ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante fijan posiciones respecto a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) pactada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con Vox y presentan sus respectivas enmiendas para tratar de modular una regulación funcional, que cumpla con el objetivo de reducción de la contaminación que debe inspirar su implantación, según el mandato legal emanado de la Unión Europea.
De ahí que la medida principal planteada entre el conjunto de sus aportaciones aspire a conseguir la ampliación del anillo sujeto a restricciones para que no solo abarque el perímetro del Casco Antiguo. PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem (que presenta una única enmienda a la totalidad con ese único precepto) reivindican que ese régimen de movilidad limitada a residentes -vigente en ese barrio desde el año 2011-, no solo se consolide en ese ámbito, como plantea la propuesta de PP y Vox.
Los tres partidos opositores coinciden en plantear que el circuito se amplíe para abrazar al conjunto del Centro Tradicional, como el propio equipo de gobierno había planteado inicialmente, de forma que se extiendan "los controles de acceso y restricciones" para constituir un único anillo junto al del Casco Antiguo "con una única zona regulada en el régimen sancionador", según detalla, de forma específica, una de las enmiendas registradas por el PSOE. Con ello, se pretende que la ZBE pueda tener "un impacto real en la mejora de la salud y la calidad del aire de nuestra ciudad".
Al tiempo, PSOE y Compromís también coinciden en plantear un calendario de implantación concreto -que, a su juicio, no queda suficientemente definido en el texto actual de la ordenanza- para que sea de aplicación a partir de 2025, así como la necesidad de que el funcionamiento de la ZBE se revise a los tres años de su entrada en vigor para evaluar los resultados alcanzados, "como exige el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones", según detalla el PSOE.
Compromís sugiere, además, que esa evaluación se aborde desde la constitución de un Observatorio de Calidad del Aire que debería ponerse en funcionamiento "a los seis meses de aprobación de la ordenanza". Eso sí, en su caso, plantea una implantación gradual de ese nuevo régimen, de modo que no se apliquen sanciones -más allá de las ya establecidas para el Casco Antiguo- hasta el año 2028. De este modo, la coalición valencianista aboga por establecer una progresión que arrancaría en 2025 con la aplicación del nuevo régimen de acceso restringido que permita recopilar datos sobre el efecto conseguido con esa limitación, acompañado de una labor informativa y de concienciación, sin que se apliquen sanciones hasta tres años después.
Para el PSOE, ese nuevo régimen de acceso restringido en el Centro debe acompañarse de otra actuación complementaria básica: la elaboración de un informe de impacto económico que acompañe a la ordenanza "para evitar introducir restricciones injustificadas o desproporcionadas", según se añade en otra de sus enmiendas. "Se trata de un requisito que ha causado la nulidad [parcial] de ordenanzas de otras ciudades, como por ejemplo Madrid", según incide el grupo socialista.
Al tiempo, entre las 14 enmiendas registradas por el PSOE, se incluye el fomento del uso de "aparcamientos fuera de la vía pública (dentro de inmuebles o subterráneos) como centro de servicios a la movilidad y plataformas de distribución de mercancías, pudiendo dotarse de infraestructura de recarga eléctrica de vehículos", según apunta otra de sus aportaciones.
Además, los socialistas también exigen "transparencia en la publicación de datos de los sensores municipales situados en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, así como la garantía de acceso a información permanentemente actualizada"; "la exigencia de identificación de los vehículos sin que sea necesario captar la imagen de los ocupantes" y la "obligatoriedad de la atención presencial a la ciudadanía, además de la telefónica y telemática".
Con esas incorporaciones se lograría corregir el "fraude" que, a juicio del PSOE, supone la ZBE planteada por el PP, bajo la dirección de Luis Barcala. "El alcalde intenta vestir de ordenanza un manifiesto vacío en el que elude toda su responsabilidad de gobierno para dejar todo el peso en la corresponsabilidad ciudadana. No se han molestado siquiera en acompañar a la ordenanza de un informe de impacto económico, que es lo que ha dado lugar a la nulidad de Madrid Central. Es una Zona de Bajas Emisiones placebo porque no tiene efecto alguno y sólo se basa en la pura sugestión. Por no incluir, no incluye ni una fecha de entrada en vigor porque absolutamente nadie lo iba a notar", consideró este jueves el edil socialista Raúl Ruiz.
Por lo que respecta al resto de iniciativas sugeridas por Compromís, se plantea que el horario de carga y descarga en las calles incluidas en el anillo I formado por el Casco Antiguo y el Centro Tradicional se ajuste al establecido en la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos del Ayuntamiento de Alicante, "excepto domingos y festivos, donde no se podrá acceder ni realizar las labores de carga y descarga, salvo los vehículos de emergencia o municipales que deban realizar labores de mantenimiento y/o similares".
Además, también propone que, a los seis meses de la aprobación de la ordenanza, se active "una mesa técnica por la Movilidad Sostenible, con el objetivo de evaluar el cumplimiento del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS), implementarlo y generar nuevas medidas correctoras y compensatorias que transformarán la movilidad para hacerla sostenible", según precisa una de sus enmiendas.
Por último, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem registra una única enmienda a la totalidad "al considerar que el modelo a seguir en la regulación del acceso a la ZBE Anillo Centro Tradicional, debe ser el existente en el Casco Antiguo y nunca menos restrictivo". En esta línea, argumenta que la propuesta actual, "tal y como está redactada, no servirá para proteger la salud de la ciudadanía que es lo que pretende la legislación". De ahí que solicite "reelaborar la propuesta de ordenanza con las indicaciones del documento de 'Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones', de noviembre de 2021, y elaboradas por la Federación de Municipios y Provincias, y el MITERD".
Tras el registro de esas enmiendas (el plazo expiraba este jueves), los técnicos municipales deben evaluarlas y plantear una propuesta de resolución que será debatida en una próxima comisión informativa con el objetivo de que la ordenanza se pueda elevar a la consideración del pleno en una sesión extraordinaria prevista para el próximo 8 de octubre.
En principio, el equipo de gobierno no debería tener problemas para sacar adelante su propuesta normativa, toda vez que contaría con el respaldo de los cuatro ediles de Vox. Así que no resultaría necesario ceder a las pretensiones de los tres grupos del eje progresista, salvo que se considere que sus aportaciones pueden mejorar el texto original.
A partir de ahí, la previsible aprobación de la ordenanza con los 18 votos de PP y Vox quedará expuesta al público para la presentación de alegaciones por un plazo de 30 días, que también deberán ser analizadas y admitidas o rechazadas. Será entonces cuando se eleve de nuevo a aprobación definitiva para que se dé paso, en su caso, a su entrada en vigor. Con ello, se cumpliría el calendario de implantación antes de 31 de diciembre.
Todo ello salvo que el Ministerio de Transportes o el Ministerio para la Transición Ecológica consideren que la normativa propuesta no se ajusta a los objetivos de la ley y se pueda emplazar a su modificación, sin que hasta el momento exista ninguna certeza de la posible aplicación de minoraciones en la concesión de fondos para la realización de trabajos de regeneración urbanística asociadas a la ZBE.