Protesta de los agricultores murcianos. Foto: M. P.MURCIA. Un paro agrario de los regantes de la Región, Alicante, y Almería el próximo miércoles, que afectaría a 70.000 trabajadores, facilitará la asistencia de los regantes a la protesta de ese día frente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en Madrid con la que se pretende expresar el malestar por el cambio de criterio del Gobierno central con el Travase Tajo-Segura.
El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, ha hecho un llamamiento a los alcaldes de las tres provincias a que "alienten a sus poblaciones" para que acudan a la manifestación, puesto que también se van a ver perjudicados por el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez .
Jiménez ha alertado de que ese incremento va a provocar "8.000 despidos en las tres regiones afectadas" y numerosos daños medioambientales y socioeconómicos, como "la perdida de 27.000 hectáreas del cultivo más eficiente y sostenible de Europa", informa Efe.
Además, ha augurado que los regantes van a tener que pagar "cantidades increíbles" por menos caudal de agua, puesto que van a seguir abonando la tarifa fija que tenían, mientras que el agua desalinizada, una vez aplicada la subvención, "será el triple de cara que el agua trasvasada".
Los regantes acusan a la ministra de Transición Ecológica, Elena Ribera, de "mentir" cuando dice que "el Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental", y que esta explicación enmascara "una decisión personal auspiciada por el bravucón del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje".
La decisión del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Ribera de mandar al Consejo de Estado el plan del Tajo sin la disposición adicional que permitía revisar en 2026 los caudales ecológicos del río cedente (en función de cómo mejorase Madrid la depuración del agua que devuelve al cauce), y al mismo tiempo no prorrogar el precio pactado del agua desalada (0,45 euros el metro cúbico) que venía del decreto anticrisis por Ucrania, parece condenar al campo murciano y alicantino, principales damnificados: menos posibilidades de que llegue el agua trasvasada que sí pueden pagar, y un precio prohibitivo para el agua desalada que debe compensar los menores trasvases. Sin contar con las continuas subidas de precio al suministro doméstico que tienen que aplicar los ayuntamientos que beben del Taibilla.
El Gobierno regional envió un escrito al Consejo de Estado ante los cambios para el futuro del trasvase y el órgano consultivo concedió audiencia a la Comunidad, y le dio de plazo hasta el jueves para presentar toda la información que se estime oportuno. En estos momentos, según fuentes de Agricultura, se está elaborando el escrito pertinente en el que se recopilarán todos los argumentos necesarios para demostrar la necesidad del mantenimiento del trasvase tal como está, y que no existen criterios técnicos que indiquen lo contrario.
La clave que abre un resquicio de esperanza es que el Consejo de Estado ha remitido a la Región de Murcia el borrador del Real Decreto que debe aprobar el Consejo de ministros, de manera definitiva, próximamente. Y ese borrador cuenta con cambios de calado respecto al texto debatido y aprobado en el Consejo Nacional del Agua: se modifica la disposición adicional novena (la victoria pírrica de Puig), lo que implica que los recortes propuestos ya no están condicionados al estado ambiental del Tajo. En un principio ese recorte (al elevar el caudal ecológico) se vinculaba a un plan de seguimiento ambiental, y así venía recogido en el texto del que ahora se ha eliminado.
La Región presentará las alegaciones este jueves, pero antes de una previsible respuesta por parte del Ministerio, el próximo día 11 hay prevista una movilización masiva convocada por el Gobierno regional y los agricultores en Madrid. Una protesta que dejará claro la opinión de los agricultores murcianos y que será otra pieza del tablero de la guerra por el agua.
