ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que revoca la sentencia sobre la Zona Acústica Saturada (ZAS) de la calle Castaños de Alicante no zanja la controversia, a pesar de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), haya confirmado su intención de persistir en la implantación de esa figura con una batería de medidas encaminadas a reducir el problema del ruido tanto en el Centro Tradicional como en el Casco Antiguo. Por lo pronto, los vecinos que iniciaron el segundo procedimiento por vulneración de derechos fundamentales no están dispuestos a asumir las conclusiones alcanzadas por el alto tribunal autonómico y ya han registrado un escrito de solicitud de aclaración o subsanación de su pronunciamiento en el que defienden tanto su legitimidad para reclamar la protección del derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al descanso, como la validez de las mediciones captadas por la red municipal de sonómetros para justificar la declaración de una ZAS.

En concreto, en esa petición -registrada este mismo viernes- se argumenta que no podría obviarse que la demanda está promovida por dos residentes y que, al menos uno de ellos, sí tiene domicilio con numeración en la calle Castaños, por lo que, a su juicio, no concurre falta de legitimidad entre los actores del recurso que dio inicio al procedimeinto como causa para tumbar la sentencia de primera instancia. Todo, al margen de subrayar que esa teórica falta de capacidad para recurrir tampoco debería considerarse en el caso de la primera firmante del recurso (la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional) puesto que, pese a que su vivienda tenga su acceso y número en la calle San Francisco, queda expuesta de forma íntegra al volumen de ruido de la calle Castaños.

Pero no solo eso. La solicitud de aclaración o subsanación de sentencia también apunta que tampoco podría esgrimirse como motivo de anulación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 el hecho de que las mediciones sobre el nivel de ruido valoradas en esa instancia no se hubiesen captado en el interior de las viviendas de los recurrentes. Es decir, uno de los argumentos centrales incorporados en los recursos de apelación presentados por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa) y por empresarios hosteleros a título particular que el alto tribunal decide estimar. A juicio de los residentes, ese no sería un requisito exigido en la normativa para que se promueva la declaración de una ZAS, toda vez que el problema del exceso de ruido se genera en la vía pública. Y es en ese ámbito en el que se tomaron los registros de ruido, captados por los sonómetros instalados por el propio Ayuntamiento en 2016. 

En este sentido, el escrito presentado por los vecinos subraya que esa sería la circunstancia que se habría tenido en cuenta en al menos cuatro sentencias dictadas por el propio TSJ para acordar la declaración de otras tantas ZAS en la ciudad de València. Así, apunta que en esas resoluciones se reconocería que "la contaminación acústica puede llegar a suponer una injerencia ilegítima en el domicilio, una violación del derecho a escoger libremente el lugar donde vivir y un atentado contra la integridad física y moral" por lo que se arguye que "no es necesario acudir al procedimiento ordinario ya que los parámetros de zona ZAS se dan en la calle y eso está recogido en la Ley". De ahí que se añada que en este segundo procedimiento respecto al Centro Tradicional de Alicante "se ha practicado como en el año 2019 una pericial judicial imparcial y en el año 2023-2024 otra" en cuyos resultados se apreciaría que concurren los niveles de superación necesarios para justificar la declaración de zona ZAS "en base a los parámetros y eso lo recogen las sentencias de instancia que valoran la prueba".

De ahí que los vecinos conminen al alto tribunal a aclarar su sentencia en lo que concierne a la falta de legitimidad, y a rectificar el fallo alcanzado en base a la aceptación de las mediciones sonométricas captadas en la vía pública, al ser el elemento que, según se indica, se necesita para que pueda justificarse la implantación de las restricciones a la actividad del ocio y la hostelería que comporta una ZAS. Todo, eso sí, sin que en ese escrito se llegue a incorporar ningún argumento adicional frente al tercero de los factores en los que el TSJ fundamenta su decisión: que no se hubiese aportado ningún informe médico o prueba del efecto que podría generar la exposición de los recurrentes al ruido. En todo caso, frente a ese motivo de revocación podría formularse objeciones en un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) que pudiese presentarse a posteriori.

Alroa, frente a la necesidad de las ZAS

Entre tanto, los empresarios agrupados en Alroa también se posicionaron este viernes respecto al alcance de la sentencia para rebatir la decisión de implantar las dos ZAS del Centro Tradicional y Casco Antiguo ratificada por el equipo de gobierno. A juicio del colectivo, "el Ayuntamiento de Alicante lleva meses mintiendo a los vecinos y al sector empresarial. La sentencia del alto tribunal confirma que no era cierto que el equipo de gobierno estaba obligado a aplicar una ZAS acotada a calles concretas y contra negocios determinados. Otros intereses tenían por delante", apuntaron, a través de un comunicado. Es más, la asociación empresarial consideró que "las medidas impuestas por el Ayuntamiento" con "la actual ZAS ha llegado a su fin" tras considerarla "precipitada, descabellada e inapropiada, sin atender a los intereses de los vecinos ni a la obligatoriedad de una orden judicial".

