ELCHE. El Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana) de San Antón empieza a tomar una relativa velocidad de crucero. Al menos en parámetros urbanísticos. Después de años de gestiones que han ido avanzando lentamente, a día de hoy tan solo quedan cinco familias o propietarios por trasladarse a los nuevos pisos que se están construyendo. 2024 parece poder ser de forma definitiva el año del derribo de los primeros cuatro bloques antiguos. Paralelamente, Pimesa ha modificado el pliego de condiciones para ofrecer el derecho de compra a aquellos inquilinos que están en alquiler (social) en los nuevos pisos.
Así pues, actualmente tan solo quedan media decena de propietarios de los viejos pisos por realojar en las nuevas viviendas. Dos aún no se han manifestado ni mostrado la voluntad por ahora de entrar a alguna de las torres nuevas, y otros tres sí que podrían entrar, aunque la empresa municipal Pimesa, promotora del proyecto, está estudiando cada caso porque cada uno tiene sus características distintas al ser casos vulnerables. Se están estudiando con Bienestar Social para encontrar el encaje, uno de los aspectos que en general ha venido estirando el procedimiento para los últimos realojos.
Esas personas podrían entrar a residir en los nuevos pisos que el Ayuntamiento se ha quedado para el alquiler social. Concretamente quedan sobre una decena de pisos municipales. De los 31 que habilitó la administración local para este fin por el perfil vulnerable de algunos de los vecinos, casi una veintena ya se han ocupado. Cada uno pagando según su situación. Mientras tanto, algunas escaleras ya se han tapiado porque están vacías, se va a vallar el entorno y avisando de que los edificios están en estado ruinoso, para evitar posibles ocupaciones.
Ahora bien, con la modificación del pliego, se introduce una cláusula que regula el derecho de compra de los arrendatarios con alquiler social y que venían de los bloques del 11 al 14, los que se derruirán. Según la portavoz de la Junta de Gobierno, Inma Mora, "se trata de una reivindicación de los vecinos que nosotros queremos cumplir". Se trata de evitar que a pesar de sus circunstancias económicas actuales pierdan el derecho a compra para el cual precisamente se construyeron los nuevos edificios, con la perspectiva de que en el futuro mejoren su poder adquisitivo. Será una suerte de alquiler con opción a compra, aunque no tendrán que pagar ningún extra para obtener ese derecho, ni habrá penalización por no ejecutar dicha opción. Asimismo, se les descontará lo que hayan abonado del alquiler de cara a la adquisición. Eso sí, el precio será el mismo que para el resto; proporcional según los metros de la vivienda.
Por último, Pimesa ya ha formalizado recientemente varias escrituras con nuevos propietarios y formalizado contratos de compra-venta con los arrendatarios vulnerables. En estos casos se ha adelantado el dinero de la expropiación (también del suelo de los viejos pisos) porque el procedimiento es más largo y en algunos casos se habían pedido adelantos al Ayuntamiento por parte de los vecinos para poder proceder con el amueblado de las nuevas viviendas arrendadas.
