección federal del PSOE anule la disolución.

La Ejecutiva Local, elegida en Asamblea General hace aproximadamente un año, sostiene que no ha recibido notificación formal de ninguna resolución de los órganos federales o nacionales que avale la medida. Según exponen, esta ausencia de comunicación oficial impide ejercer el derecho de defensa y dificulta la presentación de alegaciones dentro de los plazos establecidos.

El origen del conflicto se sitúa en el funcionamiento del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Almoradí, donde dos de sus concejales decidieron expulsar a otros dos concejales -el grupo político tiene cuatro representantes municipales-, lo que fue anulado posteriormente por la dirección provincial. Como publicara Alicante Plaza, la dirección no solo ha anulado la expulsión de los ediles Rosana Martínez y Joaquín Barraquel Selva, sino que decidió, además, otorgar la portavocía a Joaquín Barraquel. Pese a la decisión de la gestora, los otros dos ediles, Ruth Navarrete y Antonio Sabino- no tienen pensado ceder la portavocía. Es decir, que el sainete continuará.

La difusión pública de la disolución de la ejecutiva provocó, además, que diversos vecinos y militantes hayan solicitado explicaciones sobre los motivos que han llevado a la adopción de esta medida, y la ausencia de un expediente formal previo. La dirección local considera que la filtración a la prensa ha generado, a su vez, un perjuicio reputacional para la agrupación.

Ante esta situación, miembros de la antigua dirección han presentado una solicitud ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en la que se pide la nulidad de cualquier decisión de disolución de la Ejecutiva Local si no existe un procedimiento formal; la suspensión cautelar del nombramiento de la gestora hasta que se resuelva el fondo del asunto; la notificación inmediata del expediente completo, en caso de existir; la apertura de un expediente informativo sobre la filtración a los medios, y la posibilidad de acudir a la vía judicial para la protección de derechos fundamentales si no se obtiene respuesta en plazo.

La resolución de este conflicto orgánico queda ahora en manos de los órganos federales del partido, que deberán determinar si el procedimiento seguido se ajusta a los estatutos y reglamentos internos.