Los empresarios del ocio dan la actual ZAS ya aprobada de forma inicial por finalizada y apuntan la posibilidad de reclamar compensaciones por el daño reputacional 

En esta línea, portavoces de Alroa consideraron que "lo normal era esperar al fallo definitivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antes de precipitarse en una ZAS perjudicial para la ciudad y para el sector de ocio y la restauración. Alroa siempre ha sostenido que el fallo del alto tribunal era el resultado esperado y que la situación debía resolverse por otros métodos y sistemas, sin imposiciones autoritarias como las que el equipo de gobierno municipal ha puesto en marcha con la aprobación de la ZAS para la zona Centro, basadas en falsedades y fundamentadas en una mentira sostenida sobre la supuesta obligación impuesta por la sentencia del juzgado, hoy anulada, olvidando que ellos mismos tenían un recurso en el TSJ", recalcaron, a través de un comunicado.

Es más, con el nuevo escenario deparado por la resolución del alto tribunal, los empresarios del sector exigieron explicaciones al equipo de gobierno con el fin de que detallen "por qué se anticiparon a las medidas cuando ellos mismos eran recurrentes contra la sentencia del juzgado", "por qué establecieron una ZAS sin el procedimiento completo y solo circunscrito a determinadas calles, y no aplicadas para la defensa del conjunto de la ciudadanía" y "por qué la pasividad de años anteriores y las prisas de los últimos meses". Además, recriminaron "falta de diálogo, ausencia de transparencia y favoritismo manifestado con sus actuaciones sobre unas zonas de la ciudad frente a otras". En este sentido,  consideraron que "el alcalde debe justificar sus propias declaraciones sobre la concentración del ocio en la calle Castaños, y explicar a la ciudadanía por qué se permite que se violen los precintos de locales que operan sin licencia en otras áreas de la ciudad".

Al tiempo, portavoces de Alroa anticiparon que su intención es analizar ahora la sentencia del TSJ para "establecer una hoja de ruta que ordene la situación" y "las posibles acciones legales por el daño reputacional, en facturación y en puestos de trabajo que han generado las medidas del Ayuntamiento", en alusión al efecto disuasorio para la llegada de clientes que, según vienen sosteniendo, podría generar el mero anuncio de la implantación de los límites en el funcionamiento de los locales de ocio y hostelería, entre los que se incluye el adelanto del horario de cierre.

Barcala persiste en la convivencia

Por su parte, el mismo alcalde, Luis Barcala, también se pronunció este viernes respecto a la resolución del TSJ para reafirmar las manifestaciones formuladas el jueves por el vicealcalde, Manuel Villar, y garantizar que las dos ZAS en trámite se mantendrán "sí o sí" al margen de la decisión del alto tribunal autonómico al reiterar que, en último término, de lo que se trataría es de intervenir ante un "problema de convivencia que no niega absolutamente nadie y que hay que ponerle solución". "Dijimos que implantaríamos una ZAS sí o sí, al margen de que presentásemos el recurso, y lo hicimos porque considerábamos que no se vulneraban derechos fundamentales de nadie", insistió. 

En todo caso, recalcó en que esas dos propuestas de limitaciones a la actividad de los locales de ocio y hostelería quedan expuestas todavía a la resolución de las alegaciones y aportaciones que puedan formularse, sin llegar a anticipar si podrían adoptarse medidas distintas en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo a la vista de la sentencia del TSJ, ni pronunciarse sobre la posibilidad de que pueda modificarse el recorte horario planteado hasta ahora. "Las ZAS están en periodo de alegaciones; claro que esta sentencia es un elemento nuevo que no estaba antes y se pueden tener en cuenta", concretó. "Lo que tratamos es de conciliar los intereses de los vecinos y de los empresarios", recalcó. "Valoraremos y estudiaremos todas las alegaciones", concluyó, tras recordar que las ZAS ya contemplan el incremento de la presencia policial para dar cumplimiento a las medidas planteadas, en respuesta a las quejas formuladas por los propios empresarios hasta ahora al plantearla como medida disuasoria. "En eso tienen razón", reconoció Barcala, para sostener que esa medida ya está programada.