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presenta un contencioso por vulneración de derechos fundamentales, según el pspv-psoe

La inspectora de la limpieza de colegios relegada por el bipartito recurre su traslado en el juzgado

2/01/2020 - 

ALICANTE. La inspectora encargada del contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales que ha sido apartada de sus funciones después de denunciar incumplimientos en el servicio, ha interpuesto un contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Alicante, según han informado este jueves fuentes el PSPV-PSOE a través de un comunicado. El portavoz municipal socialista, Paco Sanguino, ha calificado el contencioso de "gravísimo" y ha afirmado que se confirma la  "caza de brujas" llevada a cabo por el equipo de Gobierno (PP y Cs) que preside el popular Luis Barcala "contra esta funcionaria,", como ya denunció el grupo municipal socialista con anterioridad.

El recurso interpuesto por la trabajadora, según las mismas fuentes, denuncia que existe una situación de acoso laboral persistente contra ella y en el cuerpo del escrito la inspectora hace referencia a hechos tan graves como que la concesionaria afirma que no va a cumplir el contrato ni a facilitar a la denunciante la documentación para fiscalizar el contrato, que se prohíbe a los trabajadores hablar con la denunciante bajo amenaza de despido y que desde el Servicio Municipal de Infraestructuras se le da instrucciones para relajar su fiscalización y flexibilizar la inspección.

Ademas, "la funcionaria relata que compañeros de la denunciante la insultan y ella lo atribuye a que tienen familiares directos trabajando en la UTE adjudicataria del servicio (Limpal)". También acusa a la segunda responsable del contrato de aconsejarle de que "reme en la misma dirección" que el resto de sus compañeros y que al no seguir la directriz la han ninguneado, según el mismo comunicado.

La edil socialista Llanos Cano ha manifestado que ya en un escrito de marzo del 2019 por parte de la Concejalía de Infraestructuras se hacía constar que se recomendaba el relevo de la inspectora para "conseguir un mejor servicio para los usuarios del mismo, un mas eficaz control a la empresa contratista". "Lo que desconocíamos hasta la fecha es que según la denuncia el concejal José Ramón González le dice el 7 de octubre de 2019 que está valorando su traslado para que no coja una depresión".

La concejala del PSOE ha afirmado que "lo que estamos sacando a la luz pública es un verdadero escándalo y exige la convocatoria urgente de la comisión de investigación y la comparecencia urgente del concejal responsable. La verdad de todo este asunto es que se han querido quitar de en medio a la inspectora que denuncia irregularidades alegando en marzo una presunta mejora de la relación con el RC, en octubre que no caiga enferma y en diciembre que hay una vacante que se ha de sustituir por ella. No se puede permitir represalias de este tipo por parte del equipo de gobierno por denunciar las supuestas irregularidades del contratista".

"Los hechos denunciados en este contencioso son muy graves y parece obvio que la incapacidad del señor Barcala la pagan los funcionarios. En lugar de buscar soluciones y ocuparse de los problemas han 'cortado la cabeza' de quienes han osado levantar la mano para denunciar que se incumple el contrato de limpieza de colegios, presionando hasta límites inaceptables a esta inspectora", ha indicado Sanguino.

Por su parte, portavoces del equipo de Gobierno han reaccionado frente a la difusión del registro de dicho recurso para expresar el respeto a la decisión de la trabajadora de acudir a la justicia, aunque han incidido en que el acuerdo sobre su relevo se produjo "pensando en la defensa de los intereses municipales y el mejor funcionamiento del servicio".

Respecto a las valoraciones ofrecidas por el líder del PSPV-PSOE, las mismas fuentes del equipo de Gobierno han señalado que los socialistas "no son los más indicados para tratar de dar ejemplo, si se tiene en cuenta los precedentes de su etapa de gestión que están a punto de ser juzgados", en alusión al despido de una trabajadora interina, familiar de Barcala, acordado por el exalcalde socialista, Gabriel Echávarri.

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