La Fiscalía no ve delito penal en la contabilidad del PP de la Diputación de Alicante y archiva la denuncia 

ALICANTE.  La Fiscalía Provincial de Alicante ha archivado la denuncia que en su día presentó el grupo Compromís por supuestas irregularidades en la contabilidad del grupo del PP de la Diputación, entre los años 2015 y 2018, con César Sánchez de presidente. La coalición valencianista había sostenido que parte de la asignación que recibió el grupo durante ese periodo fue a parar a las arcas del partido sin estar debidamente justificado y consideró que se podría haber cometido una supuesta falsedad en documento público. El fiscal acredita que sí se produjeron esas transferencias, pero "sin que existan indicios de que las cantidades hayan sido aplicadas a fines ilegítimos o no públicos".

En su día, Compromís presentó dos denuncias en la Fiscalía, una por las anomalías de la contabilidad entre 2007 y 2015, que correspondería a las etapas de José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor en la presidencia; la segunda, por las irregularidades en la contabilidad entre 2015 y 2018. En la primera por la supuesta desaparición de los fondos de las cuentas del grupo popular de esta etapa por valor de 65.000 euros en el mandato entre 20017 y 2011; la segunda, por la transferencia de dinero del grupo al partido sin la pertinente justificación por valor de 465.000 euros

Tras varios meses de diligencias y testimonios de varios funcionarios de la Diputación, el fiscal ha archivado la segunda de las denuncias, la correspondiente al periodo 2015-2018, al considerar que no hay indicio penal. El fiscal recuerda que existe una denuncia abierta por el Tribunal de Cuentas, que está pendiente de dictar resolución. Por ello, recuerda el fiscal que si éste órgano apreciase irregularidades que van más allá de lo meramente administrativo o jurídico-contables, "no cabe duda de que lo comunicaría a los tribunales o a la propia fiscalía". Pese a ello, el fiscal sostiene que no hay indicios de un posible delito de falsedad documental, como había denunciado Compromís. Tampoco hay indicios de malversación de caudales públicos, malversación o financiación ilegal de partidos, como también había planteado Compromís en la ampliación de la denuncia. Tampoco hay responsabilidades contra otros cargos de la Diputación, sostiene la Fiscalía, sin perjuicio o salvedades que los órganos competentes procedan realizar en materia de reintegro de cantidades o en materia de responsabilidad de materia contable.

Y es que se da la circunstancia de que tras la denuncia de Compromís, la propia Diputación de Alicante encargó una auditoría y sí vio anomalías en determinadas partidas, como el pago de comidas y desplazamientos, por lo que el PP tuvo que devolver 46.000 euros y el PSPV, 14.489 euros, respectivamente.  Posteriormente, la coalición nacionalista amplió la denuncia en Fiscalía en base a esta auditoría. 

La decisión de la Fiscalía supone un jarro de agua fría en la estrategia de oposición de Compromís en la institución provincial. Aunque queda abierta una de las denuncias, y que ha logrado que se reintegre una parte del dinero, en el seno de la coalición estaban convencidos de que podrían judicializar el caso y que el fiscal acabaría presentando una denuncia contra algunos de los cargos del PP que estuvieron en el pasado mandato, y que continúan en este. No hay que olvidar que varios altos funcionarios de la diputación han prestado declaración por este caso. 

La gran baza de Compromís era la posible falsedad documental, basada en un documento que presentaba tipografía y diseño diferente entre sus hojas para el certificado del traspaso de los fondos del grupo político del PP de la Diputación a las arcas del partido en Génova. Pero la Fiscalía no ve indicios de delito penal; en todo caso, lo deja en manos del Tribunal de Cuentas, que donde ya existe una investigación abierta. En caso de que esa investigación detectara anomalías contables, la Fiscalía considera que debería ser denunciada.

Ahora, la confianza de la coalición está puesta en la primera denuncia, que analiza la existencia de dos movimientos en la cuenta del grupo del PP por valor de 65.000 euros que tuvieron lugar el 13 de julio de 2011, último día de Ripoll como presidente de la Diputación de Alicante. Si la denuncia archivada afectaba a la etapa y al equipo de César Sánchez, ésta segunda, de no archivarse, impactaría en el ex presidente Ripoll y en el grupo de diputados que formaban parte de su grupo político en ese mandato. 

Sea como fuere, aunque Compromís ha acatado la resolución de la Fiscalía y ha sacado pecho por haber logrado el reintegro de una parte de los fondos indebidamente justificados -como el pago de comidas y viajes de los diputados- del grupo del PP, los valencianistas tenían depositada parte de s estrategia de oposición en este asunto, que ahora queda parcialmente archivado.